Pese a la presión de la comunidad educativa y al menos dos fallos judiciales, el gobierno nacional sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Decidido a eludir la norma, que genera un mejor financiamiento para el sector y mejora la forma de calcular la paritaria de docentes y nodocentes, el oficialismo envió un proyecto al Congreso con una nueva regulación para la educación pública, que intentará aprobar en la primera mitad del año. Esta decisión generó el repudio de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que lanzaron un plan de lucha para el inicio del ciclo lectivo 2026. El mismo comenzará este lunes, cuando en las 60 casas de altos estudios se realicen paros y acciones para visibilizar la crisis de ingresos que golpea en todo el país, y que pone en peligro el normal dictado de clases.
Las medidas incluyen un paro por tiempo indeterminado en la UBA, y la declaración de la “emergencia en materia salarial” en esa universidad. El pedido es claro: cumplir la ley vigente y llamar a paritarias “de forma urgente”. Es que en estas condiciones, los gremios aseguran que “no hay garantía” de poder cumplir con los objetivos del cuatrimestre, en un contexto marcado por los bajos sueldos, la precarización y la fuga de profesionales e investigadores del sistema público.
La medida principal de esta semana de protestas de docentes y nodocentes universitarios será el paro de 24 horas de este lunes en las 60 casas de altos estudios. “El primer día de la semana de protesta vamos a hacer un paro total en todas las universidades públicas, convocados en conjunto con los otros sindicatos docentes y nodocentes”, sostuvo Daniel Ricci, titular de la Federación Docente de las Universidades Nacionales (FEDUN), que afirmó que la medida de fuerza “será contundente”.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente adelantó que durante el resto de la semana “vamos a realizar distintas actividades de visibilización del conflicto universitario, reclamando principalmente la urgente convocatoria a paritarias, en la cual de acuerdo a la Ley de Financiamiento Universitario debería llamarse para darnos un aumento del 52 por ciento para recuperar lo perdido en material de ingresos desde que asumió Javier Milei”. El gremio realizará desde 16 al 21 de marzo, una semana de protestas, para denunciar “la mayor pérdida salarial de la historia”. Además de pedir por las paritarias, Ricci reclamó “dar respuestas a los salarios, las becas, los proyectos de ciencia y desarrollo y fondos para sostener el funcionamiento y las actividades sustantivas de nuestras universidades”.
En tanto, en la UBA la semana pasada la Asociación Gremial Docente anunció un “paro por tiempo indeterminado”, por la situación salarial, el cual comenzará también este lunes. Un informe de la entidad estableció la pérdida salarial de las distintas categorías docentes, aplicando la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno niega. Así, un Ayudante de primera simple, con un salario neto con 10 años de antigüedad cobra 228.095 pesos. “Si se aplica la ley (+55,4 por ciento) cobraría 346.593 pesos”, lo que establece una pérdida acumulada desde noviembre del 2023 de 2.560.306 pesos.
La entidad es parte de la CONADU Histórica, que también se pliega a las protestas en todo el país. “Va a ser un paro muy importante en las universidades, porque prácticamente todo el sector docente se va a adherir”, sostuvo Francisca Staiti, titular de la entidad. Ante la consulta de Data Gremial, recordó que “las protestas van a durar una semana, y se harán en conjunto con los gremios de la CONADU, la otra federación”. Sobre el tiempo de duración de la medida, aclaró que en la UBA “no está votado el paro por tiempo indeterminado, es una posición que se quiere instalar, pero hasta ahora lo único que está aprobada es la semana de protestas”. En tanto, la CONADU Histórica retomará las medidas el 30 de marzo.
Nueva ley
Una de las cuestiones que aceleraron el conflicto universitario es el desconocimiento de la ley de financiamiento, pese incluso a dos fallos judiciales ordenaron cumplir. Incluso el gobierno mandó una nueva propuesta legislativa, para reemplazar la actual. Un informe reciente del Centro CIEN y el gremio FEDUBA sobre el financiamiento universitario analizó el impacto que tendría la reforma de la norma, y alertó por su impacto negativo en los ingresos.
A diferencia de la ley sancionada, recalcó el trabajo conjunto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso “no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, propone aumentos parciales del 4 por ciento en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento”. Esto resulta en “una profundización del ajuste a las universidades y particularmente al salario docente”.
Por el momento, al parecer, el gobierno nacional no avanzó demasiado en la discusión sobre la aprobación de este proyecto. “No hay ningún dato que vayan a poder avanzar con esta norma, no hay ni votos ni voluntad, ni en los bloques aliados”, le dijo a Data Gremial una fuentes legislativa, sobre el recorrido de la nueva ley. Según creen en el Congreso, la norma “cumple más que nada de dique a la norma ya aprobada, porque muchos legisladores no van a votar en contra de algo que aprobaron hace poco”.
Por su parte, Staiti coincidió con las fuentes consultadas que no hay “mayores novedades” sobre su avance. “Sabemos que está presentada en la cámara de Diputados, pero todavía no se confirmó la comisión de Educación, que debe comenzar a tratarla con otras”. En este sentido, desde CONADU Histórica están atentos “a que ingrese a esas comisiones y comience su recorrido parlamentario”. Si eso sucede, “se activarán nuevas medidas de fuerza que tendrán con ver con evitar que modifiquen la actual ley”. “Será difícil aprobar esta ley por la aceptación social de la anterior”, concluyó Staiti.
Otras medidas
Si bien este plan de lucha es generalizado y abarca a todo el espectro educativo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales no adoptó medidas en conjunto. Esto no significa que las iniciativas de protesta no sean similares, y este lunes todos sus integrantes serán parte del paro de actividades. En el caso de los nodocentes, el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) confirmó su participación en la jornada de lucha, para pedir entre otras cosas mejoras salariales y de financiamiento del sector. En ese marco, y ante la falta de respuestas del gobierno nacional al reclamo de convocatoria a paritarias y de recomposición salarial, la FATUN resolvió “ampliar el plan de lucha con la convocatoria a paros de 24 horas en distintas fechas”.
Las medidas de fuerza están diagramadas para los siguientes días: lunes 16 de marzo; martes 31 de marzo; miércoles 8 de abril; viernes 17 de abril; y jueves 23 de abril. En ese encuentro se evaluará la continuidad de las acciones gremiales “en defensa del salario y de los derechos laborales” del sector. Así lo resolvieron los representantes de 55 de las asociaciones adheridas, en la que se trató “la delicada situación social, económica y política de las trabajadoras y trabajadores nodocentes y el contexto de las universidades nacionales”.
En tanto, en la semana el Congreso de la CONADU resolvió “la profundización del plan de lucha con la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril”. Además, se facultó al plenario del gremio para realizar “una evaluación para definir la continuidad del plan acordado”. De forma unánime se acordó la realización de “una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical y la comunidad universitaria en general”. Además, se organizará una carpa “por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país”, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio.
Por último, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), declaró la “emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de la universidad, incluyendo a las y los profesionales de la salud y a las tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria”.
Además, se solicitó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía la “urgente actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la universidad, particularmente en relación con las partidas vinculadas con la función salud”. “El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, aprobada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación, tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras”, afirmó el organismo. En la resolución, se destaca que: “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.