Luego de varios meses consecutivos de aumento de la inflación, en febrero la tasa del IPC se mantuvo empatado respecto a enero: 2,9 por ciento. Si bien en el gobierno decidieron mantener silencio respecto a esta tendencia alcista, en algunos despachos deslizaron que este pequeño freno puede mantenerse en marzo, y así cumplir la expectativa de acercarse a una cifra que comience en cero a partir de agosto. Aunque todos los pronósticos lo ven muy complicado, en el oficialismo mantiene la expectativa. Por eso sorprendió que a la par que se mantenía esta meta, otras versiones salidas del entorno de la Casa Rosada hablaba de un nuevo techo salarial. Según publicaron varios medios, la idea del ministro Luis “Toto” Caputo es mantener la estrategia de no homologar convenios por fuera de este límite, que para este año se corrió: será del 2 por ciento mensual.
La idea parece ser que los ingresos sean el “ancla inflacionaria”, como se uso el año pasado, aunque los gremios alertan que como pasó en 2025 siempre hay “atajos” para salirse de esta fórmula. Los datos muestran que los trabajadores privados pudieron escapar al techo, no así los empelados públicos, que tiene un retraso salarial muy marcado, según estableció la última medición de ATE-INDEC. Cuáles paritarias se abrirán en breve, para poner en tensión la estrategia libertaria.
Las versiones periodísticas establecen que el gobierno nacional decidió mover su techo salarial, que este año estará en torno del 2 por ciento por mes. En este sentido, los voceros oficiales confirmaron que la secretaría de Trabajo no homologará negociaciones que impliquen subas salariales superiores a ese límite. Esto se intentó realizar en todo el año pasado, con las paritarias estatales de punta.
Por eso, los trabajadores del estado nacional estuvieron siempre por debajo de la inflación, acumulando una importante pérdida de ingresos. Lo mismo le pasó a otros sectores de empleados públicos, como las universidades, donde docentes y nodocentes enfrentan la “peor pérdida salarial de la historia”. Incluso hay algunos casos emblemáticos, como sucede en la Dirección de Vialidad Nacional, donde hace 16 meses rige un congelamiento salarial respecto de los salarios, que pese a una orden judicial no consiguen salir de esa situación. En el sector privado, muchos convenios tuvieron problemas para oficializarse, como pasó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que quedó al borde del paro cuando muchas empresas no pagaron los aumentos conseguidos justamente por la no homologación.
Para la dirigencia gremial, el nuevo techo salarial es un desafío. Porque por un lado deben negociar “con la cancha inclinada”, sabiendo que la realidad económica es muy distinta a la que plantea este límite. En este sentido, fuentes consultadas por Data Gremial pusieron un paño frío a la cuestión. “Primero hay que decir que no es un tema oficial, o que fuera formalizado. Es algo que se desliza a los medios, pero sin mayor confirmación”, sostuvo un referente económico de un gremio de peso nacional. En este sentido, se recordó que “durante el año se lograron sortear varias veces los techos impuestos por el gobierno, ya sea a partir de sumas no remunerativas, aumentos fraccionados u otras herramientas”.
Estas alternativas, “no son ideales”, pero ayudan a sortear cualquier límite como el que quiere imponer el gobierno. Más allá de este entusiasmo parcial, lo que entienden los gremios es que la idea es que los salarios “sean el ancla inflacionaria otra vez”, lo que potencia la idea de pérdida de ingresos. La importancia de conseguir este techo apunta no sólo a lo que pasa en el sector formal, sino además a que esto derrame en los ingresos informales y autónomos, siempre atados de alguna manera a lo que pasa en el sector registrado.
Algunos ejemplos
En la previa a estas versiones, muchos gremios comenzaron a negociar sus paritarias con esa cifra en el horizonte, y ya se notaron las tensiones que generará en el trascurso del año. El gremio Camioneros que conduce Hugo Moyano se amoldó a la exigencia de la Casa Rosada, por ejemplo, y acordó con las cámaras empresarias el siguiente esquema de subas salariales: 2 por ciento en marzo; 1,8 por ciento en abril; 1,7 por ciento en mayo; 1,6 por ciento en junio; 1,5 por ciento en julio; y 1,5 por ciento en agosto. El acuerdo paritario que firmó el viernes Moyano fue elevado ese mismo día para su homologación a la Secretaría de Trabajo. Aún ese trámite no finalizó.
Otro gremio clave que acaba de cerrar su paritaria es Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que comanda Andrés Rodríguez. A Gastronómicos, el gremio que lidera Luis Barrionuevo, no le homologaron en la Secretaría de Trabajo un acuerdo para la rama de los trabajadores de comedores de establecimientos fabriles, empresas, hospitales y otras dependencias.
En medio de la reconfiguración de la discusión salarial, la reforma laboral transformada en ley se vuelve una cuestión central, ya que varios artículos limitan el accionar gremial, lo que deja en situación de desventaja ante las exigencias patronales y del propio gobierno. El caso emblemático de esta imposición se dio en San Juan, donde el gobierno provincial impuso la declaración de esencialidad para levantar un paro de 48 años llamado por los docentes la semana pasada. En las últimas horas, los representantes legales de los tres sindicatos del sector presentaron una impugnación formal contra la reciente medida de la Subsecretaría de Trabajo que limita “el ejercicio del derecho a huelga en el sector educativo”.
En el recurso jerárquico interpuesto, al que tuvo acceso Data Gremial, los letrados sindicales sostienen que la resolución oficial “carece de fundamentos sólidos y presenta vicios de procedimiento”. “La resolución es arbitraria y carece de fundamentos suficientes. No se han valorado correctamente los elementos del caso ni se ha respetado el debido proceso”, explica el escrito presentado ante las autoridades laborales.
Ingresos públicos
En tanto, en materia de salarios estatales, el retraso es mucho más marcado. En su último informe, la Junta Interna de ATE en el INDEC difundió sus datos de febrero de ingresos y canasta básica, que realizan mensualmente para que los gremios utilicen como una medición respecto de las discusiones paritarias. En este caso, los datos confirman que “el salario del caso testigo del Estado nacional perdió un 31 por ciento de su poder de compra, consolidando un fuerte deterioro de los ingresos reales”.
Según el relevamiento, al que tuvo acceso Data Gremial, un trabajador necesitó “2.274.094 de pesos para cubrir las necesidades mínimas de un hogar compuesto por una pareja con dos hijos en edad escolar”. Sin embargo, aclararon, “si se actualiza el valor estimado para febrero de 2022 por el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso necesario debería ubicarse en 2.393.000 pesos, evidenciando la magnitud de la pérdida de poder adquisitivo acumulada”.
Este valor se compone de 789.979 pesos para alimentos y 1.484.116 de pesos para otros bienes y servicios básicos, “en un contexto de fuertes aumentos en tarifas, transporte, salud, expensas y servicios esenciales que continúan presionando sobre el presupuesto de los hogares”. Al mismo tiempo, el informe señala que, “desde la asunción del actual gobierno, la inflación acumulada alcanza el 280,5 por ciento”, lo que establece la pérdida salarial de los ingresos públicos nacionales. Desde la Junta Interna señalaron que “ningún trabajador debería percibir un salario por debajo de este umbral mínimo” y reclamaron la reapertura urgente de paritarias, un aumento de emergencia y el pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados.
En este marco, el gremio rechazó la pauta salarial impulsada por el gobierno nacional, al considerar que “profundiza la pérdida del poder adquisitivo y consolida una política de ajuste sobre los ingresos de las y los trabajadores estatales”. Asimismo, se advierte que la situación de “los trabajadores monotributistas es aún más crítica: con ingresos promedio de 776.639 pesos, acumulan pérdidas equivalentes a casi ocho meses de honorarios en los últimos 96 meses”.