Una trabajadora de la Dirección Nacional de Vialidad y delegada gremial adelantó que denunciará penalmente al administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy, por persecución sindical, hostigamiento laboral y revictimización institucional.
Se trata de Daiana Merino quien apuntará su acusación contra las actuaciones administrativas y disciplinarias impulsadas dentro del organismo, las cuales culminaron con la cesantía de la trabajadora estatal, la cual también era representante de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
Merino se desempeñaba desde hace más de diez años dentro de Vialidad Nacional, desarrollando tareas técnicas vinculadas a Seguridad, Higiene y Medio Ambiente dentro de un órgano técnico especializado.
Incluso, en distintas actuaciones administrativas, desde el propio sector técnico se solicitó formalmente la asignación de funciones y recursos para la Unidad de Medio Ambiente, destacando la continuidad de las tareas realizadas por el personal especializado del área, entre ellas Merino.
Además de sus tareas técnicas, ejercía funciones gremiales como delegada sindical y representante de CyMAT, situación que había sido comunicada formalmente al organismo.
El origen
Todo comenzó en enero de 2026, cuando la trabajadora se postuló a una búsqueda interna abierta para el cargo de Analista de Procesos dentro de la Subgerencia de Control de Gestión de Vialidad Nacional.
Según consta en correos electrónicos incorporados por ella, desde Recursos Humanos se le informó telefónicamente que no podría continuar como postulante debido a la existencia de un expediente disciplinario en trámite.
En sus respuestas formales, Merino manifestó que cumplía con los requisitos del puesto y expresó su preocupación por haber quedado excluida incluso de una entrevista laboral interna, pese a que el sumario administrativo aún no contaba con resolución firme.
En uno de los mails, se defendió al recalcar que cumplía “con los requisitos solicitados para el puesto y cuento con experiencia y trayectoria vinculadas directamente con las tareas a desempeñar”.
También señaló que el expediente disciplinario se encontraba únicamente en instancia de descargo y que su apertura “no implica sanción ni reconocimiento de responsabilidad”.
Para sectores cercanos al caso, esta situación reforzó la percepción de un progresivo desplazamiento laboral y sindical dentro del organismo.
La denuncia
El señalamiento a Campoy tiene su origen en que fue el propio funcionario el que tomó las decisiones adoptadas dentro del procedimiento disciplinario impulsado contra la trabajadora, determinaciones que fueron entendidas como “actos de persecución y hostigamiento sindical”
En esa presentación además se advierte que las autoridades tenían pleno conocimiento de que la trabajadora atravesaba una situación de violencia de género y extrema vulnerabilidad personal mientras avanzaban las medidas administrativas.
La denuncia también menciona posibles situaciones de “violencia institucional y revictimización” derivadas de las actuaciones impulsadas dentro del organismo.
El conflicto comenzó con imputaciones por presuntos incumplimientos horarios correspondientes a distintos períodos de 2025 y 2026. Pero la empleada rechazó las acusaciones mediante descargos administrativos, negando haber incurrido en faltas injustificadas y sosteniendo que muchas de las situaciones observadas correspondían al ejercicio de tareas gremiales, actividades sindicales y funciones vinculadas a CyMAT.
Es más, dentro de las actuaciones administrativas constan tareas realizadas en comisión de servicio junto a otros trabajadores técnicos. Sin embargo, el procedimiento avanzó primero hacia una suspensión de 30 días y posteriormente hacia una cesantía. La resolución administrativa lleva la firma de Campoy como máxima autoridad del organismo.
Sin red de contención en casos de violencia de género
Asimismo, el punto más sensible del caso es que el avance del procedimiento disciplinario coincidió con una situación de violencia de género atravesada por la trabajadora.
Precisamente, en abril de 2026, Merino informó formalmente vía correo institucional a Medicina Laboral sobre su situación personal, el impacto de las licencias médicas y las intervenciones vinculadas a violencia de género.
En ese contexto, fuentes cercanas al caso señalan además que dentro de Vialidad Nacional se habría desarticulado el protocolo específico de intervención en violencia de género, siendo reemplazado por la aplicación del “Protocolo Simplificado de Sanciones”, situación que generó cuestionamientos internos respecto del abordaje institucional de casos sensibles.
En dichos intercambios también intervino la Dirección General de Protección contra la Violencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo externo quien asumió funciones de acompañamiento y contención frente a la situación atravesada por la trabajadora. La documentación incorporada al expediente da cuenta además de licencias por largo tratamiento y seguimiento profesional.
“Mientras atravesaba una situación extremadamente delicada en mi vida personal y emocional, desde mi lugar de trabajo avanzaban disciplinariamente contra mí”, expresó Merino.
Otro de los puntos centrales del conflicto gira en torno al reconocimiento de la tutela sindical de la trabajadora. Mientras distintos documentos internos reconocen mandato gremial y tutela sindical vigente hasta octubre de 2027, el administrador general sostuvo que el organismo no reconoce dicha tutela.
A pesar de ello, se registraron notificaciones formales sobre funciones gremiales y designaciones vinculadas a CyMAT dentro de Vialidad Nacional.
En ese contexto, el caso comenzó a generar un fuerte impacto entre trabajadores y sectores gremiales, especialmente por el momento en que avanzó la cesantía: en vísperas del 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Según compañeros de Merino, el avance de la medida produjo un fuerte malestar y un clima de preocupación dentro de distintos sectores. También, indicaron que muchos comenzaron a murmurar que la situación “dio la sensación de transformarse en un trofeo de caza contra los trabajadores”, particularmente por tratarse de una delegada gremial, con funciones técnicas dentro de un área especializada, y que además atravesaba una situación de violencia de género.
La actuación resultó percibida como un mensaje disciplinador hacia el personal y hacia quienes mantienen participación sindical dentro del organismo.
“Lo que más golpeó fue el contexto y el momento en que ocurrió. Mucha gente sintió que no era solamente una sanción administrativa”, expresó un allegado de la ex delegada.
La situación podría escalar ahora hacia instancias penales, administrativas y judiciales, con foco en las responsabilidades funcionales de las máximas autoridades del organismo.