El aumento de las tarifas de los servicios esenciales se convirtió en uno de los principales factores que deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la incidencia de los servicios públicos sobre los salarios se duplicó desde 2023, mientras que un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, muestra la magnitud del incremento acumulado.
De acuerdo con el relevamiento del IIEP, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $295.826 durante julio de 2026, lo que representó un aumento del 4,6% respecto de junio y una suba del 53% en términos interanuales.
El incremento de los servicios quedó así por encima de la inflación acumulada durante el mismo período, que rondó el 34%. La diferencia alcanza los 19 puntos porcentuales.
Transporte, luz y gas concentran el gasto
El transporte fue el componente de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos. En julio, un hogar del AMBA destinó aproximadamente $121.023 al transporte, equivalente al 41% del costo total.
Le siguieron la electricidad, con $68.210, el gas natural, con $64.862, y el agua potable, con $41.724.
El transporte no solo fue el principal componente de la canasta, sino que también tuvo una incidencia significativa sobre su aumento interanual. Según el relevamiento, explicó 27 de los 53 puntos porcentuales de la suba registrada durante el último año.
En julio, las tarifas de las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que las líneas interjurisdiccionales tuvieron un incremento del 3,2%. En conjunto, el gasto en transporte de los hogares subió 3,7%.
La electricidad aumentó 12,5% en julio
El componente energético también tuvo un fuerte impacto durante el invierno.
La electricidad registró en julio un aumento del 12,5%, producto de ajustes tarifarios y del incremento estacional del consumo. El gas, por su parte, tuvo una suba final del 5,2% en las facturas.
En este último caso, el incremento estuvo asociado a una suba del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el componente variable, a lo que se sumó el mayor consumo generado por las bajas temperaturas.
El agua fue la excepción dentro de la canasta. Su costo se redujo 4,6% durante julio, como consecuencia principalmente de una disminución del 7,7% en el componente variable.
Desde diciembre de 2023, las tarifas aumentaron 966%
La evolución acumulada desde el inicio del actual Gobierno muestra una diferencia todavía más marcada entre las tarifas y el resto de los precios.
Según el IAG, la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un incremento del 966% desde diciembre de 2023, mientras que la inflación general aumentó 241% durante el mismo período.
El gas encabeza los incrementos, con una suba acumulada del 2.185%.
En el caso de la electricidad, el aumento desde diciembre de 2023 alcanza al 1.065% para los usuarios que reciben subsidios, mientras que para quienes no cuentan con subsidios el incremento llegó al 509,5%.
Los aumentos superaron ampliamente la evolución general de los precios, que acumuló un 320% según la comparación utilizada por el IAG para ese período.
El instituto atribuyó parte de estos incrementos a dos grandes oleadas de ajustes: una durante el comienzo de 2024 y otra a lo largo de 2026, vinculadas con modificaciones en el sistema de segmentación de subsidios.
Menos subsidios y mayor peso sobre los hogares
Los cambios en el esquema de subsidios también tuvieron un impacto directo sobre las facturas.
Entre las modificaciones implementadas recientemente se encuentra la reducción del tope de consumo eléctrico subsidiado a 300 kWh mensuales. También disminuyó el descuento correspondiente a la tarifa social, que pasó del 65% al 50% para los hogares considerados vulnerables.
A su vez, se redujo la cobertura para los sectores medios mediante la modificación del límite de acceso a los subsidios, que pasó de 3,5 a 3 Canastas Básicas Totales.
El resultado es un incremento progresivo de la proporción de los ingresos familiares que debe destinarse al pago de servicios esenciales.
Las tarifas ya absorben más del 12% del salario
El impacto sobre los trabajadores queda reflejado en la comparación entre el costo de los servicios y los ingresos.
Según el Instituto Argentina Grande, los servicios esenciales representan más del 12% del salario, mientras que en 2023 la incidencia se encontraba por debajo del 5%.
El IIEP, por su parte, estimó que la canasta de servicios públicos representó en julio aproximadamente el 15% de un salario promedio registrado, calculado en $1.924.456.
La pérdida de poder adquisitivo también puede observarse en la cantidad de canastas que un salario promedio permite cubrir. En julio de 2026, un ingreso promedio alcanzó para comprar unas 6,5 canastas de servicios públicos, frente a las 7,8 que podía cubrir un año atrás.
Esto significa que, aun cuando los salarios puedan haber registrado aumentos nominales, una proporción cada vez mayor de los ingresos debe destinarse a cubrir gastos que resultan indispensables para los hogares.
Menor ingreso disponible para los trabajadores
El impacto de las tarifas no termina en el porcentaje del salario destinado directamente a los servicios.
Según los datos citados en el informe, un trabajador privado registrado tuvo en abril de 2026 una pérdida del 4,3% de su capacidad de compra respecto del promedio de 2023.
Pero cuando se incorpora el gasto necesario para pagar los servicios públicos, la caída del ingreso disponible se profundiza y llega al 9,7%.
La diferencia muestra cómo el aumento de las tarifas puede erosionar el poder adquisitivo incluso cuando la evolución de los salarios se analiza en términos nominales o frente a la inflación general.
Para los trabajadores, el problema no pasa solamente por cuánto aumentaron los precios de los bienes y servicios, sino por cuánto dinero queda efectivamente disponible después de afrontar los gastos esenciales.
La evolución de las tarifas desde diciembre de 2023 muestra, de esta manera, un fuerte cambio en la estructura del presupuesto familiar: los servicios públicos pasaron a ocupar una proporción mucho mayor de los ingresos, reduciendo el margen disponible para alimentos, salud, educación, recreación y otros gastos cotidianos.