De acuerdo con estimaciones del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el salario mínimo de Argentina es actualmente el más bajo de toda la región. En un contexto de ajuste fiscal y políticas de contención salarial impulsadas por el Gobierno de Javier Milei como “ancla” para la desaceleración de la inflación, el ingreso básico cayó a niveles inéditos.
Mientras Costa Rica encabeza el ranking regional con un salario mínimo equivalente a 729 dólares, seguida por Uruguay (593), Chile (567) y Ecuador (470), la Argentina aparece en el extremo inferior con apenas 225 dólares. Incluso países con economías considerablemente más pequeñas, como Paraguay (411) o Bolivia (395), exhiben niveles muy superiores.
El retroceso argentino no sólo refleja la política de ingresos del actual gobierno, sino también una erosión acelerada del poder adquisitivo que arrastra más de dos años de inflación sostenida y desactualización del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).
Un salario mínimo por debajo del 2001: caída del 2% en septiembre y tendencia negativa
La pérdida del SMVM quedó plasmada en los datos difundidos por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que mostraron una caída del 2% en septiembre, sumando su tercer descenso mensual consecutivo tras los retrocesos de julio (-0,5%) y agosto.
El deterioro comenzó a acelerarse en diciembre de 2023, cuando el valor real del salario mínimo cayó 15%, impulsado por la devaluación y la disparada de precios. En enero de 2024, el golpe fue incluso mayor: una baja del 17%, la más profunda desde 2002.
Pese a algunos meses con mejoras nominales, estos aumentos no lograron compensar la inflación. Como resultado, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales, mientras que en lo que va del 2025 acumula un retroceso del 5,6%.
El dato más significativo es que el salario mínimo ya se encuentra por debajo del nivel real que tenía en 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y muestra una caída del 63% respecto del máximo histórico de la serie, alcanzado en septiembre de 2011.
Un mercado de trabajo presionado: salarios formales también pierden frente a la inflación
La caída del salario mínimo se enmarca en un deterioro más amplio del ingreso laboral. Los trabajadores registrados, tanto del sector privado como del estatal, también evidencian fuertes rezagos frente a la inflación.
Según el INDEC, en septiembre:
- El salario del sector privado registrado aumentó 1,4%.
- El sector público, 1,1%.
- La inflación mensual fue 2,1%.
- El índice salarial general subió 2,2%, explicado fundamentalmente por un salto del 5,7% entre los trabajadores no registrados, sector históricamente más volátil.
En la comparación con diciembre de 2024, el índice de salarios acumula una suba del 30,4%. Sin embargo, al observar la variación interanual, las cifras evidencian la pérdida de poder adquisitivo:
- Total general: 46%
- Privado registrado: 32,9%
- Público: 35%
- No registrado: 120,2%
Durante 2025, hasta septiembre, los salarios avanzaron:
- Total: 30,4%
- Privado registrado: 20,4%
- Público: 23,9%
- No registrado: 77%
En el sector público, las diferencias internas también son notorias:
- En septiembre, el subsector nacional aumentó sus salarios un 1,3%, y el provincial, un 1,1%.
- En la comparación interanual, las subas fueron del 21,8% y 39,6%, respectivamente.
- Desde diciembre del año previo, los incrementos acumulados alcanzan el 16% (nacional) y 27,1% (provincial).
Un salario que ya no cumple su función básica
El SMVM fue creado como una herramienta para garantizar un piso de ingresos que cubra necesidades esenciales y sirva como referencia para sectores de actividad con menores niveles de negociación colectiva. Sin embargo, el deterioro acumulado hace que hoy no alcance para cubrir siquiera una fracción de la canasta básica total, lo que vuelve a poner en debate su actualización y su rol dentro del modelo económico actual.
La combinación de atraso salarial, inflación persistente y falta de actualización del salario mínimo configura un escenario donde el ingreso de los trabajadores —tanto registrados como informales— se encuentra en el punto más crítico en más de dos décadas.