Esta semana, el INDEC formalizó una sensación que viene creciendo en los últimos meses: el aumento de la desocupación. Los datos oficiales muestran que la tasa de desempleo se ubicó en el 7,5 por ciento, y aumentó un 1,1 por ciento en el último trimestre del 2025. Esto hace que haya alrededor de 3 millones de argentinos que están sin trabajo, y generan presión entre los activos. Detrás de ese dato duro hay otros que marcan la actualidad del mercado laboral, que sufre las consecuencias del modelo libertario, que abre las importaciones, afecta a la industria y ajusta el gasto público. Esto se completa con una ley de reforma laboral que ya se aplica, y que según las advertencias de los gremios tenderá a profundizar las actuales características.
En este sentido, una serie de informes analizan el dato de desocupación, y muestra sus aspectos más preocupantes. Uno de ellos, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recalcó que los datos difundidos muestran “un sensible incremento respecto al valor registrado en el mismo período de 2024”. A su vez, se observa “un incremento especialmente notable de la desocupación juvenil, que pasa del 13,8 por ciento al 16,8 por ciento en mujeres; y del 12,5 por ciento al 16,2 por ciento en varones”.
El trabajo de CEPA marca que detrás de los números puede verse el perfil de empleo que genera el gobierno libertario. En el marco de la creciente fragmentación del mercado de trabajo, el centro aseguró que se observa “una transformación sustantiva en la noción del trabajo ‘típico’ hacia modalidades promovidas por el capitalismo de plataformas”. Este fenómeno introduce “desafíos metodológicos críticos para la medición de la desocupación, debido a la capacidad de estas herramientas para absorber mano de obra bajo condiciones de ‘autonomización ficticia’”.
El principal desafío para medir correctamente el mercado es la aparición de las plataformas digitales, que generan trabajo, a la vez que genera “un efecto amortiguador del desempleo”. “Ante la pérdida de un empleo asalariado formal, la facilidad de acceso a las plataformas digitales permite un ‘rebusque’ inmediato que impide la transición técnica del individuo hacia la categoría de desocupado”, resaltó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
En este sentido, ese trabajador “permanece en el universo de la población ocupada bajo la modalidad de cuenta propia (formal o informal), invisibilizando la situación de desempleo latente”.
Además, hay dos conceptos que incluye el CEPA. Uno, el de subocupación horaria y precariedad. Se trata de la evidencia indica que un 13 por ciento de los trabajadores de plataformas desempeña jornadas de entre 0 y 24 horas semanales. “Pese a tratarse de inserciones laborales caracterizadas por la imprevisibilidad y la desprotección, estos individuos no figuran en las tasas de desocupación, aunque su situación refleje una incapacidad del sistema para proveer empleo de calidad”, recalcaron.
El segundo, la “hiper-subordinación algorítmica versus la autonomía”, lo que se presenta bajo “una retórica de independencia es, en la práctica, una subordinación algorítmica que redefine el vínculo laboral. Esta relación de dependencia encubierta permite a las empresas de plataforma operar sin las responsabilidades propias de un empleador, mientras que estadísticamente los trabajadores son registrados como autónomos, fragmentando aún más las identidades laborales”. De esta forma, el surgimiento del trabajo mediante aplicaciones actúa como “un mecanismo de descomposición de los vínculos laborales tradicionales”.
Al permitir que una parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se mantenga en la ocupación a través de tareas marginales o de muy baja carga horaria, “se erosiona la representatividad de la tasa de desocupación como indicador único de la salud del mercado de trabajo, ocultando un proceso profundo de precarización y flexibilización laboral”.
Marco regulatorio
El peso que está generando el empleo en este tipo de aplicaciones viene creciendo en los últimos años, y pese a los muchos intentos de regular la actividad, sigue estando en un limbo. Incluso la flamante Ley de Modernización Laboral no soluciona este problema. De hecho, casi los excluye.
El esquema que trae esta norma consolida “un modelo que prioriza la autonomía formal del trabajador”, aunque sin reconocer derechos laborales tradicionales ni establecer relación de dependencia con las empresas tecnológicas. El texto aprobado establece que quienes presten servicios mediante plataformas digitales serán considerados autónomos y no empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, se descarta cualquier vínculo laboral tradicional entre las empresas y los repartidores o conductores. El régimen crea la figura del “prestador independiente”, definida como la persona que ofrece servicios de reparto o movilidad de manera autónoma a través de una aplicación. El vínculo se configura mediante un contrato de prestación que se concreta al aceptar un pedido o viaje.
En términos prácticos, esto implica que los trabajadores deberán inscribirse por cuenta propia en los regímenes fiscales y previsionales, como monotributo, asumir el pago de sus aportes jubilatorios y de salud, y gestionar de forma individual sus obligaciones tributarias. El modelo tampoco contempla derechos laborales clásicos como vacaciones pagas, aguinaldo, estabilidad laboral o indemnización por despido.
Para cualquier situación no prevista, se aplicará de manera supletoria el Código Civil y Comercial. Ante esta situación, en las provincias buscan alternativas a este vacío, que como se va distorsiona el mercado laboral. En Chaco, por ejemplo, esta semana un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone crear un marco regulatorio para el trabajo realizado a través de plataformas digitales, una modalidad laboral que creció en los últimos años con el avance de aplicaciones de reparto, transporte y servicios a demanda. La iniciativa plantea un "abordaje integral del trabajo mediante plataformas digitales" y apunta a establecer condiciones mínimas para quienes desarrollan tareas como repartidores o prestadores de servicios a través de aplicaciones móviles.
Entre los ejes centrales del proyecto impulsado por la legisladora Katia Blanc se encuentran la creación de un registro provincial de plataformas, la obligatoriedad de seguros contra accidentes y la instalación de espacios de descanso para trabajadores.
Otras miradas
En tanto, desde la Junta Interna de ATE en el INDEC también salieron a desmenuzar los datos de empleo, en su caso apuntando a la destrucción del empleo formal y el aumento de la precarización.
Para el gremio, “el deterioro del empleo formal es el dato estructural”. “Lo que crece no es el trabajo de calidad sino que se multiplican las estrategias de subsistencia”, dije ATE-INDEC en su reporte. Estas son entre otras “la expansión del cuentapropismo, el aumento del trabajo ‘en negro’ o la relación de dependencia encubierta y el crecimiento de la subocupación y los ocupados demandantes de empleo”. Esto genera un fenómeno particular, según le explicaron desde el sector a Data Gremial: “Trabajar más para ganar menos”, una definición del actual momento del mercado laboral.
“El ajuste no solo expulsa trabajadores: también degrada las condiciones de quienes siguen ocupados”, resaltó el análisis. Según los delegados en el organismo afirmaron que este esquema tiene como final unos 300 mil desocupados nuevos.
Al mismo tiempo, el informe de ATE señala que, desde la asunción del actual gobierno, la inflación acumulada alcanza el 280,5 por ciento, mientras que el salario del caso testigo del Estado nacional perdió un 31 por ciento de su poder de compra, consolidando un fuerte deterioro de los ingresos reales. “Esto es un modelo económico que necesita bajos salarios, empleo precario y trabajadores obligados a aceptar cualquier condición para sobrevivir”, concluyó ATE-INDEC.