Luego de una reunión con su equipo económico, el presidente de la nación Javier Milei adelantó que analiza enviar al Congreso una propuesta para poner en marcha un mecanismo de “government shutdown” o “cierre de gobierno”, algo que existe en Estados Unidos y que apunta a congelar el accionar de los organismos públicos cuando no hay acuerdo por el presupuesto. “Cuando agotás el Presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, fue la escueta explicación del mandatario en una entrevista, donde dejó instalada de crear este mecanismo para el país, aunque sin mayores precisiones. La idea de cerrar el Estado puso en alerta a los trabajadores y gremios estatales, que son los más atentos a esta medida, ya que si se aplica como en el país del norte las dependencias públicas no esenciales quedan paralizadas, y sus empleados no cobran sus sueldos (tampoco van a sus lugares donde prestan servicio). La primera crítica que aparece es de orden constitucional, que establece que ante la falta de acuerdo en materia presupuestaria, el gobierno puede extender el vigente, como sucedió en los dos primeros años de administración libertaria. Para muchos, el “shutdown” parece como “la etapa superior de la motosierra”, el emblema del ajuste total que se lleva adelante bajo el paradigma del superávit fiscal.
La idea de cerrar el gobierno que esbozó públicamente Milei tiene su principal ejemplo en los Estados Unidos, donde varias agencias públicas dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso cada año fiscal. Como no siempre el Congreso logra aprobar los presupuestos en ese tiempo límite, puede impulsar una ley de financiamiento a corto plazo (conocida como Continuing Resolution), que permite mantener todas las funciones del Estado hasta que el Presupuesto sea aprobado. Si esto no ocurre o se vence el plazo de financiamiento provisorio, se produce el “government shutdown”, período durante el cual varias agencias federales tienen que discontinuar muchas de sus funciones hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento y esta sea promulgada por el presidente, según explica el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB). Pero no todas las funciones del Estado quedan paralizadas durante el “shutdown”: los gastos obligatorios o permanentes, que no dependen de la aprobación anual del Congreso sino que están establecidos por leyes particulares, deben seguir financiándose. En nuestro país, este sería el caso de las jubilaciones, cuyos aumentos son establecidos por la Ley de Movilidad y no requieren la aprobación anual del Congreso.
Para llevar este mecanismo adelante, se debería primero reformar la ley actual. El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera establece que si al comienzo del año no hubiera presupuesto, “seguirá vigente el del año previo”. La ley dispone que en la prórroga el Gobierno deberá adecuar las partidas en función de impuestos que ya no se recaudarán, las autorizaciones de deuda ya utilizada y los gastos que no deban repetirse. La gestión de Javier Milei tuvo que prorrogar el Presupuesto 2023 dos años consecutivos (en 2024 y 2025), algo inédito en la historia argentina. Pero con los cambios propuestos por el presidente, varias funciones del Estado deberán suspenderse hasta tanto se apruebe la nueva ley. Por eso, como aseguró Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se está viviendo este proceso “con mucha preocupación”, ya que el gobierno viene hablando “del cierre del Estado, una irresponsabilidad que está cometiendo al hablar de esto sin tener en cuenta elementos que deben ponerse en la agenda, como la salud pública”. Si bien como todos los integrantes del sector público no tienen mayores precisiones, Belelli le dijo a Data Gremial que “lo que busca el gobierno permanentemente son títulos, sin sustento político, pero que en tiempos tan inestables como los que estamos viviendo cualquier cosa es posible”.
Cierres concretos
Más allá de la discusión legal, el “government shutdown” puede entenderse en estos años de gestión libertaria, que a través del ajuste cerró varias dependencias, a partir del ajuste presupuestario, los despidos y la falta de recursos. La motosierra, y su etapa superior la licuadora –que a través de la pérdida salarial destruye por goteo los puestos laborales en la administración pública –han cerrado muchas funciones estatales. Uno de los ejemplos claros fue la Dirección de Vialidad Nacional, que por ejemplo tuvo paralizada más de 16 meses la paritaria sectorial, dejando casi sin posibilidades de realizar tareas de mantenimiento en las rutas nacionales por el achicamiento de los fondos, incluyendo los que le corresponden a la entidad por ley. Todo un cierre implícito.
Pese a esto, Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), piensa “imposible” el cierre del Estado al estilo norteamericano. “En nuestro país hay otras previsiones presupuestarias para que este tipo de cosas no ocurran, por ejemplo están los atrasos cuando cambia el año por la ejecución presupuestaria, eso pasa porque están los mecanismos establecidos”, agregó Cattanzaro, en diálogo con Data Gremial. Por eso, afirmó el dirigente, “cerrar el Estado o intentar cerrarlo tiene que ver más que nada con un guiño de un sector político e ideológico hacia Estados Unidos, es eso más que cualquier otra cosa”. Esto no implica que los efectos del ajuste libertario se sientan en cada dependencia. “Están llevando al Estado a una mínima expresión, donde lo que vemos es un gran vaciamiento”, dijo Cattanzaro. Por eso desde FEPEVINA hablan de “los matices entre un Estado cerrado y un Estado vaciado”. “En el fondo el efecto es peor, es una inacción constante, con la sub-ejecución presupuestaria o la no entrega de partidas específicas. Se están corriendo de sus obligaciones por ley”, insistió el dirigente.
Antecedentes
En Estados Unidos, este mecanismo fuerza a detener una gran cantidad de servicios y funciones consideradas no esenciales. Así el gobierno se queda sin autorización para poder desembolsar dinero y cubrir todas sus funciones. Desde mediados de los años 70, cuando el Congreso consolidó su poder presupuestario, esta situación se ha repetido periódicamente en Estados Unidos. Desde 1976 a la fecha, ya van 21 veces que se producen cierres del gobierno por falta de acuerdo en el Congreso. El más largo fue en 2019, durante el gobierno de Donald Trump y duró 34 días. En 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, el cierre duró 21 días. En 1978 la administración de Jimmy Carter sufrió un cierre durante 17 días corridos, pero un año antes había tenido uno de 12 días, dos más de 8 días y un año después tendría otro de 11. En total Carter tuvo cinco cierres en su único mandato, totalizando 56 días de “shotdown”. La administración Barack Obama tuvo en el 2013, cuando se discutía sobre el Obamacare, un cierre durante 16 jornadas.
Según datos del CRFB y el Centro de Políticas Bipartidistas, en los últimos “shutdowns” se vieron afectados programas de asistencia nutricional, el pago a empleados federales (que fueron suspendidos de sus trabajos o debieron continuar sus labores sin cobrar), las compensaciones a veteranos de guerra y las actividades en parques nacionales y museos, entre otros. En tanto, para el constitucionalista Félix Lonigro, “no habría inconstitucionalidad alguna”. Aunque aclaró que “de cualquier modo habría que ver cómo se lo implementaría, porque la administración no puede dejar de prestar servicios esenciales”. Además, la ley no podría avanzar sobre el servicio legislativo ni sobre el Poder Judicial porque eso sí sería inconstitucional”.
Sin embargo, el diputado nacional y constitucionalista Juan Fernando Brügge (Provincias Unidas – Córdoba) considera que para avanzar hacia un esquema semejante al estadounidense no alcanzaría simplemente con modificar la Ley de Administración Financiera. El legislador recuerda que la Constitución establece que corresponde al Congreso “fijar anualmente el presupuesto general” y sostiene que una eventual prórroga solo puede ser excepcional y limitada en el tiempo. Según argumentó en un proyecto de ley presentado el año pasado, una vez agotado ese plazo el Poder Ejecutivo quedaría sin autorización legal para realizar gastos que no estuvieran expresamente habilitados. Brügge presentó un proyecto para que el presupuesto pueda prorrogarse únicamente por un año. Una vez pasado ese tiempo, la actividad estatal quede reducida exclusivamente a las áreas de seguridad, defensa, salud y educación. Para el diputado, una prórroga indefinida del presupuesto vigente resulta incompatible con el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional, que ordena la aprobación anual de la ley de gastos y recursos.