Esta semana, los trabajadores judiciales de San Luis realizaron acciones contra la iniciativa de la legislatura local de acortar la feria judicial para el próximo período. La propuesta es rechazada por el gremio puntano SIJUPU, que cuenta con el respaldo de la Federación Judicial Argentinahttp://www.datagremial.com/buscar/fja (FJA), que emitió un duro documento donde repudió la iniciativa. Este no es el único conflicto que existe en el sector, que viene sufriendo de los problemas presupuestarios y la crisis salarial, que baja desde la Nación y se instala en las provincias. Por estos días, hay distintos problemas en Córdoba, Formosa, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, lo que moviliza a las entidades sindicales que forman parte de la FJA. Estas realidades se dan en el marco de un creciente pedido para que se unifiquen las negociaciones colectivas de los judiciales, bajo la necesidad de una paritaria nacional judicial que entregue igualdad salarial y laboral a los empleados de la justicia. El plan de lucha se enmarca en la necesidad de los trabajadores de mejorar las condiciones que viven, y como pasa en rubros como la salud los gobernadores “se pliegan” a la motosierra de Javier Milei y no dan respuesta a esos pedidos. En la provincia de Buenos Aires, un informe muestra cómo la falta de recursos golpea el funcionamiento de los tribunales y las tareas diarias del Poder Judicial.
Los muchos conflictos vinculados a la justicia se multiplican este año, cuando los gremios salieron a denunciar el ajuste que se aplica en el rubro, por parte de las provincias, en un contexto de motosierra nacional. Así hay varias provincias en crisis con sus empleados judiciales, que piden mejoras salariales y laborales. El reclamo más importante de la FJA es una “paritaria nacional judicial”, similar a la docente, que fije un piso de derechos para todas las jurisdicciones. “La falta de paritarias judiciales es una injusticia que nos afecta a los empleados judiciales de todo el país”, recalcaron desde la entidad en una de sus últimas protestas. Los gremios que forman la entidad que lidera Matías Fachal pidieron en unidad a la Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales Superiores “negociaciones paritarias con los gremios judiciales de todo el país”. “La negociación colectiva no atenta contra la independencia judicial: la democratiza. Queremos discutir nuestros derechos, el salario y las condiciones de trabajo en igualdad”, agregaron.
En tanto, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN), entidad adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), realizará este viernes 14 de noviembre un paro por 24 horas en reclamo de un aumento salarial que mitigue la pérdida del poder adquisitivo, la necesidad de contar con un Convenio Colectivo de Trabajo y en defensa del sistema de jubilaciones.
Reclamo bonaerense
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la presentación del presupuesto 2026 por parte del gobierno de Axel Kicillof, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) difundió un reporte donde establece las bases para reclamar un aumento de recursos para el Poder Judicial, que lleve al 5 por ciento del total para el sector. El reporte fue elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) del gremio, el cual advirtió sobre “la necesidad urgente de aumentar la participación del presupuesto del Poder Judicial bonaerense”. El pedido de la entidad que lidera Hugo Russo es comenzar con ese 5 por ciento del total provincial en el corto plazo y recuperar el histórico 7 por ciento en el mediano plazo. El documento, al que tuvo acceso Data Gremial, detalla “el deterioro de los salarios, la falta de personal, el colapso en distintas dependencias y la caída de la inversión en infraestructura, factores que ponen en riesgo el normal funcionamiento de la justicia bonaerense”. El análisis extendido del presupuesto asignado al Poder Judicial en los últimos años concluye en que “es necesario revertir una tendencia de retroceso”. Mientras en los años 2002 y 2003 el presupuesto judicial representaba algo más del 5 por ciento del total provincial, en el trienio 2021-2023 cayó por debajo del 4 por ciento. Este retroceso “no es una cuestión meramente contable: se traduce en oficinas colapsadas, trabajadores y trabajadoras sobrecargados, salarios cada vez más deteriorados y un acceso a la justicia que se vuelve progresivamente más restringido para millones de bonaerenses”.
En paralelo, se consolidó un patrón de gasto en el que más del 90 por ciento de los recursos se destinan a salarios, “con una caída del salario real”. El reporte pone ejemplos de cómo este deterioro presupuestario afecta el normal desarrollo de la justicia provincial. “El congelamiento en los ingresos de nuevos trabajadores judiciales contrasta con un incremento constante de la litigiosidad y de las exigencias procesales, en buena medida impulsadas por la digitalización del expediente electrónico”, se explicó. El resultado: más causas, la misma cantidad de personal y salarios que transitan un deterioro progresivo. En el fuero laboral, por ejemplo, la cantidad de causas creció un 256 por ciento en las últimas dos décadas, mientras la dotación de personal apenas aumentó un 30 por ciento. En el fuero de familia, los expedientes se multiplicaron un 626 por ciento entre 2010 y 2024, pero la planta creció solo un 143 por ciento.
En algunos departamentos judiciales, los juzgados de garantías “están al borde del colapso, con una sobrecarga que no se corresponde con la planta de personal disponible. Además, hay dependencias creadas por ley que aún esperan su puesta en funcionamiento”. Con datos de ejecución al 31 de mayo de 2025, el presupuesto judicial se estima en 1,5 billones de pesos, de los cuales el 95 por ciento se destina a salarios. Para 2026, la proyección del CIyF, tomando parámetros para estimar la inflación proyectada alcanza los 2,49 billones de pesos, cifra que incluye la recomposición salarial, la cobertura de cargos vacantes, la extensión de las subcategorías, un refuerzo en mantenimiento edilicio y la inflación estimada para el próximo año. Esta proyección, sin embargo, representa “apenas un punto de partida”, ya que “no resuelve ninguno de los problemas estructurales: salarios que perdieron poder adquisitivo, oficinas saturadas, falta de personal y edificios en condiciones deficitarias”. Por eso, el planteo de la AJB es claro: “a provincia debe fijar un sendero de recuperación presupuestaria que garantice al menos el 7 por ciento del total provincial para el Poder Judicial”.
Otros conflictos
En tanto, en Córdoba los gremios judiciales junto a otros sectores se unieron para reclamar para exigir el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios y rechazaron la intención del gobierno nacional de una reforma laboral. La reunión de AGEPJ, SUOEM, La Bancaria y Luz y Fuerza Córdoba sirvió para “coordinar acciones conjuntas contra los aportes jubilatorios extraordinarios, el diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional (art 58 ley 10.694)”. Además, se analizó la crítica “situación económica y la amenaza de una reforma laboral contra la que se promete una férrea resistencia”.
Por último, los gremios coincidieron en que los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba mediante, las organizaciones sindicales deben “recuperar el gobierno de la misma, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno”. El encuentro estuvo encabezado por los Secretarios generales de las cuatro entidades: Federico Cortelletti (AGEPJ), Rubén Daniele (SUOEM), Ezequiel Morcillo (Bancaria) y Jorge Molina Herrera (Luz y Fuerza Córdoba). El encuentro gremial también analizó con máxima preocupación el continuo deterioro socioeconómico y su impacto en el poder adquisitivo, así como el anuncio del gobierno nacional de ingresar al Congreso un proyecto de reforma laboral.