“La crisis advertida hace meses ya llegó”. Con esta contundente frase, las farmacias de la provincia de Buenos Aires confirmaron el corte de servicio para los afiliados de la seguridad social, una amenaza que se venía haciendo y que en estos días terminó de cristalizarse. Ante la falta de respuesta a su pedido de acortar los tiempos de pago, el sector dejó de realizar descuentos en la dispensa de medicamentos desde el martes pasado, y ya son cientos los locales que se sumaron a la medida. Esto golpea a las obras sociales sindicales, que no pudieron evitar que se produzca esta medida, que afecta a millones de sus trabajadores.
Ante esto, y para evitar que esto genere malestar social en medio del tramo final de la campaña electoral, la provincia de Buenos Aires salió al rescate, y anunció que adelantará pagos y dispondrá de fondos para la que se levante la medida de fuerza. La idea es que con esos recursos se normalice la atención, que genera alarma entre la dirigencia sindical. Pese a esto, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses se mostraron escépticos del efecto del anuncio, y marcaron que si no se cambian las condiciones de fondo del sistema “los problemas seguirán o se agravarán”.
Desde esta semana, las farmacias provinciales dejaron de atender a las obras sociales y prepagas, reclamando mejores condiciones. En concreto, piden que se achiquen los tiempos entre que de dispensa el medicamento y que se cobra, que puede llegar a los 90 días, o más. Esto, en el actual contexto de inflación, hace “inviable” sostener la rentabilidad, aseguran. En este tiempo hubo varias reuniones y se alertó que el sistema estaba cerca del colapso, pero no se avanzó en una colusión.
“Ese momento ya llegó”, dijeron desde la entidad farmacéutica una vez que comenzaron los cortes y suspensiones de los servicios, que comenzó con entidades con deudas y se fue generalizando. Ante esto, el gobierno de Axel Kicillof decidió intervenir: anunció que adelantará pagos de su obra social IOMA para que se reestablezca el servicio. Según adelantaron fuentes del Ministerio de Salud, se trata de “unos 800 millones de pesos que serán enviados al Colegio de Farmacéuticos para que se afronten los pagos correspondientes”. El ministro del área, Nicolás Kreplak, reunió a la dirigencia para buscar un acuerdo, y junto al titular del IOMA Homero Giles fue el arquitecto de esta solución.
Antes de reñirse con referentes de las farmacias, la obra social provincial emitió un comunicado donde anunció “el pago por adelantado de la facturación completa correspondiente al mes de septiembre para resolver el problema de atención y restituir el servicio para todos los beneficiarios, inclusive de obras sociales y prepagas”. “Cabe destacar que es a través de IOMA, que la Provincia, resuelve el problema para todo el territorio haciéndose cargo de un problema financiero generado por las prepagas, las obras sociales, las financieras de la salud y las droguerías o laboratorios”, agregaron desde la gestión provincial, destacando la intervención.
Además, hoy jueves los funcionarios se reunieron con los representantes de los farmacéuticos provinciales, para hacer operativo este anuncio. Según explicaron, la obra social paga al Colegio de Farmacéuticos “el 80 por ciento del valor de los medicamentos a los 30 días y el 20 por ciento restante se abona dentro de los 45 días de la recepción de la documentación respaldatoria, lejos del panorama general de la seguridad social”.
Escepticismo
Pese al anuncio, en las farmacias los cortes siguen, por lo menos al cierre de esta edición. Según fuentes del colegio de Farmacéuticos bonaerenses consultadas por Data Gremial, hasta ahora “el acuerdo no se hizo oficial, por los canales institucionales que corresponden”.
Por ende, la suspensión de la atención “sigue en buena parte del territorio provincial”. “Las autoridades pueden llegar a un acuerdo, pero hasta que los recursos lleguen a todos los farmacéuticos, las dificultades van a seguir”, afirmaron. En este sentido, insisten que es necesario “rescindir los contratos y terminar con estos plazos de pago, de 60 a 90 días, o en algunos casos más, que en este contexto hacen inviable el sistema”. Además, con la inflación superando el 120 por ciento “nadie sabe los precios de la otra quincena, menos dentro de tres meses”.
Mediante un comunicado, las farmacias afirmaron que “hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago” y aseguraron que la medida “no se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa”.
“Desde agosto se ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense”, recordaron desde la entidad. además, el Colegio de Farmacéuticos remarcó que “esto es más que un simple anuncio de la emergencia por la que están pasando las farmacias, como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100 por ciento que ofrecen las prepagas y obras sociales”.
Crisis de fondo
Los problemas de la seguridad social no son nuevos y aumentaron en los últimos meses, cuando la crisis económica y las limitaciones en las importaciones comenzaron a afectar al sistema sanitaria. Hace unos días, por estas cuestiones las droguerías limitaron la entrega de medicamentos, lo que dejó a las farmacias al borde del abastecimiento y a millones de afiliados en peligro de no conseguir sus tratamientos. Esto puso en alerta a los gremios, que comenzaron contactos con el gobierno nacional para que se intente garantizar los fondos necesarios para que se mantenga la atención, algo que suele ser moneda de cambio en la relación de los sindicatos y los gobiernos de turno.
El tema es grave. Un informe de la secretaría de Acción Social de la CGT difundido en julio pasado estableció que el déficit de las obras sociales sindicales alcanzaba los 123.610 millones de pesos, lo que tiene en jaque al sistema de la seguridad social. Según el reporte, en el país hay unas 288 obras sociales de sindicatos, que atienden a junio del 2023 uno 14.244.066 beneficiarios. Según los datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el 70 por ciento de los afiliados se concentra en 40 entidades y el 75 por ciento de ellos se encuentra en cinco jurisdicciones principales: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.