En el “mega DNU” firmado la semana pasada por Javier Milei, 61 de los 366 artículos están vinculados al sistema de salud, que es el segundo que más modificaciones sufre. La importancia de la reforma que impulsa el gobierno impacta en varios sectores, especialmente en la seguridad social, compuesta por obras sociales sindicales, estatales y prepagas. La desregulación, bajo el argumento de mejorar su integración y funcionamiento, preocupa a los especialistas, en especial por el impacto que tendrá en la financiación de las entidades más chicas, que se verán perjudicadas por la salida de afiliados a otras opciones.
Además, se espera que la competencia con el sistema privado lleve a una atomización de la oferta sanitaria, no sólo en la atención sino en otros rubros, como la venta de medicamentos. “No volvemos a los 90, volvemos mucho más atrás”, afirman en el sector, que recordaron los efectos negativos que tuvo para la atención de los trabajadores los decretos de los 90, que impulsó Domingo Cavallo. Un nombramiento clave trajo cierta tranquilidad a los gremios de la CGT.
Durante su discurso en cadena nacional, el presidente Milei anunció varias medidas referentes al sistema de salud. Ahora, con el DNU en mano, se puede conocer la letra chica de las modificaciones y entender qué cambiará realmente en la medicina nacional. Sobre la incorporación de las prepagas al sistema de las obras sociales, se explicó que es importante este punto ya que “cada afiliado podrá decidir a que empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social”. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación no existirá más.
El DNU aclara que, frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones, lo que en definitiva “redundará en un beneficio directo para la población en general”. Pero este nuevo mecanismo profundiza el llamado “descreme”, que es la salida de los buenos salarios a las obras sociales y prepagas grandes, dejando a buena parte de las entidades más chicas sin financiamiento.
Para la Multisectorial por el Derecho a la Salud, que forman gremios y entidades sanitarias de todo el país, la desregulación “no sólo influirá negativamente en la calidad y el acceso a prestaciones y servicios de los sectores populares y la clase trabajadora, sino que generará más precarización laboral, achicamiento de planteles de salud, más gasto directo por parte de los pacientes, más listas de espera; en definitiva, un brusco deterioro de las condiciones de salud de la población”. “Nos lleva a una situación anterior a las regulaciones sanitarias, incluso antes de los 90, nos lleva a los 60”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector sanitario, que remarcó la importancia de las dificultades que traerá el DNU si se mantiene.
Nombramiento clave
En medio de la alerta, un anuncio de este miércoles llevó algo de tranquilidad a la dirigencia sindical. Se trata de Nicolás Striglio, quien será el nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la entidad que maneja los fondos que reciben obras sociales y prepagas. Ex gerente de Control Financiero del organismo, Striglio es considerado un conocedor del sistema de la seguridad social, y tiene un rol fundamental para la relación y comunicación con los gremios. La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente que regula y controla a “las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga para garantizar los derechos de los usuarios a las prestaciones de salud”, según se describe en la página oficial del Gobierno.
En esta línea, el organismo tiene una gran influencia en las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores de la salud. Por esta razón, Striglio será el nexo entre el Estado y los gremios de la salud, por lo que será quien influya en las negociaciones salariales y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Según estableció el Boletín Oficial del miércoles, la Superintendencia de Servicios de Salud es un “organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, con rango y jerarquía de Subsecretario y con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la ley 27.701”.
El primer artículo del Boletín designa a Nicolás Striglio como el titular, mientras que en el segundo se especifica el pago de los gastos. “Desígnase, a partir del 19 de diciembre de 2023, al licenciado Nicolás Striglio en el cargo extraescalafonario de Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud”, escribe el 1er artículo. La segunda clausula detalla: "El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – Ministerio de Salud, Entidad 914 – Superintendencia de Servicios de Salud".
Farmacias en alerta
En tanto, el DNU desregula el sector farmacias, que trabaja íntimamente con las obras sociales en la atención de los trabajadores. La propuesta, que en rigor está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, incluye varias cuestiones vinculadas a la actividad de las farmacias, a través de una serie de modificaciones a la ley 17.565. Uno de los más importantes cambios establece que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”. “Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”, agregó el texto.
Fuentes del sector confirmaron que esto significa que “se permite la góndola y no se castiga penalmente la venta de medicamentos fuera de la farmacia”, ya que se permitirá la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. De la mano de esto, el artículo 26 establece que "los farmacéuticos pueden ausentarse de las farmacias quedando la dispensa de medicamentos a cargo de auxiliares de despacho". También se permite "la venta de artículos de óptica en las farmacias, anexar consultorios médicos y odontológicos a las farmacias". "No hay nada peor para la profesión", afirmaron las fuentes consultadas por Data Gremial, que remarcaron que la resistencia serán “las leyes provinciales”, que un DNU no puede, en teoría, anularlas.
En la provincia de Buenos Aires, esta discusión ya se dio hace unos años, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal intentó vulnerar la ley 10.606, que regula las farmacias en territorio bonaerense. Luego de varias audiencias públicas, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la potestad provincial de tener su propia ley. Anticipándose a esto, desde el Ministerio de Salud provincial adelantaron que mantendrán esta premisa, para evitar la concentración de las grandes superficies, como la cadena Farmacity.