En lo que va del año, siete niños murieron de coqueluche, en el marco de un aumento sostenido de los casos en todo el país. La curva ascendente de contagios de esta enfermedad, conocida popularmente como tos convulsa, puso en alerta a los especialistas, en especial porque el mal es controlable mediante la vacunación. Pero en los últimos años, los porcentajes de inmunización bajaron a niveles históricos, lo que generó críticas al Ministerio de Salud por la falta de respuesta ante esta crisis. El tema es parte de un panorama complejo para el sistema sanitario nacional, que sufre como todos los sectores la motosierra libertaria. Así, por el achicamiento de personal y recursos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) quedó en el foco de la polémica por su rol en el escándalo del fentanilo contaminado, el analgésico que circuló con fallas en su producción –muchas ampollas estaban infectadas con dos bacterias –causando la muerte de más de 100 personas.
Estas dos cuestiones son abordadas en un reciente informe que analizó el impacto del ajuste en materia de salud en especial el DNU 70. Entre las conclusiones, el reporte asegura que por este decreto el sistema debilitó “la capacidad de prevención y respuesta”, y se alerta por nuevas situaciones como las mencionadas. Los gremios esperan un 2026 similar, con “mucha conflictividad” por el nuevo recorte presupuestario.
El análisis del DNU 70 en el rubro de salud lo realizaron integrantes de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General, que lo presentaron esta semana ante referentes del sector, trabajadores y entidades profesionales. El trabajo, de 150 páginas, se analiza con detalle “el impacto negativo en los programas de atención a la salud, como el de prevención de embarazo adolescente, y el desmantelamiento de los hospitales nacionales a través de la baja salarial, como el caso del Garrahan, y con los despidos como en el caso del Bonaparte y el Posadas”. En el informe se centra en “la disminución de personal y la falta de presupuesto en la ANMAT y los peligros que ellos significan en medio de la crisis más seria de la sanidad argentina debida a medicamentos no aptos, como lo fue la situación con el fentanilo envenenado”.
Además, critica la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la supresión de direcciones y subsecretarías indispensables para la gestión de vacunas, provisión de medicamentos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C, también son abordados en el trabajo. Como conclusión, las entidades marcaron que “la política de motosierra, orientada a desguazar estructuras estatales de control sanitario, debilitando la capacidad de prevención y respuesta frente a riesgos graves para la salud pública”
Sobre el caso de la ANMAT y el escándalo del fentanilo contaminado, se confirmó que hasta el mes de julio “la ANMAT perdió un total de 138 empleados (poco más del 11 por ciento del total de su dotación), mientras que su ejecución presupuestaria para el período enero/agosto de 2025 se redujo un 26,7 por ciento en comparación con el mismo período del año 202329”. “Si vos tenés una agencia gubernamental como la ANMAT desfinanciada, con despidos y cinco inspectores para todo el país las consecuencias están a la vista, con el peor desastre sanitario que hemos tenido en la historia del país”, recalcó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), que acompañó la presentación del trabajo.
En diálogo con Data Gremial, recordó que son varios los organismos y espacios desarmados, como “el programa de prevención del embarazo adolescente, la no entrega de preservativos y anticonceptivos”. Para Boriotti, el modelo que plantea el gobierno nacional “es muy perversos, que cada uno se arregle de forma individual”, lo que convierte al país en “un ejemplo negativo en el ámbito sanitario internacional”
Efecto negativo
Además, el informe –al que tuvo acceso Data Gremial –ratifica que “el derecho a la salud, que es el derecho a la vida, ha sido violado y está siendo progresivamente violado por el gobierno actual”. También muestra cómo las acciones de sus gobernantes, “además de sus intenciones mostradas en el DNU 70/23, han beneficiado a los más poderosos y no a los más débiles, a los más ricos y no a los más pobres, a los más influyentes y no a los más sometidos”. Desde un enfoque multidisciplinario, este informe permite reclamar “el cumplimiento de derechos fundamentales a un gobierno que pretende gobernar por decreto desconociendo la situación de sus gobernados, que reprime las protestas despreciando y amedrentando a quienes reclaman por sus derechos, que propaga falsa información pues sólo publica propaganda, que pone en peligro la soberanía para favorecer a grandes trusts económicos”.
Luego de la presentación del reporte, que se realizó en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), los presentes hicieron referencias a los principales problemas que atraviesa el sistema sanitario en este contexto, a partir de las decisiones del gobierno como abanar la Organización Mundial de la Salud OMS), siguiendo los pasos del gobierno de los Estados Unidos. Además, se subrayó que el tema ya fue abordado por otras organizaciones, incluyendo algunas de fuera de la Argentina. El mejor ejemplo fue el British Medical Journal, una revista centenaria de mucho prestigio en el ámbito académico mundial, que publicó un estudio sobre la salud en Argentina, donde contiene “varios de los considerandos que se vertieron en el informe antes citado”, según se comentó.
Precarización
En los distintos capítulos del informe, se describieron la mayoría de los grandes conflictos que se dieron en este tiempo en el sector, comenzando por la pelea de los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan, y del resto de los nosocomios nacionales, que tuvieron un fuerte ajuste, incluyendo intentos de cierre como sucedió en el Claudia Bonaparte. En este contexto, trabajadores y profesionales sufrieron los efectos del decreto, que además de desregular apuntó contra los derechos laborales.
“La política de ajuste consolidó un contexto de congelamiento y retraso en las negociaciones paritarias, lo cual erosionó progresivamente el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud”, denunció el informe. A esto se sumó “el aumento de la precariedad contractual, con un uso extendido de becas, contratos temporales y vínculos por fuera de los marcos legales estables, lo que afectó particularmente a profesionales jóvenes, técnicos y personal auxiliar”. En este sentido, FESPROSA viene denunciando la situación de las provincias, que dan continuidad local a esas políticas, por lo cual esta semana varios gremios de la entidad realizaron medidas de fuerza.
Otra de las consecuencias del desguace del sistema sanitario es el crecimiento del pluriempleo y de la sobrecarga laboral entre el personal, tanto profesional como administrativo y de asistencia. “Ante la pérdida del salario real muchos trabajadores se vieron obligados a asumir múltiples empleos como estrategia obligada de subsistencia”, explicó el reporte. La reducción de plantillas y la creciente demanda en los hospitales públicos “intensificaron la sobrecarga laboral, derivando en un mayor desgaste físico y psicológico”.
Este proceso tuvo efectos “deletéreos directamente en la salud mental del personal sanitario, con incremento de casos de ansiedad, depresión y Burnout”. Estas dos cuestiones generaron “una aceleración” del éxodo de trabajadores y profesionales de la salud desde el sector público hacia el privado.