El “plan motosierra” anunciado por el gobierno de Javier Milei tuvo un rápido impacto en las provincias y municipios, que ante las medidas de ajustes lanzadas por el ministro Luis Caputo decidieron imitarlo, y aplicaron su propia receta para achicar el gasto público, algo que anticipa conflictos con los gremios, en especial los públicos. Casi al mismo tiempo, dos mandatarios de distinto color político anunciaron sus propios paquetes de recortes, marcando que la etapa que viene estará marcada por este tipo de políticas, no importa el partido que gobierno. Se trata del peronista Gerardo Zamora, mandatario de Santiago del Estero, y Claudio Poggi, el gobernador elegido por Juntos por el Cambio en San Luis, quienes presentaron sus principales iniciativas bajo un argumento que se espera se extienda en todo el país: el paquete de medidas impactará directamente en las economías y las cuentas provinciales. Acompañando esta idea, esta semana se conoció un informe del Instituto del Instituto de Estudios y Formación (IEF) que analizó el plan económico del gobierno, y entre otras cuestiones alertó que el ajuste de cinco puntos del PBI tendrá como consecuencia “un deterioro de los derechos sociales” en las provincias. Es más, los especialistas creen que la motosierra llegará a los municipios, donde se podrían dar despidos y condiciones de precarización laboral, como advirtieron sectores sindicales.
El plan de ajuste anunciado el martes pasado incluye la reducción de los aportes y giros discrecionales que hace la Nación a las provincias. Esto tendrá un fuerte impacto en las cuentas de muchas provincias, que suelen cubrir sus “rojos” con estos recursos. Por eso, se espera que el impacto sea mayor en las zonas del país donde hay menor actividad. En su análisis, el IEF consideró que este escenario impactará en los derechos sociales de los habitantes y los trabajadores.
Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, esta medida tiene una intensión de “contagio” del ajuste: “reducción de las transferencias a las provincias, para que éstas repliquen el mismo programa de ajuste de sus presupuestos, que suponga despidos, eliminación de obra pública y transferencias a municipios, para que éstos a su vez reproduzcan la misma política de ajuste”. En tanto, la entidad destacó que “la reducción de las transferencias a las provincias involucra en un 44 por ciento los pagos del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires y las transferencias a las cajas previsionales y en un 10 por ciento las transferencias que tienen por destino hospitales y comedores en las provincias”. Es decir, agregó, “detrás de esta definición no está en abstracto la relación con las provincias, estamos hablando de los ingresos de trabajadores y jubilados”.
El trabajo del IEF fue eje de la discusión que tuvieron los gremios de la CTA Autónoma, que llevarán a las distintas provincias sus conclusiones. En tanto, las consecuencias comenzaron a llegar de forma rápida. En Santiago del Estero, por ejemplo, se declaró la “emergencia económica y de medidas restrictivas y de control del gasto público”, que según dijo el propio gobernador Zamora incluye “congelamiento de nombramientos, contrataciones de personal y vacantes en el Estado provincial; congelamiento de gastos de publicidad y propaganda; recortes en los gastos de protocolo y viajes oficiales; y el uso de los vehículos oficiales quedará bajo la responsabilidad directa de los funcionarios, entre otras”. En esta provincia, en campaña se dio un bono de 400 mil pesos a los estatales. En tanto, en San Luis se pagará el salario de diciembre en dos veces. Como informó Data Gremial, esto generó que el gremio ATE se declare en “estado de alerta y movilización”.
“Anti motosierra”
Quien busca evitar que el círculo de ajuste lo alcance es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que al asumir su segundo gobierno se posicionó claramente como la principal oposición en gestión al gobierno de Milei. “Lo que falta en la provincia de Buenos Aires no se consigue no con motosierra ni con ajuste. No sobra Estado, hace falta más y mejor Estado”, lanzó en su discurso el mandatario, que remarcó que las necesidades que paste período necesitan de recursos, planteando la primera disputa por el plan de Caputo y la posibilidad de un “ahogamiento” de recursos por parte de la Nación.
“Vamos a empezar a ordenar lo nuestro antes de plantear una pelea por fondos”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a la gestión provincial, que marcó que en el corto plazo la prioridad es la aprobación de dos iniciativas en la legislatura: la Ley Impositiva y la insistencia por autorización de endeudamiento. Sobre la relación con los gremios estatales, que ya pidieron al gobernador que reabra masivamente las paritarias para limitar el impacto de la devaluación en los salarios, en La Plata son cautos. “vamos a cumplir”, se limitó a decir la fuente consultada.
En las comunas
La medida del gobierno de Santiago del Estero incluye que se suspenden las transferencias extraordinarias a los municipios, generando las condiciones que anticipó el informe del IEF, que además alerta que tanto las provincias como los municipios sufrirán por la suspensión de la obra pública, que impactará en los niveles de empleo. En la provincia de Buenos Aires, ya se comenzaron a notar los temores de los intendentes sobre los recursos. Si bien se espera que el gobernador Kicillof logre aprobar el endeudamiento y cumpla su compromiso de no ajustar, que hizo en la asunción de su segundo mandato, los recortes comenzaron. Al menos tres comunas suspendieron las fiestas populares que suelen tener mucha importancia en el verano. Se trata de Carlos Casares, que no tendrá la Fiesta Nacional de Girasol, Pehuiajó que no hará la Festival Nacional de Folklore Surero 2024 mientras que Suipacha no tendrá edición nueva de la Fiesta del Pan.
En su reciente congreso, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) criticó las “dramáticas políticas de ajuste ya implementadas por el nuevo gobierno nacional”, y aseguró que las mismas “impactan de lleno en los ya malogrados ingresos y la calidad de vida de todos los trabajadores y las trabajadoras municipales”. En la entidad piden a los jefes comunales paritarias para combatir esta situación, y esperan medidas de ajuste. A contramano de esto, en Lanús, la flamante gestión de Julián Álvarez anunció un bono de fin de año para sus trabajadores. Serán 100 mil pesos a pagarse en dos veces, una cuota entre el aguinaldo y el sueldo y otra a comienzos del 2024.