Desde 1978 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a sus miembros que el 27 de junio se conmemore el día del Trabajador estatal. Ese día, la entidad adoptó el Convenio 151, vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los empleados estatales. La Argentina aprobó casi una década después, en 1987, la ley nacional 24.185, que reguló las negociaciones colectivas en el Estado Nacional, y en 2013, por iniciativa del ATE, se aprobó la norma que conmemora esta fecha, una decisión que incluye el asueto de los trabajadores.
Este año, la fecha llega en un creciente clima “anti estatal” que se instaló en el debate electoral, con expresiones denigrantes de varios candidatos, que además prometen despidos masivos si llegan al gobierno. Además, existen muchos mitos en torno al trabajo público, en especial en provincias del interior, donde se vincula la cantidad de empleados estatales con el triunfo de los llamados “feudalismos”, aunque los datos no acompañan estas afirmaciones. Los gremios levantan la voz de los empleados en todos los niveles, y reclaman mejores condiciones de trabajo.
En el marco del Día del Trabajador Estatal, se conocieron datos del empleo público a nivel nacional. Desde el año pasado, por disposición del ministro de Economía Sergio Massa, todos los meses el INDEC publica el “informe de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional”, donde se hace una especie de radiografía del empleo público. En el último disponible, de abril de este año, se confirmó que las dependencias nacionales tienen un total 339.756 personas empleadas. Si se lo compara con los datos de octubre del 2022, la dotación bajó 1.466 trabajadores.
Según los datos, a los que tuvo acceso Data Gremial, el 38,9 por ciento de estos empleados están en la administración descentralizada, 32,1 por ciento en empresas y sociedades, 16,83 por ciento en la administración centralizada y 7,5 por ciento en la administración desconcentrada. En tanto, un 4,7 por ciento pertenece a otros entes públicos.
Desde la llegada de Massa, se entiende que no pueden darse incorporaciones al estado, y las variaciones responden a pases a planta u otros movimientos.
En cuanto a las administraciones provinciales, la discusión sobre la cantidad de empleados que tienen las jurisdicciones se metió en el debate electoral sobre todo luego del triunfo de Gildo Infrán en Formosa, donde logró su octava victoria consecutiva.
Muchos críticos de este proceso hablan de la cantidad de empleados públicos como un condicionante. Según las estimaciones, Formosa tiene 64 trabajadores públicos cada 100 mil habitantes, muy lejos de Tierra del Fuego, que encabeza esta lista con 125 por cada 100 mil, e incluso por debajo de CABA, que tiene 65 estatales por habitante.
Pero Empiria Consultores completa la información, y asegura que en esa provincial “el 70 por ciento de los empleados con aportes tiene un puesto estatal”. Las otras provincias que completan el ranking y tienen más empleo público que privado registrado son La Rioja (67 por ciento), Catamarca (65), Santiago del Estero (61), Jujuy (59), Chaco (56), Misiones (55), Corrientes (52) y San Luis (50). A nivel nacional, el 37 por ciento de los asalariados registrados desarrolla sus actividades en el sector público, según los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Contra los prejuicios
Más allá de los números, la realidad del trabajo estatal es muy variada dependiendo de la jurisdicción y los sectores. En estos años, las críticas opositoras instalaron la idea de una dotación exagerada, pero los gremios aseguran que esto no es real. En muchas dependencias faltan empleados para cumplir todas las tareas.
El año pasado, por ejemplo, en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el gremio ATE encargó a una consultora un informe sobre este tema, la cual determinó que se necesitaban al menos 500 nuevos puestos para cumplir a pleno todas las tareas. Además, en este sector la diferencia de salarios con el resto de los trabajadores del sector marca un punto de conflicto. “Jode mucho que para acomodar las cuentas del Estado sea ajustar el sueldo de los estatales, que en pandemia garantizamos hospitales abiertos, escuelas y sus comedores, ANSES que le pagó a los jubilados”, sostuvo Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC.
En diálogo con Data Gremial, Belelli remarcó que “en todos los sectores políticos, desde el gobierno nacional que nosotros respaldamos en su momento, como en la oposición, hay propuestas de políticas de ajuste”, lo que genera incertidumbre en los organismos estatales. Este ajuste, agregó, “no tiene que ver solo con arreglar el gasto público desde una perspectiva de tocar recursos, sino de tomar como opción de variable el sueldo de los estatales”.
En la ANAC, además de la cuestión de los salarios se viene reclamando un convenio colectivo propio, que permita discutir condiciones de trabajo y necesidades de puestos laborales, entre otras cuestiones.
En los últimos meses, en plena campaña electoral, se percibió un creciente clima “anti Estado”, a través de notas que denunciaron sueldos millonarios, ingresos masivos y otras supuestas irregularidades que fueron desmentidas por diversos gremios, como ATE Capital, Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) y la Unión de Trabajadores del PAMI (UTI).
Por su parte, Belelli apuntó a los referentes opositores por estas versiones: “Cuando Patricia Bullrich fue Ministra de Trabajo firmó el decreto que bajó elm13 por ciento el sueldo a los empleados públicos”. “Vemos un escenario de conflicto y tensión, aunque sabemos que son peores las opciones de derecha como Javier Milei o incluso las alternativas más radicalizadas de Junto por el Cambio”, agregó.
Crisis de ingresos
En tanto, los ingresos de los trabajadores estatales suelen estar los más bajas de las escalas, y en este contexto de inflación vienen perdiendo desde el 2015.
En este sentido, en su último informe la Junta Interna de ATE en el INDEC estableció que “la situación de los trabajadores estatales es difícil, el salario de referencia de diciembre 2015 (10.191 pesos), actualizado a pesos de mayo de 2023 debería de ser 238.134 pesos y no los magros 144.018 pesos”. En el periodo de referencia, explicaron, “la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, para el caso testigo, es de un 37,8 por ciento”. Si a esta pérdida del poder adquisitivo acumulada la ponemos en pesos actualizada, sería igual 24 Canastas Básicas Totales de nuestro caso testigo Nivel D Grado 0 del SINEP”, se quejaron.
“La pérdida salarial se sigue manteniendo, y en el último mes se profundizó, y si tomamos a los monotributistas que no reciben las suman del gobierno, es aún peor”, explicó Raúl Llaneza, secretario gremial de ATE-INDEC.
En diálogo con Data Gremial recordó que, según su último informe, “el salario mínimo que debe cubrir necesidades básicas de una familia típica es al mes de mayo, debe ser de 345.151 pesos”. Esto hace que se reclame una paritaria trimestral, además de un aumento de emergencia para todo el personal estatal.