En los primeros días del año, cuatro accidentes fatales en rutas de Entre Ríos dejaron como saldo trágico la muerte de al menos 10 personas. Ante esto, desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) emitieron un documento donde alertaron sobre el aumento de los accidentes, en un contexto de ajuste en la entidad nacional. Es que desde que asumió Javier Milei, Vialidad está “bajo asedio”, en el marco del plan motosierra que busca un fuerte achicamiento del Estado. Primero se intentó cerrar el organismo, pero los trabajadores y los gremios de base resistieron y lo evitaron. Pero el ajuste deja sin recursos ni personal a la entidad, que dejó de realizar tareas de mantenimiento en casi todos los caminos. Esto generó que en poco tiempo, las rutas empeoraran mucho sus condiciones. Así lo confirma un reciente estudio del Instituto Argentina Grande, que afirmó que el 29 por ciento de las arterias nacionales “se encuentran en mal estado”, con picos en Tucumán, Chaco y la provincia de Buenos Aires, donde según el relevamiento más de la mida de las rutas están en esa situación. Además, la entidad denunció que Vialidad Nacional apenas ejecutó la mitad del presupuesto que recibe por el Impuesto a los Combustibles, una maniobra por la cual FEPEVINA denunció penalmente al gobierno.
El trabajo del Instituto Argentina Grande confirma la denuncia de trabajadores y gremios de Vialidad Nacional, que aseguran que la falta de mantenimiento y obras desde asumió el gobierno Milei está dejando en “estado de abandono” las rutas del país. “El resultado de no invertir es el empeoramiento del estado de las rutas nacionales”, recalcó el informe, al que tuvo acceso Data Gremial. Mientras que durante la gestión anterior “el 23 por ciento estaba en mal estado, ahora el 29 por ciento lo está, lo que indica un crecimiento de 6 puntos porcentuales”. Por el otro lado, agregó el instituto, “se redujeron la cantidad de kilómetros en buen estado, que pasaron de representar el 54,9 por ciento de la red vial nacional, al 47,5 por ciento, una caída del 7,1 puntos porcentuales”. Los peores registros se dan en Tucumán, donde el 60 por ciento de los caminos están en mal estado, seguido Buenos Aires (52 por ciento y Chaco (51 por ciento).
Por estos datos, FEPEVINA viene reclamando que se declare la “emergencia vial” en todo el país. Según pudo saber Data Gremial, esta semana varios gremios de base le enviaron carta documento al actual interventor de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, al igual que otras áreas del Estado, para denunciar que la entidad “sufre un intenso recorte presupuestario”, que no le permite cumplir con sus obligaciones. Hasta ahora, aclararon las fuentes consultadas, no obtuvieron respuesta. En tanto, en Entre Ríos, el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional local, que pertenece a la FEPEVINA, apuntó a la falta de mantenimiento y a la paralización de obras como consecuencia del desfinanciamiento del organismo, que generó los accidentes fatales del inicio del 2026.
“Estamos en un contexto donde no contamos con los elementos necesarios para llevar adelante el mantenimiento rutinario que requieren las rutas. No es un problema reciente, pero se agravó con la desfinanciación”, explicó Raúl Meza, su titular, en declaraciones a medios locales. Según indicó, la reducción del presupuesto repercutió en todos los frentes: desde la adquisición de insumos básicos hasta la continuidad del personal especializado. “Entre Ríos tiene un plantel muy reducido y muchos compañeros buscan otras alternativas por las condiciones salariales”, señaló. Según el informe, Entre Ríos tiene un 44 por ciento de sus rutas en mal estado.
Sub-ejecución
Otro punto que el Instituto Argentina Grande denunció en su reporte es la sub-ejecución de los recursos destinados a Vialidad Nacional, una de las formas de profundizar el abandono. Según su relevamiento, “solo se invirtió el 46 por ciento de los fondos asignados” a la entidad, menos de la mitad de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles para su fin específico. En este sentido, se recordó que este impuesto “es de afectación específica: una parte de la recaudación (~14,25 por ciento) debe destinarse al mantenimiento del sistema vial”. “Si se compara solamente lo que la Vialidad Nacional gastó a cuenta de la fuente 1.4 (plata que deriva de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles) y el porcentaje de lo recaudado por este impuesto que debería ir al mantenimiento del sistema vial nacional, se puede ver que en el 2025 solamente se gastó un 46 por ciento de lo que se debería haber gastado por lo que le entró a Nación a cuenta del impuesto a los combustibles”, denunció el informe.
En términos concretos, el dinero que los ciudadanos pagan al cargar nafta para mantener las rutas se utilizó para lograr el “superávit fiscal” en lugar de bachear o señalizar. Cabe recordar que la Dirección Nacional de Vialidad es la encargada -a través de convenios con provincias, municipios o de obras propias- de hacer uso de estos recursos. Esta situación fue denunciada oportunamente por FEPEVINA. En abril del año pasado, la entidad denunció al titular del organismo público por “malversar fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional”.
La denuncia de FEPEVINA cayó en el juzgado de Sebastián Ramos, y es contra el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, y apunta especialmente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que se creó por ley en 2002, y que una parte se debía usar en mantenimiento de rutas.
Consecuencias
Como sucedió en Entre Ríos a comienzos del año muestra las enormes consecuencias de la falta de inversión vial. Es que la falta de mantenimiento no solo impacta en el costo logístico y el flete, sino que tiene un correlato directo en accidentes viales. Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, aclaró el Instituto, especialistas estimaron que ya en 2024 “los siniestros fatales habían aumentado un 25 por ciento respecto al año anterior”.
Al respecto, un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identifica las “maniobras bruscas” como la segunda causa de choques (38,6 por ciento). El mal estado de la calzada —desniveles y baches— es el principal detonante de estas maniobras que terminan en tragedia. Como advierte la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la inacción actual es financieramente irresponsable: reparar una ruta destruida cuesta 10 veces más que realizar el mantenimiento preventivo a tiempo.
“Para el país, el mal estado de las rutas nacionales es una pérdida de competitividad brutal”, resaltó el Instituto Argentina Grande. “Una ruta rota es un flete más caro, y un flete más caro es, inevitablemente, un aumento en el precio de la comida que llega a la góndola. La ineficiencia logística es un impuesto oculto que deben pagar todos los argentinos”, recalcaron. A esto se le suma la concesión como forma de manejo de las rutas, como lo se hizo en los 90. Este 6 de enero se firmaron los contratos para la Red Federal de Concesiones, entregando 741 kilómetros de los tramos estratégicos (Autovía del MERCOSUR y Conexión Alto Delta) a manos privadas. Las fuentes oficiales celebran la gestión de las rutas 12, 14 y el enlace Rosario-Victoria como un hito de “integración regional”. Pero trabajadores y gremios rechazan la privatización, y alertan sobre sus nefastas consecuencias.