Con su habitual estilo directo y sin medias tintas, Pablo Moyano apuntó contra el mal estado de las rutas nacionales, cuyo mantenimiento el gobierno nacional dejó prácticamente congelado, producto de la motosierra sobre el gasto público que paralizó la obra pública. El tema, central para los camioneros, no sólo aumenta los gastos de transporte, sino es un foco de corrupción, según el dirigente. “Se afanan la guita”, disparó. Los dichos apuntan a dos factores que afectan a Vialidad Nacional. Por un lado, la sub-ejecución presupuestaria y otro la retención indebida del Impuesto a los Combustibles Líquidos, destinado a la entidad pero que el ministerio de Economía retiene. En los últimos tiempos, con los reportes que marcan el deterioro sostenido de la red vial, el tema fue ganando influencia en la discusión pública. Incluso el vocero presidencial Adrián Ravier admitió este desvío durante una entrevista radial, reconociendo que una parte de esos impuestos “va a Vialidad mientras que el Ministerio de Economía dispone del resto como parte de lograr el equilibrio fiscal”. Esto, denunciado por los trabajadores viales, tiene números concretos, luego de conocerse dos informes al respecto. Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) volvieron a alertar sobre las consecuencias del programa que lleva adelante la gestión de La Libertad Avanza.
Los datos de sub-ejecución de los recursos destinados a Vialidad Nacional están en discusión, no sólo por las críticas lanzadas por Pablo Moyano. Desde hace tiempo que los trabajadores del organismo vienen alertando que esto y la retención de recursos por parte del gobierno asfixian al borde de prácticamente paralizar sus tareas.
Es que en 2024 el gasto devengado por la entidad “fue el más bajo desde 2002”, según un informe del Instituto Argentina Grande. Así, según el reporte al que tuvo acceso Data Gremial en 2025 “fue apenas 0,6 por ciento mayor a 2024”, mientras que 2026 “parece será peor que estos años: el gasto devengado en el primer semestre de este año por esta entidad cayó un 17,9 por ciento en términos reales contra el mismo período de 2024 y un 42 por ciento contra el primer semestre de 2025”.
A nivel provincial el gasto en Vialidad impactó en todas las provincias, con excepción de Jujuy y San Juan. La sub-ejecución del fondo, que se nutre del Impuesto a los Combustibles Líquidos, alcanzó el 73,8 por ciento desde que Milei asumió la presidencia. En 2024 se ejecutó “apenas el 11,3 por ciento de lo recaudado, en 2025 el porcentaje subió al 39 por ciento y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a caer al 18,5 por ciento”.
El problema de esta retención comenzó con la gestión de Milei, que retiene fondos que debían destinarse exclusivamente a la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales. Según reconstruyó el Instituto Argentina Grande, con datos a partir de balances contables y pedidos de acceso a la información pública, “el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó más de 1,5 billones de pesos desde diciembre de 2023, pero solo aplicó a obras viales una cuarta parte de ese monto”. A fines de mayo, el fideicomiso mantenía “más de 1 billón de pesos colocados en plazos fijos y títulos públicos”.
Los documentos oficiales mostraron además “un cambio de estrategia en el manejo de esos fondos”, ya que hasta mediados de 2025, la cartera del SisVial estuvo compuesta casi en su totalidad por plazos fijos en el Banco Nación. Pero a partir de una instrucción del Ministerio de Economía, formalizada en el decreto 425/2025, “la composición viró hacia las letras del Tesoro y en diciembre de 2025 el 100 por ciento de los 664.494 millones de pesos de la cartera ya estaba colocado en esos instrumentos”.
Retención indebida
El informe del Instituto Argentina Grande aportó otra dimensión del mismo fenómeno de la sub-ejecución, en tanto la Dirección Nacional de Vialidad usó apenas el 33 por ciento del monto que le correspondió por el impuesto a los combustibles, pese a que la recaudación de ese tributo creció un 91 por ciento real entre 2023 y 2025. La provincia de Buenos Aires resultó la más golpeada, con el 85,4 por ciento de la caída real del gasto vial entre 2023 y 2025, y con más de la mitad de sus rutas nacionales en mal estado, entre ellas las rutas 3, 5, 7 y 33, claves para el transporte de cargas y la conexión con los puertos.
Desde FEPEVINA, en tanto, apoyaron esos datos. Incluso sus datos están más actualizados, ya que a julio lo retenido por el gobierno nacional es 1,6 billones de pesos, según le confirmó a Data Gremial el secretario Gremial y de Prensa de la entidad, Fabián Cattanzaro. Respecto a la desfinanciación y la paralización de las tareas de mantenimiento en las rutas, el dirigente coincidió que hay dos factores claves: “La caída del presupuesto en términos reales, que está por arriba del 80 por ciento, y por otro lado el salto que pegó el Impuesto a los Combustibles Líquidos en el gobierno de Milei se volvió la principal fuente de financiamiento de Vialidad Nacional, al pisarlo nos paralizan”.
Es tan importante este recurso que según el Instituto Argentina Grande el único impuesto que recaudó más a nivel nacional comparado con 2023 en los primeros siete meses del año es justamente el de los combustibles. Lo poco que giró el gobierno d este impuesto, dicen en FEPEVINA, “se usó para pagar deuda con empresas”.
Consecuencias
Este ajuste, explicó Cattanzaro, lleva a cero programas como el de seguridad vial o mantenimiento de puentes, y genera enormes consecuencias en las rutas. Así, el deterioro de la red vial fue la contracara directa de la administración financiera de estos recursos.
El Instituto Argentina Grade se apoya en los datos de la FEPEVINA que recientemente estimó que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales “se encontraron en estado regular o malo”. Los gobernadores de Río Negro y Santa Fe describieron la situación con dureza: Alberto Weretilneck calificó las rutas de su provincia como “heridas, rotas y olvidadas”, mientras que Maximiliano Pullaro denunció que varias rutas santafesinas “ya no tienen pozos, sino cráteres”.
Mientras que el ajuste recayó sobre el mantenimiento vial, el Gobierno avanzó en un esquema de concesiones por peaje con nueve provincias, del que Buenos Aires quedó excluida. La empresa provincial AUBASA presentó ofertas para administrar más de 1.300 kilómetros de rutas y su propuesta fue rechazada por decreto. Por último, vale la pena destacar que los organismos de control previstos para fiscalizar el fideicomiso, la SIGEN y la AGN, no revisaron la ejecución del SisVial en los últimos años.
“Estamos en una situación de emergencia y venimos pidiendo que el Congreso declare la emergencia en Vialidad y que la atendamos con esos recursos que son propios. Entendiendo que una obra pública, una obra nueva, es una decisión política”, concluyó Cattanzaro.