Esta semana, las acciones sindicales se multiplicaran en diversos sectores, en el marco de un crecimiento sostenido del malestar por la situación económica y laboral. Diversos conflictos amenazan con tensar el clima social, hasta que lleguen dos jornadas donde el movimiento obrero marque expresamente su rechazo al modelo libertario. Primero, el jueves 30, la CGT encabezará una marcha para conmemorar el Día del Trabajador, que este año está cruzado por las idas y vueltas en materia de fallos por la reforma laboral. La decisión de la justicia de mantener en plena vigencia los artículos antes suspendidos generó críticas de la central obrera, que ratificó la protesta del próximo jueves. La CGT subrayó que el lema de la marcha será “Defender el empleo de calidad”. La movilización contará con la participación de gremios como UPCN, UOCRA, Sanidad, Camioneros y Judiciales, entre otros. También se espera la adhesión de movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento. Un día después, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) tendrá su plenario nacional, donde se espera que 1.500 delegados de todo el país definan un plan de lucha abierto contra el gobierno. En el medio, habrá nuevas protestas en las universidades, varias dependencias estatales estarán de paro y habrá nuevas muestras de malestar por la situación de los ingresos.
Esta semana habrá nuevas protestas en todas las universidades del país, como parte del plan de lucha que lleva adelante los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que culminará con la cuarta marcha federal el próximo 12 de mayo. A la espera de esta jornada, esta semana habrá paros y acciones de visibilización para pedir la plena vigencia de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado pero que el gobierno de Javier Milei se empecina en ignorar. Esta semana, se conocieron datos que muestran que “no es una cuestión de fondos” el incumplimiento, como suele decir la dirigencia gremial.
Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarcó que lo que el país dejó de recaudar por la eliminación de las retenciones al sector agroexportador “es el triple de lo que necesitan (y reclaman) las universidades nacionales para funcionar”, y que es foco del conflicto abierto para que el Poder Ejecutivo cumpla la normativa.
El trabajo del CEPA, al que tuvo acceso Data Gremial, apuntó que en el primer trimestre de 2026, “la recaudación por Derechos de Exportación cayó 38,2 por ciento, lo que equivale a 852.075 millones de pesos a precios constantes de marzo de 2026”. Esto es explicado fundamentalmente por la baja en las retenciones formalizada en julio 2025. Lo que se dejó de recaudar equivale a “2,7 veces el ajuste aplicado a las universidades nacionales, que acumulan una reducción de 20,8 por ciento desde 2023 (313.322 millones de pesos de precios constantes de marzo 2026)”.
“Esto demuestra que no es una cuestión de fondos, sino de decisión política”, le dijo a Data Gremial un dirigente del Frente Sindical, que esta semana volverá a protestar. Docentes y nodocentes insisten en pedir el cumplimiento de la ley, y alertan del malestar que crece. “Tenemos renuncias diarias, gente que deja la aulas para salir a buscar un segundo o tercer ingreso, es necesario que se revierta esto”, agregó el mismo dirigente. Como ejemplo de esto, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó que son 17 los meses consecutivos que los salarios caen en relación a la inflación. Lejos de cumplir la ley, el oficialismo redobla su apuesta de desoír la orden judicial.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias del gobierno nacional envió notas con intimaciones a los rectores de las universidades nacionales de todo el país, para que informen las medidas que tomaron para “asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios”. “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”, señalan desde la cartera que depende del Ministerio de Capital Humano y en el marco de un reclamo de los universitarios por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento de la educación superior pública, aprobada el año pasado y aun sin implementar.
Explican que se ha requerido a los rectores que informen “un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.
Estatales en lucha
Otro de los focos de conflicto es el Servicio Meteorológico Nacional, donde el ajuste libertario generó 140 despidos, que podrían ser muchos más si se cumple el plan de achicamiento que pretende la Casa Rosada. Ante las amenazas vertidas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, que amenaza con un nuevo achicamiento del organismo, se confirmó un nuevo paro en la entidad. “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”, señaló la dirigencia nacional de ATE.
El temor de la dirigencia es que estos cambios terminen con una privatización “de hecho” del organismo, que coincide con medidas similares tomadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde roles que cumplía el Estado se convierten en negocios de privados. El desfinancimiento del Estado venía presionando el funcionamiento del instituto pero luego de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que dispuso la eliminación de más de mil controles de calidad que realiza el organismo el escenario empeoró. Trabajadores del INTI denunciaron que el gobierno nacional pretende eliminar 1.400 puestos de trabajo. Si esa cifra se concreta los trabajadores del Inti consideran que implicaría “la disolución del instituto”.
Movilización
En este contexto, la CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril a las 15. “Marchamos porque defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino”, enfatizaron desde la central obrera.
Las tensiones siguen creciendo, y la postura de la CGT apunta a garantizar los derechos de los trabajadores; por lo tanto, su marcha es en reclamo sobre la reforma laboral. Mientras que, el gobierno defiende la reforma como un método que reducirá la informalidad laboral, mejorará la contratación y podrá generar nuevas fuentes de empleo al flexibilizar las medidas laborales a las empresas.
Por tanto, el 30 de abril se hará la marcha contra la reforma laboral de Milei, una nueva escalada en el conflicto entre gobierno y sindicalismo, que marca un debate sobre los derechos laborales y la flexibilización hacia las empresas. Por el momento, se trata solo de una marcha, pero no descartan tomar nuevas medidas y profundizar con un paro como sucedió en el mes de febrero. Se espera abrir mecanismos de diálogo en donde todos los involucrados puedan aportar sobre la reforma laboral.
Luego del paro total en sucursales del Banco Central, parece ser que las tensiones entre trabajadores y gobierno siguen en aumento. De acuerdo con los gremios, las medidas que impulsa el gobierno de Milei van en contra de la carta magna y los derechos por los que tanto han luchado los trabajadores. En su opinión, aprobar esta reforma es retroceder en la defensa de los derechos laborales. El rechazo central se debe a diversos cambios en concreto que impactan los derechos laborales históricos en Argentina. Uno de los focos centrales del conflicto es el cambio por indemnizaciones por despido, es decir, con la reforma se implementan mecanismos de alternativa que pueden reemplazar la indemnización tradicional.
Según la CGT, esto reduce la seguridad de los trabajadores ante despidos injustificados. Además, los períodos de prueba serán más amplios, lo que beneficia a la empresa, pero deja a los empleados ante inestabilidad laboral y abuso de poder por parte de los empleadores. Otro punto en contra es sobre las limitaciones a sanciones y juicios laborales que impiden que los trabajadores reclamen y cobren lo que les corresponde por ley.