En abril y octubre del año pasado, la comunidad educativa se manifestó masivamente en todo el país, contra el brutal ajuste del gobierno libertario sobre la educación superior. Las dos jornadas protagonizadas por gremios, estudiantes y rectores marcaron un hito en la resistencia del plan motosierra, que no sólo puso en duda la continuidad educativa, sino además hizo que los salarios de docentes y nodocentes por debajo de la línea de la pobreza. Pese al apoyo casi unánime a los planteos del sector, el plan de lucha no tuvo continuidad, por lo menos masivamente. Este año, e ajuste se mantiene, y las paritarias “pisadas”, que hacen que se profundice la pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, comenzaron a circular versiones de una tercera movilización, que hasta ahora no fue tratada por los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que por ahora apunta a potenciar un proyecto de ley para mejorar el financiamiento del sector, como firma de hacer frente a esta realidad. Pese a eso, los gremios integrantes del espacio realizarán medidas de visibilización la semana que viene, incluyendo una marcha por parte de la UBA y un paro de CONADU Histórica.
Las versiones en las últimas semanas hablaban de una posible tercera marcha el pasado 23 de abril, cuando se cumplió un año de la primera movilización de la comunidad educativa. Incluso se había puesto una fecha tentativa: la segunda quincena de mayo. Pero llegó el momento y no hubo acuerdo entre los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a los gremios docentes y nodocentes. “Por ahora no hay una idea de hacer una marcha nacional”, le dijo a Data Gremial una fuente de este frente, que se formó a comienzos de la gestión de Javier Milei, para enfrentar el ajuste.
Por el momento, agregó la fuente, la prioridad está en “elaborar una nueva ley que garantice el financiamiento de las universidades, cuyo gasto principal es el pago de salarios de sus trabajadores”. La propuesta será llevada al Congreso, y su objetivo es que garantice “la sostenibilidad del sistema educativo público”. "Ese va a ser el norte de nuestra lucha a partir de ahora”, confirmó Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, en declaraciones periodísticas.
En tanto, por separado los gremios preparan actividades la próxima semana, para sostener visible el conflicto por salarios y recursos. En este sentido, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) le adelantaron a Data Gremial que se sumarán a estas actividades, con distintas medidas a través de sus gremios de base.
En este sentido, ratificaron que son parte de la elaboración de este proyecto de ley, que es la base de una serie de presentaciones que se dieron en distintas universidades, que quieren que Nación garantice los recursos necesarios. A esto se le suma un proyecto elaborado por Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), pero también fue firmado por representantes de Encuentro Federal, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto. La iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, y una fórmula mixta de actualización para este año. Además, propone recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
Paro y marcha
Ante la falta de consenso para una protesta unificada, los gremios que integran el espacio lanzaron medidas propias, como las que realizará FEDUN. La más potentes será la de CONADU Histórica, que parará el 19 20 de mayo en todo el país, en este contexto de lucha. Así lo confirmó Luis Tiscornia, referente de la entidad. En diálogo con Data Gremial, explicó que la semana de protestas será “del 19 al 23 de mayo, siendo el 22 el día elegido para una marcha con la comunidad educativa de la UBA de Plaza Housayal Palacio Pizurno”.
En este contexto, en el último plenario CONADU Histórica dio mandato a la dirigencia a “coordinar esfuerzos con el resto de las federaciones docentes, nodocente y estudiantil para impulsar una marcha nacional en defensa de la universidad pública”. En este sentido, Tiscorni dijo que si bien se propuso “una movilización en la segunda quincena de mayo, no se logró una fecha exacta”.
La protesta en CABA en defensa de la universidad pública se realizará “en contra del desfinanciamiento de la educación superior y la vulneración de sus trabajadores”, y es convocada por el Consejo Superior de la UBA, los representantes de los diferentes claustros universitarios y organizaciones de estudiantes y trabajadores.
En el documento que dieron a conocer expresaron que “las universidades nacionales se encuentran nuevamente ante una grave situación económica, ya que el presupuesto para salarios y gastos de funcionamiento no se ha actualizado, prorrogándose una vez más el presupuesto nacional de 2023. Esto compromete fuertemente las funciones de extensión, docencia, investigación, transferencia y servicios de salud”. “La situación tiende a agravarse debido a la crisis a la que han llevado al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con los subsidios PICT de 2020 y 2021 sin actualizar, los subsidios PICT 2022 sin adjudicar y la convocatoria PICT 2023 sin culminar, todos ellos programas mayormente radicados en las universidades nacionales”, agregó el documento.
Pérdida salarial
Los reclamos de los gremios están apuntalados en la baja de los salarios, la cara más dramática dela falta de recursos. En este sentido, circula un informe elaborado por el Observatorio de Seguimiento del Salario de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (ADOI) de la Universidad Nacional de Villa Mercedes que estimó que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes “desde la asunción de Javier Milei en un 34,2 por ciento”. El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, afirmó que “se perdió más de un tercio de su poder de compra” en este tiempo, un número que se obtiene a partir de la comparación entre los aumentos otorgados unilateralmente por el gobierno nacional (que no realizó ningún acuerdo paritario) y lo que el informe llama ‘índice universitario’ de inflación”.
Este se calcula “a partir de la actualización de los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos en Hogares del 2017-2018 publicada por el INDEC en noviembre de 2019”, es decir, el índice de inflación que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se niega a utilizar pese a haberlo elaborado. Esta pauta de consumo da más preponderancia a los gastos que comprenden los servicios, tarifas, comunicación (internet) y transporte, que en los gastos docenes “son fundamentales”.
Según este esquema, la inflación desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 fue del 225,3 por ciento, frente a un aumento salarial docente de 114,2 por ciento: una diferencia de 111,1 puntos. En términos reales, esta es la pérdida del 34,2 por ciento que destaca el informe. Con el nuevo pico de inflación de marzo de 3,8 por ciento, la pérdida durante el primer trimestre fue del 6,5 por ciento.
Si se toma lo que el informe denomina el “índice libertario”, es decir, los números oficiales que ofrece el INDEC con la pauta de consumo desactualizada, los resultados no son tampoco tan distintos. En esa serie, el aumento de precios desde noviembre de 2023 es de 196,6 por ciento. Contra unos salarios que crecieron 114,2 por ciento en el mismo período, la pérdida de poder adquisitivo es de 27,8 por ciento, con un 5,5 por ciento de pérdida acumulada solo este año. En esta situación, para recuperar el poder de compra perdido desde noviembre, “los docentes deberían recibir un aumento del 38,5 por ciento”.