De manera unilateral, la semana pasada el gobierno nacional confirmó un nuevo ameno para docentes y nodocentes universitario. Como hizo con los estatales, la gestión libertaria decidió cerrar de forma arbitraria los nuevos incrementos pata el sector, en medio de la disputa por la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo de los gremios del sector es que la norma se aplique plenamente, lo cual permitirá no sólo mejorar los ingresos, castigados por el ajuste de los dos años anteriores, sino además garantizar el normal funcionamiento de las casa de estudio. Por eso, el anuncio del aumento sin ninguna negociación aumentó el malestar entre los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que varias veces amenazaron con medidas de fuerza en el inicio del ciclo lectivo 2026. En este sentido, calificaron como “mera burla” el nuevo aumento, ya que la suma acordada no alcanza a detener el deterioro de los ingresos. En el último informe de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) confirma que la pérdida salarial entre b2023 y 2025 se ubica en torno del 33,4 por ciento.
Mediante una resolución de la secretaría de Educación, se dispuso aplicar la paritaria el aumento de la paritaria estatal para los trabajadores universitarios, tanto docentes como nodocentes. Esto implica un incremento salarial del 2 por ciento, más un bono de 12.500 pesos para los cargos simples, 25 mil pesos para los semi exclusivos y 50 mil pesos para los cargos exclusivos.
La suba de ingresos es retroactiva a diciembre, mes en el que todavía no se había registrado ninguna suba de los ingresos. La medida generó el rechazo generalizado del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que alertó sobre la posibilidad de protestas antes de iniciar las clases. Es que además del retraso salarial, hay reclamos constantes sobre la no puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitaria, que empujan los gremios con rectores y estudiantes. “Este aumento fue realizado de forma intempestiva, autoritaria y sin negociaciones salariales por parte del gobierno”, denunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
“No vamos a aceptar nuevamente cualquier intento de imponer aumentos unilaterales, sin negociaciones paritarias y sin ningún de argumento lógico que no sea más que ajustar a los trabajadores universitarios, para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, agregó mediante un comunicado.
“Lo que venimos planteando desde FATUN y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es que la situación es muy compleja desde lo económico y financiero en las universidades públicas, no sólo por la degradación del salario sino además por la situación alarmante en el funcionamiento diario de las universidades”, sostuvo Julián Di Silvestro, secretario general de ATUNLa.
Sobre la cuestión salarial, el dirigente nodocente le dijo a Data Gremial que “va esmerilando tanto a la planta docente, estamos teniendo fuga de muy buenos profesionales lo que impacta en la calidad de la educación, como en los nodocentes, que está sufriendo el pluriempleo porque la situación económica muy grave”.
Por estas dos cuestiones, Di Silvestro alerta que “corre riesgo el normal dictado de clases en el ciclo lectivo del 2026”. “La realidad es que la universidad, con este proceso de congelamiento de los salarios y de recorte presupuestario, inevitablemente se encuentra en una situación crítica y durante este año, si no llega el financiamiento necesario, puede haber medidas de fuerza”, agregó el dirigente.
Para eso, se esperan reuniones entre los miembros del Frente Sindical, que en unidad salieron a rechazar el último aumento. “En la medida que se sigan degradando los salarios docentes y nodocentes, ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades, atentando contra más de 2 millones de argentinos que tienen en la educación superior su proyecto de crecimiento”, destacó Di Silvestro.
Nuevos datos
El nuevo aumento profundiza la compleja situación salarial del sector, que en dos años sufrió de un ajuste histórico. Así lo marcan los datos relevados por diversos informes, incluyendo los que hace la FEDUN y el CIICTI, que en estos días publicó su séptimo trabajo al respecto. Informe de Situación del Sistema Universitario, al que tuvo acceso Data Gremial, revela “datos alarmantes sobre el retroceso presupuestario y salarial que afecta a las universidades y al sistema científico-tecnológico argentino”.
En concreto, los sueldos en las universidades nacionales “cayeron un 33,4 por ciento real desde noviembre del 23”. En 2025 “perdieron un 12,7 por ciento en términos reales”. El nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 40,1 puntos desde el pico de 2011. Así, en dos años los trabajadores universitarios docentes y nodocentes “han perdido 2,52 billones de pesos (constantes de 2025), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024 y 2025”. El deterioro fue de 1,17 billones durante 2024 y se proyecta una caída de 1,35 billones de pesos durante el año en curso
En términos presupuestarios, los recursos asignados por el gobierno para el 2026 “profundizan el ajuste en el sector universitario, generando una caída del 6,8 por ciento real en el financiamiento (31,1 por ciento desde 2023 y 35,9 por ciento desde 2015)”. El presupuesto de la educación superior representará el 0,457 por ciento del PBI en 2026, contra el 0,718 por ciento en 2023. En tanto, la inversión en universidades nacionales en 2025 “cayó un 5,4 por ciento, lo que se añade al descenso del 21,8 por ciento del 2024”. Se proyecta un retroceso adicional del 6,8 por ciento en 2026, en términos reales. En el acumulado de los tres años “el financiamiento universitario se deteriora un 31,1 por ciento desde 2023”.
Por otra parte, la ejecución acumulada del ex Ministerio de Educación “caerá un 48,8 por ciento en el período 2023-2026”. Por último, la ejecución acumulada del presupuesto de la Administración Pública Nacional para el sector científico y tecnológico también “cae brutalmente, deteriorándose un 42,8 por ciento en términos reales en 2025 respecto de 2023 y alcanzando un mínimo en relación con el PBI en la serie histórica (0,167 por ciento), superando incluso el valor de 2002 (0,177 por ciento)”.
Deterioro
De esta forma, los datos marcan que el deterioro salarial se mantiene pese al aumento otorgado. Dentro de los trabajadores estatales, los docentes y nodocentes son de los que mayor poder adquisitivo perdieron en los últimos dos años, con un retroceso de entre el 35 por ciento y el 40 por ciento desde el inicio del actual gobierno. En términos reales, el recorte equivale a trabajar siete meses sin percibir ingresos, según el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Para recomponer el poder adquisitivo vigente a fines de 2023, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario, sería necesaria “una suba salarial de entre el 50 por ciento y el 58 por ciento”. Sin embargo, se quejaron, “bajo la actual orientación económica del Gobierno nacional, ese escenario aparece cada vez más distante y vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro del debate público”.
Por eso, el tema de la norma nacional que aprobó el Congreso y evitó el veto presidencial es fundamental para intentar revertir esto. Vale recordar que la Justicia respondió en diciembre a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recibió un nuevo revés. De todos modos, sigue sin implementarse. “Después de dos años de lucha, habiendo generado masivas movilizaciones y con una ley de financiamiento vigente nosotros decimos que hay una solución que es muy simple: el gobierno debe acatar el fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento”, concluyeron los gremios del sector.