La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en el ámbito sindical. En San Juan, el gobierno provincial invocó la esencialidad del servicio educativo para frenar un paro docente de 48 horas, obligando a los gremios a garantizar el 75 por ciento de la actividad.
La decisión se apoyó en el artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral, que establece a la educación como “servicio estratégico esencial”. Ante la intimación de la Subsecretaría de Trabajo provincial, los sindicatos UDAP, UDA y AMET resolvieron levantar la medida de fuerza prevista para esta semana, aunque advirtieron que se trata de un mecanismo que limita el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional.
El caso sanjuanino se da en medio de la estrategia judicial que impulsan distintas organizaciones sindicales para frenar la aplicación de la norma. En ese contexto, la justicia desestimó recientemente un amparo presentado por la CGT para impedir el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó el primer tropiezo en la ofensiva judicial de la central obrera.
Para los gremios, lo ocurrido en San Juan marca un precedente que podría replicarse en otras provincias si se consolida la aplicación de la nueva legislación laboral.
El impacto de la esencialidad
El conflicto se desató en medio de la paritaria educativa provincial. Los gremios docentes habían convocado a un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales, pero el gobierno provincial intervino aplicando el régimen de esencialidad previsto en la reforma laboral.
La normativa establece que la educación es un “servicio estratégico esencial” en todos los niveles y modalidades comprendidos dentro de la obligatoriedad escolar. Según el texto de la ley, la medida busca garantizar la “protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.
En ese marco, las organizaciones sindicales deben asegurar al menos el 75 por ciento de la prestación del servicio durante las medidas de fuerza.
Por esa razón, el subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, intimó formalmente a los gremios docentes a garantizar el funcionamiento del sistema educativo. Frente a ese escenario, las organizaciones decidieron suspender el paro.
Sin embargo, la dirigencia sindical anticipó que el conflicto se trasladará al plano administrativo y judicial.
El asesor letrado de UDAP, Daniel Persichella, confirmó que el sindicato “ya resolvió avanzar con una presentación formal contra la resolución provincial” que aplicó la esencialidad.
Según explicó el abogado, el primer paso será “presentar una impugnación administrativa contra la decisión de la Subsecretaría de Trabajo, con el objetivo de agotar las instancias dentro del Ejecutivo antes de evaluar una demanda judicial”.
Un precedente que preocupa al movimiento obrero
Para distintos dirigentes sindicales, el episodio ocurrido en San Juan constituye una de las primeras consecuencias concretas de la nueva legislación laboral y podría extenderse a otros conflictos gremiales en el país.
El dirigente del gremio docente bonaerense UDOCBA, Gustavo Salcedo, aseguró en diálogo con Data Gremial que “la reforma y la esencialidad de la educación rigen en todo el país”.
Por eso, agregó, será clave lo que ocurra en los tribunales respecto de la impugnación de la norma y de sus artículos más polémicos.
En San Juan, los gremios avanzarán con una impugnación y un recurso administrativo contra la resolución de Marchese. “La idea es agotar la vía y luego tomar la decisión de ir a la Justicia o no, dependiendo también de lo que hagan los sindicatos nacionales”, sostuvo Persichella.
Para que el tema tenga impacto en todo el territorio, sin embargo, la estrategia deberá consolidarse también a nivel nacional. En esa línea, la CGT ya presentó recursos judiciales contra distintos artículos de la reforma laboral, apoyándose en antecedentes en los que la Corte Suprema declaró inconstitucionales normas similares, como ocurrió durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
Solidaridad sindical
El conflicto docente generó además reacciones en otros sectores del movimiento obrero, que ven en la aplicación de la reforma laboral una amenaza potencial para distintos derechos sindicales.
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina expresaron su “total apoyo y solidaridad con las y los docentes de la provincia de San Juan, frente a la grave decisión del Gobierno provincial de dar por concluidas de manera unilateral las paritarias, fijando condiciones a la baja e invocando la reciente reforma laboral”.
Desde la organización sindical con sede central en esa provincia rechazaron “enérgicamente esta medida que vulnera derechos laborales básicos y atropella los mecanismos democráticos de negociación colectiva, reconocidos en la Constitución Nacional y en convenios internacionales de la OIT”.
“Tal como advertimos desde el primer momento, la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y aplicada ahora por el gobernador Orrego es regresiva, profundamente dañina para los trabajadores y trabajadoras”, agregaron.
Para Marcelo Mena Muñoz, titular de ASIJEMIN, “el primer laboratorio de la reforma laboral se inauguró en San Juan con los docentes”.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente jerárquico minero adelantó que “vamos a acompañar su lucha, a participar de la marcha y de la carpa blanca que se va a instalar en la capital provincial”.
Mena Muñoz subrayó que “en este tema no se trata de si nuestro gremio tiene buenas paritarias o si otro tiene menos poder de negociación. A la larga, la reforma laboral y este tipo de medidas nos golpean a todos los trabajadores, por eso la solidaridad es una cuestión lógica”.
Para el gremio jerárquico minero, la decisión adoptada por el gobierno provincial “es inconstitucional, en tanto desconoce la negociación colectiva como derecho protegido, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones gremiales, así como la garantía de condiciones laborales dignas”.
“Esperemos que más sindicatos se sumen a esta pelea. Es la única manera de garantizar el cumplimiento de nuestra tarea, que es proteger y representar a todos los trabajadores y sus derechos”, concluyó el dirigente.
Desde ASIJEMIN también remarcaron que ningún gobierno puede, por decreto o resolución administrativa, “anular el derecho a la negociación colectiva ni establecer unilateralmente condiciones salariales por debajo de las necesidades reales de las familias trabajadoras”.
La estrategia judicial nacional
La aplicación de la nueva legislación laboral ya motivó distintas acciones judiciales impulsadas por organizaciones sindicales en todo el país.
En San Juan, la dirigencia docente trabaja en la presentación de un recurso administrativo contra la resolución del gobierno provincial. “Calculo que el recurso entrará el lunes o el martes, porque estamos trabajando en varias cosas”, indicó Persichella.
La iniciativa será presentada de manera conjunta por las distintas organizaciones sindicales del sector. “Lo estamos trabajando con Correa Esbry de UDA y Marcelo Arancibia de AMET. Vamos a hacer un recurso administrativo para agotar la vía y dejar expedita la posibilidad judicial”, explicó el abogado.
El letrado señaló además que esta estrategia busca coordinarse con los planteos judiciales que se desarrollan a nivel nacional.
Además de la presentación impulsada por la CGT, otros sindicatos comenzaron a avanzar con iniciativas similares. Uno de los casos más recientes es el de los estatales de la provincia de Neuquén.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y de la seccional local de la CTA de los Trabajadores, explicó que decidieron esperar la promulgación de la ley para avanzar con la presentación de una medida de amparo.
“El día viernes se conoció la promulgación de la ley. Si bien el texto ya se conocía con anterioridad, para que sea ley se requiere la promulgación. Una vez dictada, los abogados terminaron de hacer un trabajo de estudio respecto de la normativa”, señaló.
“Hemos tomado esta estrategia porque en el interín podríamos tener novedades judiciales de nuestros organismos superiores. Estamos trabajando en contacto con toda esta gente a nivel nacional”, concluyó.