Al cumplirse un año del brutal allanamiento al domicilio del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, ordenado por el fiscal provincial Ernesto de Aragón, el dirigente fue citado a declarar como imputado. La decisión reaviva una causa que el propio Ministerio Público Fiscal mantuvo inactiva durante meses, y que desde el gremio señalan como parte de una maniobra de amedrentamiento judicial contra quienes encabezan la lucha popular.
ATE denuncia que la causa fue armada tras la masiva protesta del 25 de mayo de 2024, cuando trabajadores estatales se movilizaron en Córdoba contra la visita del presidente Javier Milei. En esa fecha, el mandatario pretendía concretar el fallido "Pacto de Mayo" con los gobernadores, pero la presión popular impidió el acto. Desde entonces, aseguran, se activó una ofensiva contra dirigentes sociales.
Coincidencias que no son casuales
La citación judicial contra Giuliani coincide con recientes declaraciones del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien reclamó públicamente una “ley antipiquetes” que permita a la policía actuar con mayor margen legal para reprimir manifestaciones. “No es una coincidencia. Es parte de la misma estrategia para disciplinar al movimiento obrero”, señalaron desde ATE.
Durante el allanamiento de 2024, la policía incautó teléfonos celulares de toda la familia Giuliani, incluso el de su hijo menor, de 9 años, que nunca fue devuelto. Además, el fiscal impuso al dirigente una fianza de 10 millones de pesos, cifra inalcanzable para un trabajador del SENASA que vive de su salario, denuncian desde el sindicato.
Para ATE, el mensaje es claro: quienes protesten, serán perseguidos judicialmente. “La intención es infundir miedo, aislar a los dirigentes combativos y frenar la movilización”, declaró Giuliani.
Alianza política y judicial para frenar la protesta
Desde el gremio aseguran que la ofensiva judicial se inscribe en una estrategia más amplia de coordinación entre el gobierno provincial y la administración nacional. “El cordobesismo y Milei actúan en conjunto para restringir derechos fundamentales, como el de huelga y protesta, establecidos por la Constitución”, advirtieron.
En ese marco, también recordaron que la fiscalía apeló recientemente el sobreseimiento de Giuliani y otros cinco dirigentes sociales, presentado un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia, en un intento de reactivar causas archivadas.
“Nos quieren fuera de las calles, pero no lo lograrán. La protesta social es legal y legítima, y sólo se frenará cuando se terminen las causas que la provocan: salarios miserables, despidos masivos, pobreza planificada y entrega de la soberanía”, cerraron desde ATE Córdoba.
El gremio ratificó su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores, y aseguró que, pese a la persecución, no abandonarán las calles ni las banderas de justicia social.