Una vez más, el poder de las corporaciones económicas pone en jaque a dirigentes populares, quienes enfrentan causas judiciales por ejercer el legítimo y legal derecho a la protesta. En esta ocasión, la situación involucra al secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, sobreseído recientemente en una causa armada por el fiscal Ernesto de Aragón tras una protesta realizada en 2023.
Sin embargo, la celebración del fallo de la Cámara de Acusación fue efímera. El fiscal de la misma cámara, Jorge Leiva, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitando la revisión de la sentencia. Esta acción se produjo inmediatamente después de que el G6, el grupo que concentra a las principales corporaciones empresariales de Córdoba, cuestionara la decisión judicial. Todo, cuanto menos, sospechoso...
El rol del G6 en la presión judicial
“Expresamos nuestro más enérgico repudio a la declaración emitida por el G6 que se opone a la protesta social, a la que considera un ‘privilegio’. Además, la entidad patronal afirmó que la sentencia fue ‘una decisión equivocada’, por lo que insiste en reclamar que se aplique la mano dura, a la manera que pregona Patricia Bullrich desde el Gobierno Nacional. ‘No se pueden tolerar’ estas medidas, afirma el bloque económico dominante metiendo presión al poder político y judicial para que se profundice la criminalización de los que reclaman respuestas a las demandas populares”, denunció Federico Giuliani.
El G6, integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Córdoba), la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba, junto con la Fundación Mediterránea, marca desde hace décadas la línea de pensamiento y acción en la provincia. Según Giuliani, estas instituciones garantizan un modelo de desarrollo extractivista al servicio del agronegocio.
La lucha por la libertad y la justicia social
“El poder económico habla de defender la libertad, pero sólo se refiere a la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores, sembrando pobreza y miseria a su paso. ¿Qué pasa con la libertad de los trabajadores para hacer valer su fuerza de trabajo en condiciones justas y dignas?”, cuestionó el dirigente.
Giuliani también subrayó la necesidad de redefinir el concepto de libertad: “Es hora de dejar en claro que la libertad no es solo para unos pocos, sino para todos. Nosotros defendemos la libertad de nuestro pueblo para vivir con dignidad y justicia. Y denunciamos las decisiones que toman los verdaderos dueños de la provincia y que afectan directamente la vida y el bienestar de los trabajadores y de los más humildes. Es nuestro deber defender derechos como el de la protesta que está amparado en la Constitución Nacional. Nos vemos en las calles”.
Mientras tanto, el equipo jurídico de ATE anunció que impugnará el procedimiento de casación presentado por el fiscal Leiva, argumentando que no se cumplieron los pasos procesales establecidos en el Código de Procedimiento de la Provincia. La batalla judicial continúa, pero también la lucha sindical en defensa de los derechos fundamentales.