El despido de 80 trabajadores de barrido y limpieza de la Municipalidad de Lanús desencadenó en escenas de extrema tensión y violencia en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Brasil, en el marco de una jornada donde se realizaban diferentes cortes en puntos neurálgicos del distrito para exigir la reincorporación de las personas desvinculadas.
Los manifestantes acusaron a la administración de Julián Álvarez de impulsar las cesantías y dejar a decenas de familias sin sustento. Por eso, protagonizaron varios piquetes en simultáneo como el de Puente Alsina,
La protesta fue impulsada por los ex empleados, junto a organizaciones sociales y gremiales, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que emitió un comunicado en apoyo del personal echado y en contra de la decisión de la Comuna, a la cual acusan de efectuar una política de ajuste en detrimento de mejoras en las condiciones laborales y el sostenimiento de políticas sociales en el distrito.
Críticas al intendente
La integrante de la UTEP, Florencia Aranda, cuestionó duramente al jefe comunal de Lanús al declarar que “Julián Álvarez tiene que dar marcha atrás con su decisión de dejar a 80 familias sin un plato de comida para llevar a sus casas, que deje de hacer persecución política y que vuelva a habilitar la comida de los comedores. Es un gobierno peronista, no libertario, tiene que revertir urgente su decisión”.
Los empleados despedidos señalaron que la Intendencia posee un esquema de precarización laboral sostenido en el tiempo. A propósito, Aranda reveló la existencia de un reclamo salarial que lleva meses sin respuesta y se da en un contexto de ingresos extremadamente bajos.
Al respecto, mencionó que con sueldos que apenas alcanzaban los $140 mil mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza y sin ningún tipo de estabilidad contractual ni derechos laborales básicos garantizados.
Adeudan salarios
Según los trabajadores, el Municipio posee un mecanismo de contratación que elude cualquier forma de vínculo laboral formal. En este contexto, los barrenderos mencionaron que no cuentan con contratos firmados, recibos de sueldo ni encuadre claro dentro de la estructura municipal, ya que los pagos se realizaban a través de depósitos bancarios asociados a una cooperativa cuyo funcionamiento y matrícula desconocen.
A esa situación se suma una deuda concreta y urgente, ya que Julián Álvarez aún adeuda el último salario a los trabajadores despedidos, pese a que cumplieron tareas durante todo el mes. Desde el sector remarcan que se trata de un grave incumplimiento, ya que decenas de familias quedaron sin cobrar su ingreso mensual en un contexto económico crítico. Para los barrenderos, la falta de pago no es un hecho aislado, sino parte de una decisión política que busca disciplinar a quienes sostuvieron reclamos salariales y visibilizaron la precariedad del servicio.
Para encontrar una salida al conflicto, la UTEP solicitó la “reincorporación inmediata de la totalidad de los despedidos; apertura de una paritaria o instancia de diálogo real; formalización laboral y mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo; y restablecimiento de la asistencia alimentaria en los comedores distritales.