Las tres centrales obreras tienen todo listo para salir a la calle este miércoles, y rechazar la reforma laboral, que comenzará a tratarse en el Congreso. Desde el mediodía, se espera que una verdadera multitud se acerque a las inmediaciones de la sede del legislativo, en la principal acción para frenar la norma libertaria. La CGT decidió marchar pero no parar, mientras que otros sectores, como las dos fracciones de la CTA y sindicatos combativos, preparan un plan de lucha que tendrá un fuerte impacto en la actividad de la jornada. La principal será la falta de transporte público, a partir de un paro que anunció la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Además, se espera que la cantidad de gente desborde el protocolo “anti piquetes”, que según el Ministerio de Seguridad se aplicará como en los últimos dos años.
El paro de la CATT comenzará a las 13 horas, y afectará gran parte del plan de lucha. Además, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro confirmó que se sumará a la medida, por lo que el servicio de subtes quedará interrumpido durante la movilización al Congreso. En paralelo, los sindicatos aeronáuticos como Aeronavegantes y APLA anunciaron la suspensión de vuelos, mientras que los gremios marítimos y portuarios, entre ellos SOMU y Obreros Navales, también detendrán sus actividades.
Cada sindicato aplicará la modalidad que considere más adecuada para garantizar la participación en la protesta contra la reforma laboral. Los metrodelegados, por ejemplo, paralizarán el servicio de subterráneos y premetro, mientras que los pilotos nucleados en APLA y los tripulantes de cabina de Aeronavegantes dejarán en tierra a los aviones. En el sector marítimo, el SOMU y los obreros navales frenarán la actividad en puertos y embarcaciones, mientras que los gremios viales también se sumarán con cortes y ceses en áreas estratégicas.
Colectivos
Por su parte, la UTA, gremio de los choferes de colectivos, no se pliega a esta medida nacional, aunque advirtió sobre posibles acciones en el interior por demoras en los pagos a choferes. De este modo, el paro impactará principalmente en subtes, aviones y transporte marítimo-portuario. El gremio que lidera Roberto Fernández no integra la CATT pero mantiene su propio plan de acción. El gobierno, sin embargo, se muestra intransigente. No quiere cambiar una coma del proyecto y rechaza cualquier negociación sobre el contenido de la reforma. Esa postura endurece el escenario pero también le da aire a la estrategia de la CGT, que viene haciendo un trabajo silencioso con gobernadores para trabar el tratamiento en el Senado.
Los paros por actividad que convocaron gremios como la UOM cumplen una función táctica dentro de la estrategia. Por un lado, liberan trabajadores que pueden sumarse a la movilización del miércoles 11 y ayudan a inflar la presencia sindical frente al Congreso. Por otro, mantienen la temperatura de la protesta sin llegar al desgaste de un paro general que todavía no está garantizado que sea exitoso.
Protocolo
En tanto, ante la inminencia de la jornada de lucha, el gobierno nacional adelantó hará cumplir el protocolo “anti piquetes”. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado. La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.
La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco "Paco" Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después. El protocolo fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.