Abogados laboralistas presentan una propuesta alternativa a la “Mochila Argentina” para que las Pymes generen trabajo sin eliminar las indemnizaciones

Lo presentaron ayer los abogados laboralistas Oscar Cuartango y Raúl Ferrara. Se trata de un proyecto alternativo a la “Mochila Argentina”, que planteó la UIA.

Por Redacción

07 de octubre de 2021

Los abogados laboralistas Oscar Cuartango y Raúl Ferrara desarrollaron un proyecto alternativo para incentivar la generación de empleo sin necesidad de eliminar las indemnizaciones por despidos.

La iniciativa fue presentada por videoconferencia y tiene acento en el entorno pyme y contempla la necesidad de regularizar actividades económicas, fortalecer la Seguridad Social y consolidar el rol del Estado presente.

El proyecto, en poco tiempo tendrá formato legislativo y cuenta un marcado contraste con la propuesta de la UIA motorizada por el empresario textil Teddy Karagozián, llamada “Mochila Argentina”.

“Las estadísticas revelan que a mayor flexibilización laboral, de hecho o de derecho, el empleo nunca aumentó en nuestro país, Es necesario impulsar acuerdos innovadores entre el Estado y los actores del mundo del trabajo para mejorar la situación de millones de trabajadores y trabajadoras, y hacer sostenible el sistema previsional argentino”, manifestaron en declaraciones a BAENegocios.

Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y Ferrara, vinculado a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, propician la atención al sector de pequeñas y medianas empresas, desde su rol de “principales generadores de empleo en el país”. 

“Las pymes y sus trabajadores y trabajadoras constituyen el principal colectivo afectado por la recesión y la pandemia”, sintetizó Cuartango.

Según las cifras oficiales, 7 de cada 10 empleos en Argentina se generan en las Pymes.

Los detalles del proyecto

Los laboralistas plantean una reducción de las cargas de SS, del 16 al 6%, por cada nuevo empleo nuevo que se genere o pase a ser registrado, sobre la nómina preexistente al dictado de la norma.

Dicha reducción que persistirá mientras se mantenga al trabajador empleado, enfatizaron. Además proponen la condonación de las deudas de SS, multas, causas penales y demás sanciones para los empleadores que formalicen trabajadoras y trabajadores no registrados.

Para tal beneficio la condición es que se mantenga al trabajador/a por un período no menor a aquel por el cual se lo regulariza, “o hasta que se jubile, o retire por propia voluntad, caso contrario caerá la condonación y se tornarán exigibles las deudas”, explicó Cuartango.

Dentro del proyecto plantea idéntica sanción, cuando los organismos de control detecten mendacidad en cualquiera de los datos de la declaración jurada que se deberá formular a los efectos de la condonación. “La misma no aplica en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo”, aclararon los letrados.

En cuanto a las trabajadoras/es regularizados por la condonación de deudas de SS les será reconocida su antigüedad y categoría profesional reales, respecto a todos los efectos laborales y previsionales.

Planes sociales

El trabajo de Cuartango y Ferrara dispone que para los trabajadores/as incluidos en planes sociales, nacionales, provinciales y/o municipales que accedan a un empleo en relación de dependencia y cuando se hubieran desempeñado sin registrar, estarán exentos de toda responsabilidad por los montos percibidos.

También continuarán percibiendo al 100% durante los primeros 12 meses y el 50% durante los 12 meses siguientes, “cualquiera sea el monto salarial que perciban. Y si la relación laboral se disolviera por cualquier motivo, el derecho a percibir el plan regirá de acuerdo a la normativa vigente”, acotaron los laboralistas.

“Creemos que de esta manera, los empresarios pymes se verán más beneficiados que con la eliminación de la indemnización por despido arbitrario. En primer lugar porque se ahorran el importe sobre la masa salarial que tendrían que aportar para constituir el fondo que pretende el proyecto Mochila Argentina”, enfatizó Cuartango.

A dicho escenario corresponde sumar, según los expertos, una reducción del 10% de la masa salarial de cada empleo nuevo o registrado. “Se evitarían correr el albur y la alta litigiosidad que generaría la supresión de una indemnización por despido consolidada en nuestra tradición laboral, supresión de dudosa constitucionalidad”, concluyeron.