Este miércoles -6 de octubre- habrá una concentración para rechazar la reforma judicial que aprobó la Legislatura porteña la semana pasada. Distintas organizaciones del mundo judicial, asociaciones de abogados, de magistrados, gremios, convocan a la concentración. Será en la calle Cerrito 760, frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia porteño, a las 11 de la mañana.
La modificación se aprobó con 38 votos a favor, del PRO y sus aliados, y 20 en contra, del Frente de Todos y la izquierda. Impulsó cambios que permiten apelar al tribunal superior local en causas que tramitan en la denominada justicia nacional.
La diputada del FdT Claudia Neira repasó este lunes 4 de octubre lo que ocurrió. “Hubo una situación que se dio en una comisión. Estábamos dictaminando un proyecto sobre la digitalización de las notificaciones, una cuestión totalmente formal que era residual de la pandemia”.
“Estaba a punto de firmarse el dictamen-agregó Neira- y un diputado del oficialismo planteó que se haría un agregado. Y era este proyecto que tiene que ver con modificar el procedimiento recursivo ante el Tribunal Superior de Justicia (porteño), incluyendo las causas que tramitan ante los juzgados y las cámaras nacionales. Con otras diputadas y diputados resolvimos que en esas condiciones no podíamos acompañar”.
En un comunicado, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que convoca al acto del miércoles destacó: “La aplicación de esta ley implicaría que las causas que se sustancien ante los juzgados nacionales se prolonguen en el tiempo como consecuencia de una nueva instancia. Y además que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de la Corte porteña, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras”.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, adelantó que la entidad hará un “planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad”. “No es facultad de la Legislatura porteña sino del Congreso Nacional modificar fueros, competencias y jurisdicciones legales. Es un tema grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente tiene”, remarcó Gallo Tagle.
Por su parte, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que “se abstenga de promulgar esta ley por resultar contraria a nuestro orden constitucional”. Y solicitó “la inmediata intervención del Congreso de la Nación”.
El eje del conflicto
Para comprender este conflicto hay que repasar las potestades de los tres poderes judiciales que funcionan en Capital. Por un lado está la justicia federal. Es la que tiene su sede en Comodoro Py 2002. Lleva adelante las causas de delitos federales que se cometen en la Ciudad. Lo mismo ocurre con los juzgados federales en las otras provincias. Estos crímenes son, por ejemplo: narcotráfico, lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública, lavados de activos de origen ilícito.
Luego está la denominada justicia nacional. Son tribunales heredados de la época en que la Ciudad no era autónoma. Se ocupan de los delitos que en las provincias tramitan en los juzgados provinciales. Por ejemplo: robos, asesinatos comunes, controversias comerciales y laborales. Siguen dependiendo del Estado Nacional.
En tercer lugar está la justicia porteña. Atiende las contravenciones y tiene un fuero contencioso administrativo. Revisa que las decisiones del Ejecutivo porteño y la Legislatura respeten la Constitución local. Los amparos por falta de vacantes en las escuelas o construcción de megatorres se tramitan en este fuero.
Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se volvió autónoma quedó pendiente el traspaso de la justicia nacional.
La Legislatura aprobó la reforma judicial por 38 votos a favor y 20 en contra.
¿Por qué la oposición dice que la reforma que intenta la Legislatura es para favorecer al expresidente Mauricio Macri en la Causa Correo?
El tema del correo tiene dos causas. Una se investiga en Comodoro Py por defraudación al Estado Nacional. Está en manos del juez Ariel Lijo. La otra se tramita en la justicia nacional, en el juzgado de la jueza Marta Cirulli. La magistrada se ocupó de un delito comercial. Determinó la quiebra de la empresa que tiene sede en la CABA. Si la quiebra empezara a ejecutarse, los acreedores, entre ellos el Estado Nacional, podrían avanzar sobre la firma controlante del Correo, que es Socma.
La empresa de la familia del expresidente apeló la decisión de Cirulli al Tribunal de Apelaciones de la justicia nacional. Una vez que esa instancia se pronuncie sólo quedaría la Corte Suprema de la Nación. Al incorporar el Tribunal Superior de la CABA como tercera instancia de la justicia nacional, la Legislatura intenta poner el tribunal local sobre los juzgados que aún dependen del Estado Federal. Y genera una controversia jurídica en la que deberá definir si la ley votada no viola la Constitución del país y potestades del Congreso Nacional.