El fallo que suspendió 82 artículos centrales de la reforma laboral desató una reacción furiosa en medios alineados con el Gobierno, que salieron a cuestionar al juez laboral Raúl Ojeda con un fuerte tono político, dejando en un segundo plano los fundamentos jurídicos de la resolución.
La señal A24 fue una de las más explícitas: en su graph lo presentó como “JUEZ KIRCHNERISTA”, en un intento de desacreditar la medida cautelar que, a pedido de la CGT, dejó en suspenso aspectos neurálgicos de la reforma impulsada por el oficialismo.
En la misma línea, el diario La Nación puso el foco en el perfil del magistrado y recordó que Ojeda “fue funcionario durante años en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada”, un encuadre que rápidamente fue utilizado para alimentar sospechas sobre su imparcialidad.
La decisión judicial afecta puntos sensibles como el Fondo de Cese Laboral, el derecho de huelga, el cálculo de indemnizaciones, la fragmentación de vacaciones, el pago en cuotas de despidos y disposiciones sobre teletrabajo, entre otros. En total, la reforma cuenta con 218 artículos, de los cuales 82 quedaron momentáneamente frenados.
Operación mediática para desacreditar el fallo
Lejos de centrarse en el contenido del fallo, distintos medios optaron por instalar cuestionamientos políticos sobre el juez. El eje de las críticas giró en torno a su trayectoria previa en la función pública, en lugar de discutir los argumentos legales que sostienen la cautelar.
El planteo mediático volvió a poner en escena el debate sobre la supuesta “politización” de la Justicia, en un contexto donde cada revés judicial a las reformas del Gobierno genera creciente incomodidad en el oficialismo.
Ojeda: “La Constitución parece ser un libro olvidado”
Frente a los ataques, el juez salió a responder y defendió con firmeza los fundamentos de su decisión. “La Constitución Nacional parece ser un libro olvidado, cuando es nuestra máxima guía”, sostuvo en declaraciones radiales.
Ojeda explicó que la medida cautelar se apoya en principios constitucionales y tratados internacionales incorporados en la reforma de 1994, y advirtió que la reforma laboral podría vulnerar el principio de no regresividad en materia social, que impide retroceder en derechos laborales.
“Lo que sostengo en el fallo es que habría una violación a ese principio”, señaló, al tiempo que aclaró que se trata de una evaluación preliminar propia de este tipo de medidas.
El magistrado también puso el foco en la posible afectación de la libertad sindical, protegida tanto por la Constitución como por convenios internacionales de la OIT, al considerar que algunos artículos podrían limitar la capacidad de acción de los gremios.
“Nuestro trabajo es ser guardianes de la Constitución”
Ojeda fue categórico al rechazar las acusaciones de intromisión judicial y defendió el rol del Poder Judicial frente a las leyes. “Nuestro trabajo es ser guardianes de la Constitución Nacional. Debemos velar porque las leyes se ajusten a ella”, afirmó.
Además, remarcó que la medida no es definitiva, sino que busca evitar la aplicación inmediata de normas potencialmente regresivas hasta que se resuelva el fondo del asunto, algo que —según anticipó— terminará en la Corte Suprema.
“Esta medida trae paz social hasta que se dicte un fallo definitivo”, sostuvo.
En medio de un clima de alta tensión política, el fallo volvió a exponer el choque entre la reforma laboral impulsada por el Gobierno y los límites constitucionales, mientras crecen los intentos de deslegitimar a la Justicia cuando sus decisiones no se alinean con la agenda oficial.