Con su motosierra en la mano, Javier Milei asumió su gestión con la prioridad de bajar el gasto público. El resultado fue dos años de ajuste donde la educación fue uno de los blancos preferidos. Uno de los pasos más polémicos fue eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que aportaba la Nación para equiparar los salarios en todo el país. Este ajuste se intensificará, alertaron desde Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), si se aprueba la reforma laboral. Es que con las modificaciones, se espera que se dejen de aportar unos 4 billones de pesos destinados al FONID.
Mediante un documento, la CTERA ratificó su “enérgico rechazo” al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei, y lo definió como “una amenaza directa para el sistema educativo y la dignidad de los asalariados”. Además, informó que de acuerdo a las estimaciones de su Instituto Marina Vilte estos recursos que el Estado dejaría de percibir equivalen a la deuda de 4,1 billones de pesos que la Nación mantiene con los docentes de todo el país por el FONID. El gremio remarcó que, con ese dinero, “no solo se podrían saldar deudas salariales, sino también recuperar programas hoy desmantelados como Conectar Igualdad e infraestructura escolar”.
La organización vinculó la reforma laboral con el proyecto de “Libertad Educativa”, señalando que ambos buscan poner los derechos sociales al servicio del mercado. Denunciaron que el plan del Ejecutivo busca “desfinanciar la educación pública”, que en 2025 apenas alcanzó un financiamiento conjunto del 4,1 por ciento, lejos del 6 por ciento que establece la Ley de Educación Nacional.
Derechos laborales
Además, la entidad docente exhortó a los legisladores de todos los bloques políticos a “bloquear el tratamiento de la norma en el Congreso”, argumentando que la propuesta “busca destruir derechos conquistados para favorecer intereses patronales”.
Para la CTERA, que encabeza Sonia Alesso, el concepto de “modernización laboral” que pregona el Gobierno de Javier Milei es una maniobra para “encubrir una precarización sistémica de los puestos de trabajo”. Según CTERA, el proyecto debe ser descartado íntegramente, rechazando cualquier intento de modificación parcial, ya que su espíritu elimina principios fundamentales como la justicia social y la protección del trabajador.
Números duros
Uno de los puntos centrales del rechazo es el impacto negativo en las arcas públicas. CTERA sostiene que el Gobierno subestima el costo fiscal que generará la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos previstos en la reforma. Según explica el documento, el artículo 163 propone bajar los aportes del rubro servicios y comercio del 20,4 al 17,4 por ciento, y del 18 al 15 por ciento para el resto de los empleadores privados. Solo este ajuste impositivo implicaría una pérdida del 0,462 por ciento del PBI, restando fondos vitales a la seguridad social y al ANSES. Además, sumando otras reducciones, como en el Impuesto a las Ganancias y aportes a obras sociales, el costo fiscal alcanzaría el 1,278 por ciento del PBI.
Finalmente, CTERA detalló los puntos más peligrosos de la reforma para la vida cotidiana de los trabajadores: Precarización de condiciones (flexibilización de vacaciones, horarios y eliminación de recargos por horas extras); fin de la indemnización (desaparición del concepto tradicional de indemnización para ser reemplazado por fondos financiados por los propios empleados); persecución a la protesta (restricciones severas al derecho a huelga, limitaciones a las asambleas y penalización de las acciones de protesta gremial).