Mientras el Senado de la Nación se prepara para debatir la Ley de Modernización Laboral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a insistir con un ambicioso proyecto que busca modificar la resolución de los conflictos laborales, que fue enviado por el titular del Ejecutivo bonaerense, Axel Kicillof: la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Perjudicial (ICLOP)
La iniciativa, que fue enviada a la Cámara Alta provincial, fue defendida por el ministro de Trabajo, Walter Correa, y establece, principalmente, que ningún empleado podrá presentar un reclamo ante la Justicia sin haber atravesado por este proceso previo orientado a la conciliación. Es decir, facilitar el acuerdo entre las partes sin el desgaste judicial y económico que representa el trámite ordinario.
Además, incluye la creación del Registro de Conciliadores Laborales, que estará bajo el mando de la cartera que encabeza Correa y la de Derechos Humanos para actuar como el espacio desde donde se designarán los profesionales responsables de conducir estas audiencias.
Todo eso se da en un contexto donde, según registros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en 2023 se iniciaron 92.535 causas laborales, en tanto que el acumulado entre 2007 y 2023 totaliza 1.445.286 expedientes, lo que produce una saturación del fuero laboral.
En ese sentido, Correa graficó que “hoy tenemos un cuello de botella de 100 mil juicios laborales que podemos descomprimir” e instó públicamente a la Legislatura a que comience a tratar el proyecto.
“Tenemos un proyecto planteado, está recontra bien fundamentado”, dijo al tiempo que agregó: “Estamos esperando que la Legislatura de la provincia se haga cargo del mismo”.
¿Cómo funcionará?
El ICLOP podrá ser recurrido gratuitamente por el trabajador y sus derechohabientes e incluye la creación de un Fondo de Financiamiento para cubrir los costos operativos del sistema, bajo la premisa de evitar que las tasas sean trasladadas a los trabajadores.
Además, contempla sanciones por incomparecencia injustificada a las audiencias, tanto para empleadores como para trabajadores, a fin de garantizar la eficacia del mecanismo.
Asimismo, trasciende que la presentación del reclamo ante el ICLOP suspende los plazos de prescripción, y una vez agotada la instancia, el reclamo puede ser judicializado si no se arriba a un acuerdo, dentro de los 20 días hábiles desde que comenzó el procedimiento. La intervención del conciliador se extiende por ese lapso, salvo acuerdo o causas de fuerza mayor.
Finalmente, puntualizaron que el acuerdo alcanzado puede ser homologado, registrado y archivado como resolución firme, dándole validez jurídica similar a una sentencia.
Proyecto de Ley ICLOP by elesencialredaccion
Los antecedentes
El ICLOP tiene como antecedentes normativos la Ley Nacional de Mediación Civil y Comercial (24.573), el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) de Nación, la Ley 13.951 de la provincia de Buenos Aires, y mecanismos similares implementados en provincias como Río Negro y Santiago del Estero.
De hecho, según datos de la Suprema Corte, en 2023, el 51 por ciento de las causas laborales se resolvieron por acuerdo conciliatorio.
Críticas a la reforma laboral libertaria
Walter Correa cuestionó la propuesta del Gobierno porque “nada tiene de moderno que los trabajadores y trabajadoras trabajen 13 horas por día”.
El funcionario consideró que “la gran apuesta de una reforma laboral debería ser la incorporación de las y los trabajadores a la economía formal”. “No se puede pensar una reforma laboral que deje afuera a los trabajadores y beneficie de manera arcaica a los empresarios, que siempre estarán dispuestos a ganar más”, finalizó.