Luego de una primera reunión que había culminado sin acuerdo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires selló este viernes un entendimiento salarial con la mayoría de los gremios docentes y estatales, en el marco de las paritarias bonaerenses. El acuerdo contempla una suba del 4,5% en el bolsillo.
Las partes habían mantenido un primer encuentro el martes pasado, cuando las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta inicial del Ejecutivo provincial por considerarla “insuficiente”. En aquella instancia, la administración de Axel Kicillof había ofrecido una suba del 1,5%, lo que motivó el pase a un cuarto intermedio.
Una oferta mejorada destrabó el acuerdo
Las negociaciones se retomaron este viernes, con una serie de reuniones virtuales desarrolladas en La Plata. A las 14 fue el turno de los sindicatos docentes y, posteriormente, se llevaron adelante los encuentros con los representantes de los trabajadores estatales.
En ese marco, el Ejecutivo bonaerense presentó una oferta salarial superadora, que logró el aval del grueso de las organizaciones gremiales.
Así, el ofrecimiento del gobierno bonaerense consistió en una suba del 1% por el mes de diciembre (tomando como base los sueldos de octubre), más un 0,5% proporcional correspondiente al sueldo anual complementario (SAC) que ya se abonó, más un 2% por enero.
Según detallaron fuentes oficiales y gremiales, esta combinación implica para el mes de febrero una mejora del 4,5% en el ingreso de bolsillo respecto del último salario percibido.
Aval mayoritario de estatales y docentes
Entre los gremios estatales que decidieron aceptar la propuesta se encuentran la Seccional Buenos Aires de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCNBA), la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense.
En el ámbito educativo, cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) dieron su conformidad al ofrecimiento. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), en tanto, informó que someterá la propuesta a consulta de las bases antes de anunciar una definición.
El contexto fiscal, bajo presión
Tras el acuerdo, desde la Provincia advirtieron sobre el complejo escenario fiscal que atraviesa la administración bonaerense, como consecuencia del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y de la fuerte caída de la recaudación.
“A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones”, señalaron fuentes oficiales. En ese sentido, remarcaron que la gestión de Axel Kicillof prioriza el diálogo con las organizaciones gremiales y continuará por ese camino.
Quiénes participaron de la negociación
En las reuniones virtuales participaron funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo provincial. Por el Ministerio de Economía estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels. Por el Ministerio de Trabajo, intervino el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.
También formaron parte del encuentro la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y la directora general de Administración del IPS, Carmen Sarra.
Oxígeno para un año complejo
De esta manera, la administración de Axel Kicillof consiguió algo de oxígeno en el inicio de un año que se presenta complejo. A mediados de diciembre, el gobernador había recibido a los gremios en la Casa de Gobierno bonaerense y se comprometió a convocar a paritarias en enero, tal como finalmente ocurrió.
En aquel encuentro, Kicillof ya había advertido que la Provincia atraviesa una crisis económica profunda, con destrucción de empleos, cierre de empresas y una pérdida sostenida de recursos, tanto para el Estado provincial como para los municipios.
Además, el Ejecutivo bonaerense volvió a denunciar el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas, una situación que, según señalaron, generó una deuda acumulada con las y los bonaerenses que asciende a $12,9 billones.