Denuncian que el neolibertario Diego Valenzuela busca cerrar un local de Easy en Caseros por un negociado inmobiliario: 67 puestos de trabajo en riesgo

El cuerpo de delegados y organizaciones políticas alertaron que el intendente y candidato a senador por LLA impulsa el cierre del local mediante una ordenanza que habilita la venta del predio para desarrollos inmobiliarios. La medida pone en riesgo 67 puestos de trabajo y desata el rechazo de vecinos y gremios que advierten sobre un negociado a espaldas de la comunidad.

Lunes, 18 de agosto de 2025 11:51

El futuro de 67 familias de Caseros pende de un hilo ante la avanzada inmobiliaria impulsada por el intendente neolibertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Delegados de la tienda local de la cadena Easy denunciaron que una ordenanza aprobada en los últimos meses habilita al jefe comunal a quedarse con los terrenos donde funciona el comercio, lo que podría derivar en el cierre del local y en la pérdida de las fuentes de empleo.

Reclamo de los trabajadores

El cuerpo de delegados del Sindicato de Empleados de Comercio en Easy Caseros expresó su profunda preocupación por la venta de tierras públicas en el distrito, donde se encuentra el predio en el que opera la empresa. Señalaron que esta decisión los afectaría directamente en caso de despidos o traslados, y exigieron que se respeten los derechos de los más de 67 trabajadores, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad.

“No solo está en riesgo la estabilidad laboral, sino también la organización familiar y económica de cada compañero, que tiene que afrontar gastos fijos todos los meses como alquiler, transporte y alimentación. Además, la incertidumbre puede generar problemas de salud como ansiedad o depresión”, remarcaron.

Los delegados explicaron que ya realizaron presentaciones en el Ministerio de Trabajo de Tres de Febrero, en Villa Bosch, que depende de la provincia de Buenos Aires, y se encuentran a la espera de una respuesta. También participaron en audiencias en el Concejo Deliberante y en manifestaciones junto a vecinos de varias localidades contra la venta de terrenos públicos.

“El Estado debe garantizar el derecho al trabajo y no favorecer los intereses inmobiliarios en detrimento de las fuentes laborales y del espacio verde que reclaman los vecinos. Ninguna familia sin trabajo, ningún trabajador sin su puesto de trabajo”, concluyeron.

Apoyo político y rechazo a la medida

El partido Unidad Popular de Tres de Febrero expresó su solidaridad con los trabajadores y denunció que la ordenanza aprobada por Valenzuela tiene como único objetivo favorecer negocios privados. “No al cierre de Easy. Valenzuela consiguió la ordenanza para vender esos terrenos o que se los quede el municipio, seguramente para negociados inmobiliarios, dejando a 60 familias sin empleo”, señalaron en un comunicado.

El proyecto aprobado por el Concejo Deliberante habilita la venta de distintos terrenos municipales en Caseros, Ciudad Jardín y Altos de Podestá, con el argumento de destinarlos a desarrollos inmobiliarios. Entre ellos se encuentra el predio del Easy, ubicado en pleno centro cívico de Caseros. Allí la concesión vencería en 2026, lo que permitiría la transformación del terreno para la construcción de viviendas y otros edificios.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca “promover el acceso a la vivienda y financiar obras de infraestructura”, presentándola como un motor de desarrollo económico para el distrito. Sin embargo, la oposición y organizaciones sociales advirtieron que el plan se diseñó “a espaldas de la comunidad” y que pone en riesgo puestos de trabajo históricos.

Trabajo o negociado

El conflicto refleja la tensión entre un modelo de desarrollo urbano centrado en la especulación inmobiliaria y la defensa de los derechos laborales y sociales de los vecinos. Para los trabajadores, la venta de tierras públicas bajo el argumento del progreso esconde un negociado que atenta contra la estabilidad de decenas de familias.

Mientras tanto, crece la presión sobre Valenzuela y el Concejo Deliberante, que deberán dar respuestas a un reclamo que ya se hizo sentir en la calle: que no se pierda ni un solo puesto de trabajo en Caseros.