El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente utilizar los fondos destinados a los jubilados para intervenir en el mercado cambiario, una acción que podría estar vinculada a operaciones fuera del control estatal. La acusación fue presentada por la Asociación Civil “Arco Social” y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Franco Picardi. En ella se acusa a Caputo y a Fernando Bearzi, director ejecutivo de la ANSES, de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Un manotazo para contener el dólar
La denuncia detalla que el Gobierno habría recurrido a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo destinado a garantizar los haberes de los jubilados, para operar en el mercado de bonos y contener la suba del dólar financiero. En este sentido, la acusación plantea que esta estrategia afecta directamente el patrimonio del FGS y vulnera la confianza pública en su gestión.
Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación denunciante, explicó: “Esta medida resulta urgente, dada la vinculación de las personas involucradas con estructuras offshore y la posibilidad de que dichos recursos sean desviados a vehículos financieros fuera del control estatal”. Según la denuncia, Caputo, cuando asumió su cargo (el mismo que detenta hoy) durante el gobierno de Mauricio Macri, no informó su vinculación con una sociedad offshore en la que fue accionista, lo que generaría un conflicto de intereses al utilizar fondos públicos para operaciones financieras.
Díaz Pascual también cuestionó la falta de transparencia en la administración de los recursos, advirtiendo que el uso del FGS para operaciones especulativas podría derivar en una desviación de los fondos destinados a los jubilados. “La participación de funcionarios públicos en sociedades offshore plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos estatales, lo que resulta incompatible con los principios de integridad y responsabilidad que deben guiar el servicio público”, subrayó.
Vínculos offshore de los denunciados
Además, la denuncia hace hincapié en que el manejo de los fondos del FGS debe estar sujeto a un control riguroso, dado que cualquier desvío de estos recursos afectaría no solo al Estado, sino también a la población más vulnerable, como los jubilados. En el escrito presentado ante la Justicia, se solicita la inmediata implementación de mecanismos de control y supervisión para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. “Cualquier manejo indebido de estos fondos se traduce en perjuicios concretos para este sector vulnerable de la población”, sostiene el escrito.
El escándalo también está relacionado con la relación de Caputo y Bearzi con sociedades offshore. Bearzi, actual titular de la ANSES, trabajó previamente para Noctua Partners II LP4, una firma con sede en Miami y Delaware, y con negocios en las Islas Caimán. Este vínculo con empresas offshore refuerza las dudas sobre la transparencia de las decisiones de ambos funcionarios. Caputo, por su parte, fue accionista de la misma sociedad, lo que genera un conflicto de intereses al estar a cargo de la administración de recursos públicos sin haberlo informado al asumir el cargo.
La denuncia subraya que el uso de los fondos del FGS para operaciones en el mercado cambiario no solo pone en riesgo la estabilidad del sistema previsional, sino que también atenta contra la confianza pública en la gestión del dinero de los jubilados. En este contexto, Díaz Pascual destacó: “La disposición de fondos del FGS hacia vehículos offshore configura un claro perjuicio económico al patrimonio estatal, afectando no solo el interés del Estado, sino también la confianza de la ciudadanía en la correcta administración de los recursos”.
Este caso ha generado una gran preocupación, ya que pone en evidencia la falta de controles sobre el uso de fondos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados. En este sentido, la asociación solicitó una medida cautelar que impida que el Gobierno continúe utilizando los recursos del FGS de esta manera, hasta que se logre una investigación más profunda sobre las operaciones realizadas y sus implicaciones legales.