Sergio Búfalo, titular de la empresa de seguridad Pitbull SA, denunció ante la Justicia un episodio de extrema gravedad: según su presentación, el 15 de julio fue citado a una confitería de la localidade Temperley por Marcelo Fernández (secretario adjunto de SUTCAPRA) y Cristian Rolón Gatti (secretario de organización del mismo gremio), quienes lo habrían presionado para que retire a su personal del convenio colectivo de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y los inscriba en el de SUTCAPRA.
De acuerdo a la denuncia (que tramita a través de la IPP N° PP-07-00-032586-25/00 del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora), los dirigentes sindicales lo habrían amenazado con escraches, bloqueos de accesos y movilizaciones si no accedía. Búfalo sostiene que el convenio que aplica su empresa —el 507/07 de UPSRA— es el que corresponde por ley a la actividad, y que SUTCAPRA no tiene personería gremial fuera del partido de La Plata. Incluso afirma que registró en audio toda la conversación, material que aportará en la ampliación de la denuncia.
Grave acusación contra dirigentes de SUTCAPRA: empresario denunció que lo “apretaron” para que cambie a su ... by Matías Tagliani
Un gremio que ya fue denunciado por presiones a la misma empresa
Este no sería el primer episodio de hostigamiento hacia Pitbull. En una causa anterior, la inspectora Mónica Parra de la delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo bonaerense y el delegado Carlos Sidán de SUTCAPRA fueron denunciados por intentar obligar a la empresa a aplicar el convenio colectivo de SUTCAPRA, pese a que la organización carece de personería gremial fuera de La Plata.
Esa situación derivó en acusaciones contra Parra por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al intervenir en un ámbito para el que no tenía competencia y en coordinación con un sindicato sin representación legal en la jurisdicción.
Un fallo que confirma los límites territoriales de SUTCAPRA
La denuncia de Búfalo encuentra respaldo en un antecedente judicial relevante: una sentencia del Poder Judicial de la Nación en la causa “SUTCAPRA c/ Glignac S.R.L. s/ acción de amparo” dejó asentado que el gremio sólo posee personería gremial en el partido de La Plata, careciendo de representación en el resto del país, incluida la provincia de Buenos Aires fuera de ese distrito.
En esa misma causa, el propio Cristian Rolón Gatti —uno de los denunciados por Búfalo— admitió ante la jueza que el sindicato no tiene personería gremial fuera de La Plata, lo que reforzaría la ilegalidad de presionar a empresas de otras localidades para que apliquen su convenio.
Empresarios, convenios y deudas millonarias
Paralelamente, fuentes de UPSRA CAP señalan un entramado de relaciones entre SUTCAPRA y ciertos empresarios del sector nocturno que incumplirían las leyes laborales. Uno de ellos sería Carlos López, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas, Bares y Boliches de la Provincia de Buenos Aires (CEDIBBA) y dueño del boliche “Changaná” en San Martín.
Según testimonios recabados, López, junto a un hombre que se presenta como “Ale Grande” —quien diría ser gestor del REBA—, ofrecería a locales nocturnos los servicios de la empresa de seguridad Bull Cap, que aplica el convenio de SUTCAPRA. De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso este medio, Bull Cap tendría una deuda superior a 197 millones de pesos en aportes y contribuciones (según una carta documento que le enviara UPSRA), y pagaría a sus trabajadores en blanco apenas $20.000, cuando el convenio de UPSRA establece un salario bruto de $48.240, según denunció Alejandro Capalbo, representante de UPSRA CAP.
Lobby y gestión en la sombra
Fuentes empresarias sostienen que Alejandro Grande se presentaría como intermediario capaz de agilizar trámites ante el REBA, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense y regula la venta de bebidas alcohólicas en la provincia. Junto a López -según denuncia UPSRA CAP-, estarían vinculados a la promoción de Bull Cap, pese a las deudas que le imputan y a que pagaría por debajo del convenio vigente para la actividad.
Estas prácticas, de confirmarse, configurarían un doble perjuicio: para los trabajadores, que ven vulnerados sus derechos laborales y salariales, y para las empresas que cumplen con la ley, que enfrentan competencia desleal por parte de firmas que reducen costos incumpliendo obligaciones.
Un caso que puede sentar precedente
La causa iniciada por Sergio Búfalo contra altos dirigentes de SUTCAPRA no solo apunta a un presunto apriete gremial, sino que expone un sistema de presiones y vínculos que excede a un conflicto puntual. Si la Justicia confirma las acusaciones, quedaría al descubierto un modus operandi que combina coerción de SUTCAPRA sobre empresas, convenios aplicados fuera de jurisdicción y redes empresariales con prácticas irregulares.
En este escenario, la respuesta judicial y administrativa será clave para definir si se trata de un hecho aislado o de un patrón de comportamiento que se repite en el sector.