El conflicto judicial que envuelve a SanCor Cooperativas Unidas Limitadas sumó un capítulo decisivo: el fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel, solicitó el procesamiento de los dos últimos presidentes del Consejo de Administración de la láctea por el presunto delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La maniobra denunciada comprende 33 períodos fiscales y un monto total retenido y no depositado que asciende a $1.644.440.882,68, según surge del dictamen fiscal.
El pedido recae sobre José Pablo Gastaldi, quien presidió SanCor entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y sobre Alberto Eduardo Sánchez, quien lo sucedió entre noviembre de 2022 y enero de 2024. Ambos están acusados de haber retenido aportes jubilatorios y de obra social descontados a los trabajadores, sin ingresarlos a los organismos correspondientes dentro del plazo establecido por ley.
Una denuncia iniciada por trabajadores
El caso comenzó formalmente el 29 de diciembre de 2023, cuando operarios de la planta de Sunchales denunciaron ante la justicia provincial la falta de depósito de sus aportes previsionales. La causa pasó luego a la órbita federal. A esa presentación se sumó, en febrero de 2024, otra denuncia de trabajadores de la planta de Don Torcuato, tramitada inicialmente en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro y luego remitida también a Rafaela. Ambas investigaciones fueron acumuladas.
Durante 2025 se realizaron las verificaciones fiscales sobre los períodos 2018–2024, constatándose múltiples meses sin depósitos y sin planes de regularización vigentes. De acuerdo con ARCA-DGI, SanCor actuaba como agente de retención y percepción de los aportes, por lo que su incumplimiento activa la figura penal del artículo 7 del Régimen Penal Tributario.
Los hechos imputados
El fiscal imputó a Gastaldi 17 hechos correspondientes a los períodos 02/2020–04/2020, 09/2020, 08/2021–12/2021 y 01/2022–08/2022. Los montos retenidos y no ingresados van desde 14 hasta más de 53 millones de pesos por mes.
A Sánchez se le atribuyen 16 hechos comprendidos entre 09/2022 y 01/2024, incluyendo períodos en los que los montos superaron los $100 millones mensuales. En enero de 2024, por ejemplo, el aporte no depositado ascendió a $146.665.998,32, incluyendo aportes jubilatorios y de obra social.
Ambos dirigentes se negaron a declarar en sus respectivas indagatorias del 12 de noviembre de 2025, pero tampoco rechazaron los hechos detallados por el Ministerio Público.
Fiscal federal pidió el procesamiento de todos los directivos de SanCor por una deuda previsional que super... by Matías Tagliani
Responsabilidad penal y rol de los directivos
El dictamen destaca que, según el estatuto de SANCOR remitido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el presidente del Consejo de Administración es el representante legal y máxima autoridad de la cooperativa. Bajo ese marco, Onel concluyó que la responsabilidad penal recae directamente sobre quienes ejercían ese cargo al momento de los hechos.
El fiscal fundamentó también que la cooperativa contaba con facultades de administración plenas y que la dirección empresarial —incluyendo decisiones financieras— dependía de los presidentes, quienes habrían tomado decisiones que derivaron en el incumplimiento sistemático.
Un pedido de procesamiento y medidas de coerción
El fiscal solicitó al juez federal de Rafaela que procese a Gastaldi y Sánchez según el artículo 306 del Código Procesal Penal. Además, pidió imponer la medida de coerción prevista en el artículo 210 inciso “a”, consistente en la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.
Valoró, no obstante, que ambos imputados tienen arraigo, carecen de antecedentes y se presentaron voluntariamente a la indagatoria, por lo que no solicitó medidas más gravosas como prisión preventiva.
Próximos pasos
Con el dictamen ya remitido al Juzgado Federal de Rafaela, será el magistrado quien deba resolver si dicta el procesamiento de los directivos de SanCor. La causa penal se da en un contexto de fuerte crisis productiva y financiera en la cooperativa, sobre la cual el gremio lechero ATILRA viene denunciando reiterados incumplimientos laborales y salariales.
El expediente continúa en trámite y podría derivar en nuevas imputaciones si se detectan otros períodos impagos o responsabilidades adicionales dentro de la estructura directiva.