Conocida por impulsar el lobby anti bloqueos de la mano de Patricia Bullrich y Florencia Arietto, y también por encabezar una empresa que repartió 500 millones de pesos en cheques sin fondos, la ex Pro y ahora diputada nacional libertaria, Verónica Razzini, propuso restringir de manera drástica el derecho huelga, un antecedente más para su prontuario antiobrero.
A tono del proyecto de ley de reforma laboral, la ahora legisladora violeta propuso establecer la obligación a preavisos largos, subordinar asamblea al empleador, habilitar despidos con causa y penalizar cualquier medida que exceda la “cesación de tareas”.
De esta manera, Razzini retoma el espíritu del DNU 70/2023 que busca aplastar los derechos sindicales para cumplir con los intereses de las patronales, quienes se mostraron entusiasmados con esta iniciativa.
La iniciativa de la rosarina está centrada en restricción, sanciones y límites procesales que buscan arrancar años de conquistas de los trabajadores.
¿Qué plantea el proyecto?
En primer lugar tiene como objetivo establecer, en caso de una medida de acción directa, un preaviso fehaciente al empleador y a la autoridad de aplicación, con una antelación mínima de siete días hábiles. Ese trámite tiene que precisarlas causas, el objeto, el alcance territorial y personal, así como la fecha, hora de inicio y modalidad de la medida. Una vez recibido el preaviso, la autoridad convocará de oficio a una instancia de conciliación obligatoria por un plazo improrrogable de 10 días hábiles, tal como lo prevé la ley vigente. Asimismo, para la realización de las asambleas el plazo es de tres días de anticipación
Ambas cuestiones deben cumplir con procedimientos estrictos cuya omisión las declaran “nulas” y hasta ilegales. Y, como respuesta, las compañías quedan habilitadas a realizar sanciones disciplinarias, despidos con causa y acciones civiles o penales cuando las huelgas no cumplan cada uno de estos requisitos formales.
En el mismo saco de supuestos incumplimientos e ilegalidades, ponen medidas tradicionalmente conocidas como los quites de colaboración, el trabajo a reglamento y las ralentizaciones. Es más, cualquier reunión sin permiso del empleador, puede ser tomada como “interrupción injustificada del débito laboral”.
A pedir de boca de los empresarios
Totalmente envalentonado, con este proyecto, el empleador tendrá la potestad, “el derecho divino”, de no abonar los salarios en ningún caso, aun si la huelga es declarada legítima o si el conflicto deriva de incumplimientos patronales. Dicho panorama, destruye décadas de doctrina laboral y vulnera el carácter alimentario de los sueldos.
También se consideran ilícitos los actos de violencia, sabotaje, daño a instalaciones o bienes, intimación o amenazas, así como el incumplimiento de coberturas mínimas en servicios esenciales y de importancia trascendental.
El planteamiento de la allegada de Patricia Bullrich tiene una base del DNU 70/2023 y del decreto 340, que fueron rechazados y suspendidos por la Justicia. Y, aunque parezca más increíble, va más lejos con la extensión “servicios de importancia trascendental” y elevando al 75% la cobertura mínima obligatoria en servicios esenciales.
Comprende a los servicios esenciales como aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población,por lo que un paro o cualquier otra medida de fuerza no podrá implicar la interrupción total de la prestación.
No obstante, para los servicios de importancia trascendental, entre los que figuran el transporte público, la educación obligatoria, los servicios bancarios y financieros, la distribución de combustibles, las telecomunicaciones y la administración de justicia, se exige garantizar una prestación mínima del 50 % de la actividad normal y habitual durante la huelga.
Asimismo, numerosos especialistas advierten que este planteo desconoce estándares internacionales de la OIT: si bien la organización admite regulaciones, mencionan que también la huelga es una herramienta legítima de defensa colectiva y que las restricciones no pueden vaciarla de contenido.
En tanto, Razzini puntualizó que se inspira en los marcos normativos de España e Italia, donde los paros están regulados con preaviso obligatorio, definición de modalidades ilícitas y mecanismos para garantizar servicios mínimos. A modo de ejemplo, en España, el Real Decreto-ley 17/1977 exige “preaviso y faculta a la autoridad a fijar medidas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, mientras que en Italia la Ley 146/1990 establece la obligación de prestaciones indispensables y crea una comisión independiente para supervisar los conflictos y aplicar sanciones”.
El proyecto cita que “la OIT no promueve un derecho de huelga irrestricto; valida la necesidad de su regulación”.
¿Quién es Razzini?
La diputada nacional, muy allegada a Patricia Bullrich y Florencia Arietto, se hizo conocida por encabezar el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), organización dedicada a litigar contra protestas sindicales y a promover fallos judiciales contra bloqueos y medidas de fuerza.
Cabe destacar que es dueña de Materiales Razzini, uno de los corralones más importantes del Rosario con casi 70 años en el mercado. Sin embargo, en el último tiempo, sufre dificultades financieras con más de 500 millones de pesos en cheques rechazados.
Ahora, de estar en el PRO durante años, pasó a engrosar las filas libertarias en la Cámara de Diputados.