A principios de septiembre, organismos provinciales y nacionales junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectaron condiciones laborales inhumanas en dos predios de Pozo Borrado, en el límite de Santa Fe con Santiago del Estero.
Tal como informó Data Gremial, se constató la presencia de 31 personas —incluidos dos menores— que trabajaban 10 horas diarias, de lunes a lunes, a cambio de $300.000 quincenales, monto al que se les descontaba la comida.
Los trabajadores dormían en el suelo, en carpas improvisadas, sin acceso a agua potable ni baños. Solo contaban con tachos para sus necesidades fisiológicas. Tampoco tenían medios de comunicación ni posibilidades de abandonar el lugar. Varios eran analfabetos y algunos carecían de documentos de identidad.
La Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, abrió una causa por reducción a la servidumbre y trata laboral, tras una denuncia presentada por la ex AFIP (Arca).
La Isabelina SA y los vínculos con Vicentin
Según reveló LT9, Uno de los campos allanados, de más de 5.300 hectáreas pertenece a La Isabelina SA, tal como consta en el Boletín Oficial del 22 de julio de 2025. La sociedad está presidida por Federico Castellarin, con Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente, y Carina Leticia Galarza y Roberto Joaquín Vicentin como directores.
El mismo boletín informó que el 23 de junio la empresa había renovado autoridades. En esa lista aparecen apellidos estrechamente asociados a la familia Padoan y Vicentin, históricamente ligados al grupo cerealero y hoy investigados por múltiples causas de corrupción y fraude.
Antecedentes judiciales de la familia Padoan-Vicentin
La vinculación de estos apellidos con causas judiciales no es nueva. En marzo de 2025, Máximo Javier Padoan y Cristian Andrés Padoan fueron imputados junto a otros 13 directivos de Vicentin SAIC por administración infiel, con un perjuicio estimado en más de 890 millones de pesos. La maniobra incluía desvío ilegal de fondos de empresas del holding para pagar abogados y fianzas judiciales.
Un año antes, en 2023, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían imputado a Máximo Padoan como miembro de una asociación ilícita destinada a defraudar a productores, clientes y bancos. En ese expediente se investigan balances falsos para ocultar la situación de default del grupo.
En paralelo, el juez federal Julián Ercolini citó a 23 directivos, entre ellos miembros de la familia Vicentin, por la defraudación al Estado nacional en créditos incobrables otorgados por el Banco Nación. La acusación del fiscal Gerardo Pollicita establece un perjuicio de al menos 264 millones de dólares.
Operativos y organismos intervinientes
El procedimiento del 4 de septiembre fue encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), y contó con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
En paralelo a la denuncia por trata laboral, los operativos constataron prácticas de desmonte ilegal en bosques nativos categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques.
Un emporio quebrado y un modelo en crisis
El caso de Pozo Borrado vuelve a poner bajo la lupa a las familias que controlaron Vicentin, la cerealera que en diciembre de 2019 declaró “estrés financiero” y en febrero de 2020 ingresó en concurso preventivo de acreedores. El proceso judicial, plagado de dilaciones, avanza hacia el cramdown, mientras los directivos enfrentan causas penales por fraude, administración infiel y defraudación al Estado.
Ahora, el escándalo de los 31 trabajadores hallados en condiciones de esclavitud moderna en un campo de su propiedad suma un capítulo más a la historia de uno de los mayores colapsos empresariales del país.