Un total de 31 trabajadores rurales, entre los que estaban dos adolescentes, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos de la provincia de Santa Fe, donde eran sometidos a extensas jornadas laborales, alojados bajo precarios techos de nailon, sin acceso a agua potable y eran obligados a hacer sus necesidades en baldes: identificaron a dos responsables de las fincas y quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación de en los hechos.
Es más, la crueldad no terminaba ahí, ya que, en ambos casos, las víctimas estaban incomunicados, muchas no tenían documentos y hasta eran analfabetas.
Las personas explotadas pudieron ser liberadas a partir de una investigación realizada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, quien determinó las acciones necesarias para allanar los predios ubicados sobre la Ruta Provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia.
Todo comenzó el 4 de septiembre cuando el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) , cuyo presidente es el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, y personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) efectuaron un procedimiento en un campo identificado como establecimiento Santa Ana, a pocos kilómetros con el límite de Santiago del Estero.
Prácticamente esclavizados
Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños, es más, solo tenían tachos para hacer sus necesidades, y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
De esos testimonios surgió que los peones no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.
La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como La Revancha e Isabelliana S.A., donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los propios funcionarios.
Ordenaron allanamientos y procedieron al rescate
Frente a esa situación, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.
Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a un total 31 personas alojadas en las condiciones referidas.
Brindaron contención
Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
También se dio intervención a Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes último por la tarde, además de resguardar a todas las personas identificadas como víctimas por la fiscalía, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.