Luego que una diputada nacional denunciara un intento de volver aponer en marcha alguno de los efectos del DNU 340, los gremios de la marina mercante salieron a alertar que el gobierno “intenta restituir los efectos negativos” del rechazado DNU. Lo hace a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Desde el sector gremial, el capitán Mariano Moreno advirtió que "hay un capricho en desregular la marina mercante, y es que quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos". “Javier Milei parece haberse declarado en guerra con la Marina Mercante”, agregaron.
Desde el inicio de su gestión, el presidente que prometió “liquidar el Estado” no dejó de apuntar contra la navegación fluvial, la marina y la pesca: primero con la Ley de Bases, que incluyó un capítulo sobre la desregulación pesquera; luego con el DNU 70/23, que declaró “esencial” la actividad; continuó con la modificación del Régimen de Navegación (REGINAVE), que eliminó figuras históricas como la del sereno de buque y los baqueanos; y más recientemente, con el DNU 340/25, que intentó abrir las aguas argentinas a banderas extranjeras.
Ahora, el Ejecutivo vuelve a la carga contra los trabajadores marítimos. Desde el sector gremial, se denunció una maniobra encubierta para aplicar medidas de apertura y flexibilización laboral que violan las decisiones del Congreso Nacional. Se trata de la resolución 41/25 de la ANPyN, publicada el 9 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial. La norma busca restituir, de manera solapada, los efectos del Decreto 340/25, recientemente rechazado por el Poder Legislativo. La medida altera el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley 19.492) y a la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, reemplazando el sistema de publicaciones y consultas previas por un mecanismo de simple declaración jurada. Esto habilita la operación de buques extranjeros en tráficos reservados a embarcaciones de bandera argentina bajo el argumento de “falta de disponibilidad”.
División de poderes
"Es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados", denunció el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo. El dirigente advirtió que detrás de esta política hay un objetivo económico claro, "creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales", explicó.
"Si pusieran el mismo esfuerzo que dedican a inventar estas maniobras en generar desarrollo e industria, el país ganaría tanto que no tendrían que preocuparse por los salarios de los trabajadores. Pero no, prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino", concluyó.
Reclamo formal
En ese marco, explicó que la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), que agrupa a los principales gremios del sector, elevó una nota formal a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) el 15 de septiembre de 2025, denunciando la emisión de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje Nacional y el incumplimiento de la Ley 27.419 por parte de las empresas beneficiarias.
El documento señala como casos emblemáticos los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambas unidades de bandera paraguaya, a las que se otorgaron sucesivos permisos de excepción a favor de Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y la Agencia Marítima Nabsa S.A. para operar en puertos argentinos con tripulación extranjera, en presunta violación al artículo 30 de la Ley 27.419, que establece la obligatoriedad del embarque de personal argentino.
En su presentación, la Federación calificó la reiteración de certificados a las mismas embarcaciones y empresas como “llamativa, por no decir sospechosa”, y solicitó a la ANPyN intimar a Mediterranean Shipping Company S.A. a cumplir con la normativa vigente, garantizando la presencia de tripulantes argentinos en los buques operativos bajo régimen de excepción.