El gobierno quiere cambiar la Ley de Financiamiento Universitario: Gremios lo rechazan

El oficialismo ingresó el proyecto que reemplaza la norma aprobada por el Congreso, y quiere que se trate en las sesiones extraordinarias. El Frente Sindical de Universidades Nacionales aseguran que “comprometen el normal inicio de clases”.

Viernes, 13 de febrero de 2026 16:49

El gobierno nacional finalmente extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.  Según circuló por diversos medios, el decreto que contempla la determinación será firmado esta noche y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. “La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante fuente. Lo cierto es que el decreto intentará atenuar al sector universitario, cuyas autoridades reclama una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tiene lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

Si bien el reglamento de la cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía. El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.

Rechazo

En la previa a que el gobierno confirmara que busca reemplazar la ley de financiamiento, los gremios del sector ya anunciaron su rechazo. Para fijar postura, el Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió este viernes en la sede de la CONADU para “coordinar y construir una posición común de cara al ciclo colectivo que comienza y a la necesidad de implementación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario”.

En ese encuentro, el espacio acordó rechazar la Ley de Reforma Laboral y exhorta a los diputados a que “no la aprueben; repudia la represión que permitió que el congreso sesionará en aparente normalidad; y exige la urgente convocatoria a paritarias para recuperar lo perdido desde que Milei asumió como presidente”. “En los últimos dos meses tuvimos 0 por ciento de aumento salarial con una inflación creciente. La discusión salarial es con los sindicatos en la mesa”, agregaron. Además, como vienen haciendo, se reclamó “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”. En estas condiciones el Frente Sindical Universitario declara que está comprometido “el normal funcionamiento de las universidades en todo el país”. Cabe recordar que la norma tras ser aprobada por las dos cámaras del Congreso fue vetada por Javier Milei; y el Congreso rechazó el veto presidencial. A eso le siguió la promulgación del Poder Ejecutivo pero anunciando que se incumpliría porque en la norma no se explica de dónde se tomarían los fondos para financiarla.

Junto a rectores

Antes de dar este paso, el gobierno intentó destrabar la situación junto a rectores. Así, el gobierno de Javier Milei, a través del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, decidió acercarse a los rectores de las 70 universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y les propuso un “placebo fiscal” que resuelva una parte de la asfixia de fondos que atraviesan, a cambio de bajar la cautelar judicial que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

El oficialismo destinará 4,8 billones de pesos a las casas de estudio superiores y, de acuerdo a la Ley de Financiamiento vigente (sancionada dos veces por el Congreso y vetada dos veces por el presidente), deberían ser 7,2 billones pero, además, debería saldarse lo adeudado en gastos de funcionamiento desde diciembre de 2023 y los salarios de los docentes y nodocentes que llevan acumulada una pérdida de más de cien puntos contra la inflación desde que asumió Javier Milei.

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