A la espera del debate parlamentario por la reforma laboral, desde el peronismo ya trabajan en una “contrarreforma” que busque mejorar la situación de los trabajadores. La encargada de coordinar este proyecto es la diputada nacional y referenta judicial Vanesa Siley, que articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria, como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, la elaboración de esta propuesta, que incluye la mejora de los salarios, reducción de la jornada laboral y otras mejoras. Según se adelantó, se busca una estrategia legislativa coordinada entre ambas cámaras para unificar la postura opositora frente al proyecto del Ejecutivo.
El fundamento político del proyecto es explícito: para el PJ, la reforma laboral de Javier Milei no generará empleo, sino que implicará una reducción de derechos y un cambio regresivo en la protección social. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico”, señaló Siley. “El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen”, sostuvo la diputada.
El proyecto parte de un diagnóstico: los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, falta de tiempo de descanso y deterioro de la salud física y mental. Según el borrador que trabajan en el PJ, la pérdida del poder adquisitivo llevó a la expansión de la pluriactividad laboral, la informalidad y nuevas formas de trabajo asociadas a las plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia de eso, la clase trabajadora está tomando más de un empleo o de actividades”, indicaron fuentes que trabajaron en el borrador.
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En consecuencia, el aumento de horas trabajadas para compensar bajos ingresos deja menos tiempo para la vida personal y genera mayor desgaste. A esto se suma el deterioro de la salud, no solo por los accidentes laborales, sino por el estrés, la fatiga y el impacto en la salud mental. Sobre estos tres ejes se estructura la contrarreforma: cambios en materia salarial, en la extensión de la jornada laboral, licencias, negociación colectiva, trabajo en plataformas y una nueva regulación tecnológica.
Uno de los capítulos más destacados es la recuperación del poder adquisitivo. El proyecto plantea que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Según datos oficiales, mientras el salario mínimo es de 338.400 pesos, la canasta supera el 1.257.000 pesos, una diferencia que, para el PJ, muestra el incumplimiento de la ley. Si bien el texto no fija un monto específico, reclama restituir el sentido “vital y móvil” del salario mínimo.
La propuesta exige respetar las paritarias libres, sin topes ni restricciones, defendiendo la negociación entre sindicatos y empleadores. Esta posición contradice la política del Gobierno, que promueve acuerdos atados a productividad, lo que los gremios interpretan como un límite encubierto a la negociación. Además, se establece que el salario deberá ser abonado íntegramente en dinero, en pesos o cualquier otra moneda reconocida, dejando fuera la opción de pagos en especie, alimentos o vivienda, como contempló la propuesta oficial.
Jornada laboral
Otro pilar es la reducción de la jornada semanal, actualmente de 48 horas, propone llevar a 42 horas, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en el mediano plazo. El fundamento, para el PJ, es claro: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo y reducir cargas sin afectar la producción. Desde el PJ, rechazan la propuesta oficial de habilitar jornadas de hasta 12 horas mediante bancos de horas. “Es un absurdo retroceder dos siglos, como plantea el Gobierno. Hoy, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la digitalización permiten una reducción de la jornada laboral. Esto es algo que tiene que ver con la lógica, no con lo ideológico”, afirman fuentes partidarias. Para la oposición, menos horas de trabajo significan más descanso y mejor salud, elementos que consideran centrales en la legislación regulatoria.
La contrarreforma amplía la licencia por paternidad: de los dos días actuales a 90 días, igualando la cobertura con la licencia materna. El financiamiento, como ocurre con el caso de las mujeres, surge de la ANSES y se incluirá a los monotributistas, eliminando el costo para los empleadores. “Si el Estado financia la licencia del nacimiento, debe hacerlo para todas las familias, sin importar el tipo de empleo”, sostienen en el PJ. Se establece la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores, integrados por representantes sindicales y empresariales, con técnicos en seguridad e higiene laboral y especialistas en salud mental. Estos comités abordarán riesgos físicos y riesgos psicosociales, señalando que lo laboral ya no puede concebirse sin perspectiva de salud mental.