El plan de lucha federal de los estatales inicia en Córdoba: confirman un paro para el 5 de febrero

La seccional de ATE de esa provincia confirmo que como parte del plan de lucha que anunciaron los gremios estatales nacionales y el grupo de gremio reunidos de la UOM, ese día harán la primera protesta y movilización contra la reforma laboral.

Jueves, 29 de enero de 2026 14:20

En la última reunión del Frente de Sindicaros Estatales Nacionales, se definió un paro nacional contra la reforma laboral, una medida que será acompañada por protestas en las provincias, donde los gobernadores pretenden acompañar el proyecto del oficialismo. La medida fue acompañada por los gremios que se encolumnaron con el líder de la UOM, que ratificaron esta idea. Esta “federalización” del plan de lucha tiene su primera fecha: el 5 de febrero en Córdoba. Así lo definió este jueves la seccional de ATE en esa provincia, cuando se realice un paro nacional y movilización en la capital provincial.

En este marco, el secretario general Córdoba, Federico Giuliani, remarcó la importancia de que Córdoba sea el epicentro de la primera movilización: “Es muy importante que se elija a Córdoba como punto de partida, el 5 de febrero, para exponer al gobernador Martín Llaryora y plantearle con la movilización que si le da los votos a Milei para esta reforma laboral antipopular y esclavista, hecha a medida de la clase empresarial y de las multinacionales, va a tener un costo político”.

La iniciativa es parte del Plan Nacional de Lucha contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, calificada como una propuesta “regresiva que avanza a espaldas de las y los trabajadores y que pretende arrasar con derechos históricos conquistados con años de organización y pelea colectiva”. “Que arranque en Córdoba no es menor. Acá nació el Cordobazo. Hay un ADN de lucha que tenemos que reactivar para reagrupar al campo popular en la resistencia contra este gobierno”, agregó el también titular de la CTA Autónoma local.

Rol de los gobernadores

El plan de lucha anunciado por los espacios combativos apunta a llevar las protestas a las provincias, donde se pueden “juntar los votos” que necesita el gobierno. “Los gobernadores tienen que saber que en los territorios la organización popular les va a recordar que si son cómplices de la entrega de nuestra Patria, no van a poder caminar tranquilos por las calles de nuestra Córdoba”, dijo Giuliani.

El dirigente también subrayó que estas jornadas son parte de un proceso que busca llegar fortalecidos al tratamiento de la ley en el Congreso: “Estas acciones sirven para calentar motores y construir una movilización popular que intente quebrar la hegemonía de la clase dominante, que quiere ajustar y quitar derechos a la clase trabajadora”.

Desde ATE Córdoba reafirmamos que, si las conducciones tradicionales no convocan a un paro general, serán las organizaciones sindicales combativas las que impulsen la lucha: “Desde abajo para arriba y desde las provincias al puerto. Para nosotros es un orgullo aportar a la unidad en torno a la lucha y darle volumen a la enorme conflictividad social, sindical y ambiental que atraviesa la Argentina”.

Nuevo frente

Esta protesta se enmarca en la creación de un nuevo espacio, el Frente de Sindicatos Unidos, que reúne a entidades de las tres centrales obreras. “Lo primero que hay que resaltar es la conformación de este Frente de Sindicatos Unidos, por fuera de las centrales obreras. Sindicatos del sector privado y estatal que venimos planteando que con este gobierno fascista, de ultraderecha y entregador de la soberanía nacional no se dialoga: se lo confronta en la calle”, subrayó Giuliani.

 La medida de fuerza para febrero fue resuelta junto a un amplio arco de sindicatos combativos del sector estatal y privado, que se reunieron el miércoles 28 en la sede de la UOM, y que también definieron una nueva jornada de lucha el 10 de febrero en Rosario. Las organizaciones denunciamos que este proyecto “sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”, por la magnitud de los retrocesos que introduce: ruptura de la negociación colectiva, restricción del derecho de huelga, legalización de la precarización, techo salarial, ataque a los sindicatos y financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social, entre otros puntos gravísimos.