Una de cada tres manifestaciones fue reprimida, 1.216 personas fueron heridas en represiones a las manifestaciones y 93 personas detenidas a lo largo de 60 marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia hasta el mes de noviembre de 2024. Estos son tan solo algunos de los datos e índices registrados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quienes monitorearon e investigaron el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer año de gobierno .
Amnistía Internacional tomó estos datos y elaboró su propio informe al cual llamó “Disenso en riesgo”, donde ubicó cuatro tópicos: Uso excesivo de la fuerza, Prensa en riesgo, Discurso criminalizante por parte de las autoridades y un abordaje cuantitativo sobre los “Números e imágenes que dejó la represión”. La respuesta de la ministra Patricia Bullrich no tardó en llegar: “Están del lado de los delincuentes”.
El informe también remarca que en “todas las manifestaciones hubo despliegue policial desproporcionado en número y recursos tanto en el lugar de convocatoria como en las zonas aledañas, cuyo objetivo se centró en el control del espacio público por parte de las fuerzas represivas”.
Además expresan que dicha represión fue “selectiva”, donde la mayoría de los hechos se relevaron cuando se movilizaron las organizaciones sociales, piqueteras o de partidos de izquierda.
Y continúan: “En el desarrollo de estas movilizaciones, las fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a manifestantes. En la mayoría de las detenciones se imputaron delitos como atentado y resistencia a la autoridad o daños; figuras delictivas que, por la escala penal que contempla, implica la rápida liberación de las personas detenidas”.
La respuesta de Patricia Bullrich
“No entienden nada, un país que hace 25 años que tenía piquetes, con la gente extorsionada, yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza”, expresó Bullrich en respuesta a la ONG y continuó: “Logramos terminar con eso, con la mínima violencia, que salgan con un informe así, están del lado de los delincuentes, es así de claro”.
Y retomó:“¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros, que le sacaban parte de su salario?”, criticó la exministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri y aseguró que no comprenden la seriedad de la problemática por tener “una mirada alejada de lo que le pasa a la sociedad”.
Desde Amnistía también expresan que lo relevado durante el 2024 permite advertir que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en particular los movimientos sociales, políticos y sindicales.
“El informe de AI es pura ideología, la de proteger siempre a los victimarios”, dejando de lado “a los 46 millones de argentinos víctimas de piquetes y extorsiones”, concluyó Bullrich.
La Comisión por la Memoria (CPM)
La Comisión por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia.
Desde sus inicios, generó instancias de encuentro entre el estado y la sociedad civil, desplegando acciones en todo el territorio de la provincia y luego en todo el país. Partió de la premisa de considerar a la memoria como un campo plural en permanente conflicto y bregó por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que iluminara la lucha por los derechos humanos en el presente.
Denuncias de tareas ilegales de inteligencia
El pasado 2 de enero la CPM denunció tareas ilegales de inteligencia durante la manifestación del pasado viernes en el sitio de memoria ex ESMA en reclamo por el vaciamiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social, la CPM registró la presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad”, expresaron, y remarcaron que al momento de requerir información a los encargados del operativo sobre esa situación desde la Policía de la Ciudad respondieron que todo su personal estaba identificado y que esa personas no estaban a su cargo.
La denuncia también señala que ese día hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio.
En esa línea, concluyeron que estas tareas de inteligencia pudieron tener "como objetivo la reunión de información de orden política y social”, en el contexto de una manifestación pública realizada por trabajadores de la ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban.
“Estás acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y DDHH que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti”, finalizaron.