En el marco de las elecciones nacionales de la Asociación de Personal Directivo de Ferrocarriles de Argentina (APDFA), que agrupa a personal jerárquico de ferrocarriles y puertos, que por primera vez irá a internas entre el oficialismo -que está representado por la Lista Gris que encabeza el actual Secretario General, Adrián Silva-, y la Lista Verde y Blanca, que llevan a Leonardo Salom -actual dos del gremio- encabezando la boleta, crecen las denuncias por la falta de transparencia por parte del oficialismo de cara al comicio de esa entidad sindical .

Se trata de la abogada laboralista Verónica Quinteros, asociada a la CTA de Ricardo Peidro, que sigue sumando denuncias en su contra y ahora fue vinculada con la directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Mónica Flora Risotto, de quien recibió el aval para diversas maniobras de la lista oficialista, como la manipulación de padrones electorales, no permitir el voto de los fiscales, entre otras irregularidades.

La letrada, que también fue señalada por desmanejos e irregularidades por el manejo de fondos del Gremio, ya habría sido denunciada en el Colegio de Abogados de la Capital Federal por falta al código de ética profesional, ya que si bien cobra del gremio Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos de Argentina (APDFA), se dedicó a gestionar ante la cartera laboral para evitar las observaciones al proceso electoral en favor de la oficialista Lista Gris, influir en la Junta Electoral, mientras arremetió contra los dirigentes agrupados en la alternativa, la lista Verde y Blanca.  

Según supo este medio, ahora, los observadores de la elección del Gremio ferroviario y portuario pusieron el foco sobre el aval de Risotto a diversas maniobras de la lista Gris, como la manipulación de padrones electorales, no permitir el voto de los fiscales, entre otras maniobras poco claras, que tendrían como fin enmarañar el proceso electoral para influir en el resultado

Más denuncias

Diversos líderes apuntaron contra la representante legal de la lista oficialista por su “absoluta desidia ante las normas financieras del sindicato e imparcialidad en el proceso electoral”. Especialmente, los críticos -tanto del propio oficialismo como opositores- se recuestan sobre la fuerte ascendencia que la voz de la abogada, cerca a los partidos de la izquierda, tiene sobre Silva y la forma en la que se pagan sus honorarios. 

Quienes conocen los números del gremio señalan un dato curioso, se calculan que, en los últimos tiempos, los costos y erogaciones en torno a su asesoramiento legal rondarían los 17 millones de pesos. Sus críticos apuntan que “el gasto más grande del gremio es en el pago por honorarios, comisiones, litigios y asesoramiento legal”.

En los últimos tiempos, APDFA fue noticia por algunos hechos de violencia, como cuando se impidió el ingreso al Gremio de los dirigentes de la lista opositora, y por la decisión del Ministerio de Trabajo Nacional de ordenarle la suspensión de un Congreso Ordinario y otras irregularidades en el proceso electoral que se estaba sucediendo. En todas esas situaciones, la cara, la voz y la pluma oficialista fue de la abogada del gremio, Verónica Quinteros, que asumió el rol que el Secretario General al justificar y explicar su accionar.

Quinteros aprovechó su trabajo en APDFA para crear una red de abogados “contra la persecución gremial”, dedicado a los panfletos contra líderes peronistas y de otros gestiones de gobierno y fue clave en la participación del gremio dentro de la CTA, espacio recientemente abandonado.