Tras la medida del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba de mantener como sanción la licencia sin goce de sueldo a aquellos trabajadores que decidan no vacunarse ni presentar un PCR como estipula el protocolo, éstos empleados han presentado un amparo federal. 

"Es en defensa de los derechos y garantías de rango magno que han sido avasallados por una resolución autoritaria y contraria, apuntando al artículo séptimo y a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos", explicó Fabián Moscovich, representante de los empleados judiciales que no se quieren vacunar. 

"La resolución del TSJ atacada desde lo constitucional y por la Asociación de Magistrados de Córdoba no tuvo eco ni la respuesta que debió tener, dada la situación en cuanto a los derechos elementales que están en juego", agregó. 

Según el letrado, no es que se trata de personas antivacunas en general, sino que "están ejerciendo el derecho de consentir o no un tratamiento o experimento médico científico" y eso es "un derecho constitucional".

Moscovich dijo que sus representados quisieron ingresar a trabajar, pero al no tener la vacuna fueron "expulsados, discriminados y los han dejado sin alimento a ellos y a su familia".