En la víspera del 1° de mayo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ejecutó una nueva tanda de despidos que dejó sin empleo a 113 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La notificación llegó vía correo electrónico, apenas horas antes del feriado, replicando una modalidad que se volvió marca registrada de la actual gestión: sin previo aviso, sin diálogo y en el marco de un ajuste estructural que impacta directamente en áreas sensibles del Estado.
Los despedidos formaban parte de programas públicos orientados al desarrollo productivo y la inclusión social. Entre ellos se encontraban Banco de Herramientas, Manos a la Obra, Argentina Recicla, Economía Circular, Talleres Formativos y Comercialización y Mercados de Cercanía. Estos espacios venían trabajando con poblaciones vulnerables en todo el país, articulando proyectos de economía popular, capacitación y acompañamiento comunitario.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que los cesanteados incluso habían aprobado el examen de idoneidad implementado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Aun así, sus contratos no fueron renovados. La mayoría estaba bajo la modalidad del “artículo 9”, una forma de planta transitoria sin estabilidad ni derecho a indemnización.
Una política de vaciamiento
La delegada de ATE Capital en la SENAF, Ingrid Manfred, advirtió que los despidos no son aleatorios. “Pettovello apuntó especialmente contra compañeros que venían trabajando desde hace años con cooperativas y asociaciones en los barrios. Son quienes sostuvieron los proyectos socioproductivos con más trayectoria en el territorio”, sostuvo.
Además de los 113 despidos, otras 130 personas de planta permanente fueron informadas del traslado a la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, no recibieron ningún detalle sobre su futura función ni destino. La incertidumbre es total.
Uno de los testimonios más contundentes es el de Paula Blaser Manzo, quien trabajó durante 15 años en distintas áreas del ex Ministerio de Desarrollo Social. En un descargo público expresó: “Sólo me dejaron pasar a retirar mis pertenencias”. Blaser formaba parte de la Coordinación de Formación Integral, donde diseñaba y articulaba capacitaciones en territorio con perspectiva de género y mirada inclusiva.
Un modelo de Estado en retirada
El recorte en Capital Humano se enmarca en un plan más amplio del gobierno de Javier Milei, que ya acumula más de 45.000 despidos en el sector público. En el área social, la cifra ronda los 3.000 desde diciembre. La política de “reducción del Estado a su mínima expresión”, como la define el oficialismo, avanza sobre sectores estratégicos para la contención y el desarrollo comunitario.
“Esto no es solo un ajuste fiscal. Es un proceso de disciplinamiento interno y estigmatización hacia fuera. Buscan desmantelar el Estado y criminalizar a quienes lo defienden”, advirtieron desde ATE. Frente a este panorama, los gremios mantienen el estado de alerta y denuncian una persecución sistemática contra los trabajadores y trabajadoras del sector público.