Trabajadores Clínica Privada del Niño y la Familia de San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Quilmes, denuncian que ese centro médico está llevando adelante un proceso de despidos masivos en plena pandemia. Los empleados aseguran ser echados sin causa y sin indemnización alguna.

“La clínica despidió a personas que tienen 25 años de servicios acá, a otros que llevan 14 años, a otros que llevan seis años y a ninguno de ellos les pagó un peso de indemnización”, denunció ante el portal local Brown On Line uno de los trabajadores despedidos. 

A tres empleados despedidos del mismo sector la clínica les envío exactamente la misma carta documento. “Además, nos debían todos los aumentos otorgados en paritarias. No nos pagaron un peso de nada y no nos responden las cartas documentos”, agregó la misma fuente.

Como llamativa contrapartida, la clínica muestra avances en su estructura. En abril pasado anunció la ampliación del área de traumatología y resonancia magnética. Lo hizo a través de Alejandro Poli, secretario general de la Federación Argentina de Remiseros (FAREM), señalado por los trabajadores como verdadero dueño del lugar, cuya cara visible es el abogado Diego de la Moneda.

“La Federación sigue trabajando e invirtiendo en la salud y la cultura del trabajo”, dijo Poli en un posteo en las redes, donde jamás menciona la sangría de trabajadores echados sin siquiera recibir un apercibimiento ni sanción algunas ni suspensión. Por eso, todos los despedidos se encaminan a un inexorable juicio por el pago de la indemnización.

Al tiempo que la clínica despide sin razón, en la web oficial de la federación de remiseros, Alejandro Poli se deshace en elogios hacia el personal. “Tenemos un enorme recurso humano que hace la diferencia al resto”, se lee un textual de Poli en una publicación de febrero de este año.

La lista de despedidos

En total denuncian que se trata de 23 despidos: 7 empleadas y empleados administrativos, 7 enfermeras, un cocinero, 6 mucamas, un técnico en electrocardiograma y una técnica en laboratorio.

A la mitad de ellos los despidieron este año y al resto el año pasado, siempre en pandemia”, contó uno de los cesanteados.

Más irregularidades

Los trabajadores informan que la clínica usó el REPRO del gobierno nacional (18 mil pesos por mes por cada trabajador) para luego completar, en cómodas cuotas, el sueldo de los empleados, a quienes tampoco les pagaban el aguinaldo. “Fuera de eso, el maltrato al personal es constante”, dicen los empleados.

Ubicada en Padre Mario Lourhia (Calle 843) 2416, también es denunciada por los despedidos respecto de ciertos manejos, como firmar con el sello del jefe de guardia las consultas atendidas por otros profesionales, facturaciones truchas por millones de pesos. “La secretaria hace los certificados defunción, los firma y le pone el sello del director de la clínica”, denunció otro trabajador.