“En el promedio, se ahogan los enanos”. La frase recorre los pasillos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y sintetiza, con crudeza, una preocupación que atraviesa cada vez más al sector fabril: la supuesta mejora de algunos indicadores macroeconómicos no logra ocultar el deterioro que padecen miles de empresas. La realidad productiva, lejos de acompañar el relato de recuperación, muestra una aceleración de los cierres, las quiebras y la destrucción de empleo.
En ese marco, 2026 amenaza con convertirse en un año récord histórico para el cierre de pymes formales, con una fuerte caída del empleo registrado y un crecimiento de los concursos de acreedores y las quiebras. Para los empresarios, el problema ya no se limita a las firmas más pequeñas o menos competitivas: la crisis comienza a golpear también a las compañías con mayor trayectoria, tecnología y personal capacitado.
El escenario expone una paradoja cada vez más difícil de ocultar: mientras la estabilidad macroeconómica y algunos indicadores de actividad muestran una recuperación, una parte importante del entramado industrial se encuentra al borde del colapso.
Récord de concursos y una ola de cierres
Solo hasta junio de este año, 132 empresas formalmente constituidas se presentaron para informar su proceso de quiebra inminente si la realidad productiva no cambia.
El número adquiere una dimensión todavía mayor cuando se lo compara con los registros históricos. Según datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, durante todo 2025 se concursaron 190 pymes en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que, en apenas seis meses de 2026, ya se alcanzó casi el 70% de esa cifra.
El dato también supera el registro de 2020, el año de mayor impacto de la pandemia, cuando 106 empresas llegaron a esta instancia judicial vinculada con la ruptura de la cadena de pagos.
La situación podría ser todavía peor hacia fin de año. Distintas entidades empresarias estiman que unas 3.000 industrias registradas podrían cerrar durante 2026, a las que se sumarían emprendimientos informales.
El cuadro incluye una virtual ruptura de la cadena de pagos, con empresas que llegan a esperar hasta medio año para cobrar, mientras deben afrontar salarios, impuestos y costos operativos en forma inmediata.
Para Germán Pizzano, titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el deterioro generó un “estado de cesación de pagos socialmente instalado” dentro del universo pyme.
El especialista reclamó una respuesta urgente para evitar la quiebra y el remate de bienes productivos. “El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia”, sostuvo.
Las fábricas trabajan sin llegar al punto de equilibrio
La parálisis productiva tiene un efecto directo sobre la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones.
Un importante referente industrial de Santa Fe aseguró que alrededor del 70% de las pymes de la región lleva varios meses sin alcanzar el punto de equilibrio.
Aunque la cadena de pagos todavía no estaría formalmente rota, los plazos se están extendiendo de manera acelerada, con cobros que superan los 120 días. La consecuencia es un fuerte incremento de los costos financieros y mayores dificultades para conseguir cheques y herramientas de crédito.
La situación se vuelve todavía más crítica en algunos segmentos industriales. En el sector textil, por ejemplo, los plazos de cobro llegan a 180 días, lo que obliga a las empresas a cobrar una temporada cuando ya comenzó la siguiente.
“Cobrás a contratemporada: estás cobrando la temporada de verano en el invierno y la del invierno en el verano. No tenés cómo ni siquiera reponer el capital de trabajo”, explicó un empresario del sector.
El problema se agrava con la vuelta de los cheques rechazados. “Clientes históricos te dicen: ‘no deposites el cheque porque te viene para atrás’”, graficó la misma fuente.
De esta manera, las empresas quedan atrapadas en una dinámica perversa: venden menos, cobran cada vez más tarde, pagan costos financieros crecientes y no consiguen recuperar el capital necesario para volver a producir.
ARCA, señalada como uno de los principales problemas
A la caída de las ventas y la crisis de la cadena de pagos se suma otro frente de conflicto: la presión impositiva.
Empresarios industriales describen como “voraz” la política de ejecuciones fiscales impulsada por ARCA. Según un referente santafesino, las empresas pueden enfrentar ejecuciones a los 60 días de mora, incluso en casos de compañías con décadas de trayectoria.
“Hay que recaudar, no importa la situación”, aseguró el dirigente al describir la instrucción que, según afirmó, reciben las delegaciones del organismo tributario.
El reclamo también fue recogido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, sostuvo que las ejecuciones y embargos de ARCA se transformaron en el “problema número uno de las pymes”.
La explicación está en la combinación entre la caída de las ventas y la imposibilidad de sostener las obligaciones tributarias. Cuando las empresas no pueden afrontar los impuestos corrientes o se caen los planes de pago, las deudas se acumulan y pueden terminar en embargos.
Frente a esta situación, CAME reclamó ante los presidentes de bloque del Congreso la incorporación de un capítulo a la Ley de Inocencia Fiscal que permita suspender temporalmente las ejecuciones, además de crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas y una reducción de los intereses devengados.
“Lo mejor del sector son los que peor están”
Dentro de este escenario, el sector textil aparece como uno de los ejemplos más dramáticos del proceso de deterioro industrial.
Un importante dirigente fabril aseguró que la actual avalancha de quiebras constituye un “récord absoluto”, superando ampliamente los niveles registrados durante la pandemia, la crisis de 2001 y la década de 1990.
Pero existe una diferencia central respecto de otras crisis: ahora la destrucción alcanza de lleno al corazón formal de la industria.
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“Lo mejor del sector son los que peor están. El que tiene mejor tecnología, el que tiene más gente capacitada, el que tiene más trayectoria. Todos esos son los que peor están”, alertó el dirigente.
La frase resume uno de los principales temores del empresariado industrial: que la crisis no esté depurando solamente a compañías débiles o poco competitivas, sino que esté destruyendo capacidades productivas acumuladas durante décadas.
Y una fábrica que cierra no implica solamente la pérdida de una empresa. También desaparecen proveedores, trabajadores capacitados, maquinaria, conocimiento industrial y vínculos comerciales que luego resultan muy difíciles de reconstruir.
La industria textil, con más de seis de cada diez máquinas apagadas
Los datos de la Fundación ProTejer permiten dimensionar la magnitud de la crisis.
Durante mayo de 2026, la industria textil operó con más de seis de cada diez máquinas apagadas. La producción se desplomó un 26,2% interanual y el mercado interno, históricamente abastecido en partes similares por bienes nacionales e importados, pasó a estar capturado en un 70% por las importaciones.
El impacto sobre el empleo y las empresas también es contundente.
Según las planillas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y registró una caída del 21% de su plantilla laboral, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor destrucción relativa de empleo.
La combinación de importaciones, caída del consumo, menor producción y costos crecientes deja a las fábricas nacionales en una situación cada vez más difícil.
Proyectan más de 3.000 empresas industriales menos
La velocidad del deterioro también aparece en las proyecciones elaboradas por la consultora I+D.
El economista Diego Coatz señaló que siete de las doce principales cadenas productivas operan con aproximadamente un 40% de capacidad ociosa.
Para el especialista, la industria atraviesa “un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial”.
Las proyecciones de su consultora estiman que 2026 terminará con unas 3.070 empresas industriales menos y una destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
“La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar”, advirtió Coatz.
Un problema que también se explica por la caída del consumo
La crisis fabril tiene otro componente central: el consumo interno.
Un informe de la Fundación Encuentro señaló que durante el primer trimestre de 2026 el ingreso promedio de los hogares argentinos se ubicó en $2.800.000 mensuales netos.
Pero el promedio oculta una profunda desigualdad. El 78% de los hogares percibe ingresos inferiores a esa cifra, mientras que un 21% se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada.
Según el informe, esta concentración de ingresos por debajo del promedio es una de las principales razones por las que el consumo masivo continúa deprimido, pese a la mejora de determinados indicadores macroeconómicos.
La recuperación salarial todavía no habría permitido recomponer el poder de compra previo a la crisis para una amplia mayoría de los hogares, justamente los que concentran una mayor propensión al consumo y de cuyo bolsillo depende buena parte de la recuperación del mercado interno.
“Que te llamen tarado no ayuda mucho”
En este clima terminal, la indignación con la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda también crece entre los industriales, especialmente después de los recientes agravios públicos dirigidos al sector.
“Que te llamen tarado no ayuda mucho, y nos parece una falta de respeto para con millones de personas que viven de la industria”, disparó un directivo fabril.
El empresario aprovechó además para recordar, con ironía estadística, que el actual ministro de Economía, Luis Caputo, acumula, entre su paso por la gestión de Mauricio Macri y la actual, un derrumbe industrial del 23%.
La frase expone el nivel de malestar que existe en parte del empresariado industrial con la política económica del Gobierno.
Mientras el oficialismo reivindica la estabilidad macroeconómica y la recuperación de determinados indicadores, en las fábricas se multiplican las señales de alarma: máquinas apagadas, ventas deprimidas, empresas que no llegan al punto de equilibrio, cadenas de pago cada vez más largas, ejecuciones fiscales y una creciente cantidad de compañías que directamente dejan de operar.
El resultado es un industricidio que, según empresarios del sector, ya supera en profundidad a crisis industriales anteriores, mientras miles de pymes enfrentan una carrera contra el tiempo para evitar convertirse en la próxima empresa en concurso, quiebra o cierre definitivo.