El secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Cattanzaro, exigió “urgentemente la declaración de la emergencia vial”, a raíz de que al menos el 70% de las rutas federales se encuentran en estado regular o malo, y demandó explicaciones al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el destino del dinero recaudado a través de los impuestos a los combustibles líquidos, que estaba destinado a obras de infraestructura vial.
Cattanzaro consideró que es una “inmensidad lo que han retenido del impuesto a los combustibles”, aunque señaló que “entre el 70 y 75 % de la red vial se encuentra en estado regular o malo, algo que nos llena de tristeza porque es un récord histórico negativo en los 94 años de Vialidad”, explicó en declaraciones a C5N, tras haber participado de una audiencia en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expuso sobre el abandono y el desvío de fondos que sufren las rutas nacionales.
Posteriormente, sobre los citados fondos, analizó que “con esos recursos podríamos estar haciendo obras, dado que la red vial nacional está colapsada y necesita urgentemente la declaración de la emergencia vial”.
Si bien valoró que la Justicia interpuso, mediante una cautelar solicitada por el sindicato, un freno a la eliminación del organismo y que el Congreso haya puesto un límite a un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el dirigente informó que “el proceso de vaciamiento claramente continúa y que frente a eso nos encontramos defendiendo y pidiendo que se declaren la emergencia vial”.
Durísimo contra el ministro de Economía
Asimismo, en otra entrevista, cargó contra los funcionarios del Ejecutivo nacional y exigió que “Caputo, el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, y quienes tengan que dar explicaciones las den en el Congreso y si no es en el Congreso, que sea en la Justicia”.
Posteriormente, cruzó a Campoy y mostró su desconfianza porque “es funcionario que promueve el traspaso de su activo a las provincias, la verdad es que muy poco entendible cómo los funcionarios de este gobierno nacional están ahí para destruir los organismos y entregarlos”. “Eso es lo que está pasando y al día de hoy no hay ni una licitación de obra de Vialidad y que probablemente no la haya”, reveló.
Con respecto al proceso de desguace, repasó que “nosotros hemos tenido 1300 bajas con la llegada de esta gestión, donde ya éramos pocos de por sí y que nos costaba mucho entender sobre la situación de las rutas”.
En la misma línea, describió que “éramos aproximadamente 5500 compañeros y compañeras y hoy quedamos menos de 4200, claramente bajó un tercio y también hay que destacar los perfiles de los trabajadores de Vialidad, profesionales, técnicos, laboratoristas, topógrafos, ingenieros, arquitectos, agrónomos, mecánicos, maquinistas, que son perfiles muy específicos, que han costado mucho formarlos y que se corta un trasvasamiento generacional de conocimientos y de experiencias que después cuesta mucho recuperarlo”. “Es parte del plan”, sintetizó.
Abordó la ausencia de labores cotidianas de mantenimiento de los caminos nacionales e indicó que “por no hacer el mantenimiento de rutina, se acumula mucho el agua por las alcantarillas que están tapadas, al taparse eso, se llena los costados de agua y esa agua va filtrando y socavando los terraplenes y lo que hace es que ese tramo de ruta ya no haya que mantenerlo”. “Eso ya hay que rehabilitarlo y te sale entre siete y diez veces más caro que si la hubieses estado manteniendo”, alertó.
Luego, abordó otro ejemplo del abandono: los controles de peso y dimensiones. A propósito, reveló que “tenemos 75 hoy en todo el país y hoy está funcionando más de 20 y que encima no pueden operar 24 por 7 por falta de personal, o porque otras que están rotas y no tenemos los repuestos, o porque se les cayó la homologación del INTI”.
“Correlación directa con los siniestros viales”
También, opinó: “Es una situación compleja la que se va conjugando, pero con la decisión política de abandonar a las rutas. Estamos tratando de encontrarle una solución. Esta decisión es algo nunca visto en la historia de Vialidad”.
Consultado por la incorporación de los camiones bitrenes, respondió que “no nos oponemos que se modernice las normas de tránsito de acuerdo al nuevo parque automotor, ya que el tema de eso es que vos lo tenés que acompañar con una política de desarrollo de tu infraestructura”.
Sobre el supuesto desvío de fondos, mencionó que “el impuesto a los combustibles líquidos desde que asumió este gobierno se aumentó más del 500 por ciento y de golpe comenzó a ser una gran fuente de recursos para Vialidad de los cuales nos deben, al 31 de julio, 1,6 billones, pero tan solo ha llegado un tercio de eso y se nota ya que es tercio que llegó fue para pagar deudas con empresas”. “Ni siquiera esos mínimos recursos que entraron se pusieron las rutas, deudas que ellos generaron al paralizar obras cuando ellos llegaron”, sumó.
“Hay una correlación directa entre los estados de las rutas y los siniestros que ocurren. Si nosotros hemos podido identificar eso, cómo no se va poder invertir en la red, por lo menos en los puntos más críticos, donde hay mayor siniestralidad”, se preguntó y graficó: “Tenemos un 80 por ciento menos en recursos en términos reales si lo comparamos con el año 2023, que ya había sido un presupuesto bastante acotado”.
Y agregó: “Es una política deliberada donde el gobierno dice que apuesta al privado, pero el sistema de concesiones están subvencionado y garantizado con recursos del estado nacional, esto viene de la mano del Ministerio de Economía, que ha llevado al proceso de concesiones y que hoy lejos de ser una solución o una alternativa en el mediano o corto plazo para nuestra red vial nacional, termina siendo un negocio financiero para el grupo de las empresas que pertenecen a la patria contratista”. “El gobierno promueve un negocio financiero”, concluyó.