En una decisión tomada en tiempo récord, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal contradijo el dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta y resolvió que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral debe tramitar en el fuero contencioso administrativo federal.
El fallo, firmado por los jueces Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, llegó apenas horas después de que Cuesta recomendara que el expediente continuara en la Justicia Nacional del Trabajo. La resolución implica un revés para la central obrera, que buscaba sostener allí la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802.
La decisión zanja el conflicto positivo de competencia entre el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, y ordena que el expediente sea remitido a este último.
Un giro frente al dictamen fiscal
El eje del fallo es la aplicación inmediata del artículo 79 de la Ley 27.802, la misma norma cuestionada por la CGT. Ese artículo modificó el régimen de competencia y establece que, cuando el Estado Nacional sea parte en litigios de materia laboral, debe intervenir el fuero contencioso administrativo federal.
Para la Sala IV, esa disposición es de orden público y resulta plenamente operativa. En ese sentido, los camaristas rechazaron el argumento de Cuesta, quien había sostenido que la aplicación de esa norma dependía de la entrada en vigencia de un acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
“No resulta atendible el diferimiento propuesto”, señalaron los jueces, al remarcar que no existe un derecho adquirido a litigar bajo un determinado procedimiento y que el Congreso tiene facultades para modificar la competencia de los tribunales.
Cuestionamientos al trámite y al encuadre del caso
Además de definir la competencia, el fallo incluyó críticas al trámite seguido por el juzgado laboral. Los magistrados consideraron “irregular” el procedimiento adoptado, al entender que el conflicto debió ser elevado directamente a la Cámara Contencioso Administrativa y no a la Cámara del Trabajo.
“El tribunal competente para resolver el conflicto no puede quedar sometido a un procedimiento deformado”, advirtieron.
En paralelo, los jueces se apartaron del criterio del fiscal respecto de la naturaleza del caso. Mientras el dictamen lo encuadraba dentro del derecho del trabajo, la Sala IV sostuvo que la acción promovida por la CGT involucra “cuestiones eminentemente federales”.
Entre otros puntos, mencionaron aspectos vinculados al funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral y la potestad del Congreso para definir la organización y competencia de los tribunales.
El antecedente de la Corte y el impacto del fallo
El tribunal también citó doctrina de la Corte Suprema, en particular el precedente “Rizzo”, para sostener que en la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires no existe un fuero laboral específico, lo que refuerza la intervención del contencioso administrativo en casos donde el Estado es parte.
Asimismo, remarcaron que algunas de las cuestiones planteadas requieren la aplicación de normas y principios del derecho administrativo, lo que justifica apartarse de criterios previos adoptados por la propia Cámara en otros casos, como el análisis del DNU 70/23.
Qué puede pasar ahora
A pesar del fallo, el recorrido judicial todavía no está completamente cerrado. Si la Cámara Nacional del Trabajo decidiera mantener la causa en su fuero, será la Corte Suprema de Justicia la que deba dirimir la competencia.
El tribunal laboral que debe definir los próximos pasos es el mismo que días atrás suspendió la cautelar que impedía la aplicación de la ley. Sus integrantes fueron recusados por la CGT y ahora enfrentan dos caminos posibles: sostener el expediente en el fuero laboral —lo que trasladaría la definición final a la Corte— o ceder la competencia al fuero contencioso administrativo.
En caso de que el conflicto llegue al máximo tribunal, se espera una resolución rápida sobre la cuestión de competencia, sin que los jueces deban expedirse sobre el fondo del asunto ni sobre la cautelar, que actualmente se encuentra desactivada.
Un escenario que complica a la CGT
Con este escenario, la CGT enfrenta un nuevo obstáculo en su estrategia judicial para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. No solo se redefine el fuero que intervendrá en la causa, sino que también se abre una etapa clave que puede condicionar el futuro del expediente.
El fallo, firmado por Vincenti y Duffy —con la ausencia del juez Jorge Eduardo Morán por licencia—, deja ahora en manos del fuero contencioso administrativo una definición central sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.