El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió días atrás al Gobierno bonaerense y a varios ministerios de esa jurisdicción correos electrónicos y agendas de 2017 de la exgobernadora Vidal y ex funcionarios en el expediente que investiga la mesa judicial que buscaba armar causas contra dirigentes sindicales.
La información que surge de la agenda del ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, podría convertirse en una prueba clave en la causa penal en la que se investiga la persecución a sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Según revelaron fuentes con acceso a la investigación, el 5 de mayo se habría agendado una reunión con el legislador del macrismo Juan Pablo Allan, el exjefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo, el ministro de justicia Gustavo Ferrari, y el diputado Mosca. “Tema: UOCRA La Plata. Bapro, piso 19”.
En la agenda constaría mucho más que el registro de la reunión que se llevó a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia y que fue filmada y en la que se habló de la “Gestapo” para controlar a los gremialistas.
Otra reunión habría sido agendada para el 12 de mayo, en la que está anotado además Roberto Gigante, el exministro de Innfraestructura y otra para el 26 del mismo mes. En abril de ese año fue agendada una reunión con el legislador de Juntos por el Cambio en el que el tema sería la UOCRA La Plata.
Otras de las reuniones clave que habría sido agendada fue una del 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada, en la que están anotados desde el propio Mauricio Macri, el extitular de la AFI Gustavo Arribas, y figuran además los apellidos Dietrich, Bullrich y Frigerio.
Villegas es uno de los imputados del caso, y había sido citado por la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia para dar explicaciones, tras la declaración del Procurador de la Provincia Julio Conte Grand.
En un mail dirigido al presidente de la Comisión Bicameral, el abogado de Villegas, Marcelo Rocchetti explicó que el exfuncionario no asistirá al Congreso ya que con sus dichos podría autoincriminarse en la causa penal.
En la investigación están los mails que dan cuenta de que el pedido para el uso del salón del séptimo piso del edificio del Bapro, en San Martín 137, para la reunión del 15 de junio, fue hecho por la secretaria privada del extitular de la entidad Juan Curutchet, y avisaba que iba "gente de la gobernación". El primero fue enviado el 14 de junio, para disponer del lugar ese mismo día y el posterior.