Tras los anuncios de los despidos de 1.400 trabajadores de la salud que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno y UPCN acordaron una mesa de diálogo para discutir la situación. Durante el encuentro que duró casi tres horas, funcionarios y representantes del sindicato convinieron iniciar conversaciones a partir del lunes próximo sobre el organigrama del ministerio en general, y a partir del jueves, sobre la cartera de empleados del Hospital Bonaparte en particular.
Durante lo que el proceso dure, no habrá medidas de fuerza por parte de los trabajadores ni se enviarán telegramas al personal al que en principio no se le renovaría la contratación: “No nos oponemos a la reestructuración, pero sí al vaciamiento para despedir", expresaron desde el gremio.
Según La Nación, hasta el momento se enviaron unos 320 telegramas a personal con contratos de renovación trimestral en los hospitales Laura Bonaparte (ex Cenareso), ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, y Baldomero Sommer, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. En el Bonaparte son unos 200 contratos suspendidos y, otros 122, en el Sommer.
En este sentido, también informaron que tras solicitar desde el ministerio 56 bajas en el plantel del Instituto Nacional del Cáncer (INC) –primero habrían sido unas 30–, presentó ayer su renuncia la directora de ese organismo, Verónica Pesce. En el Hospital Posadas, hasta ayer no habrían llegado telegramas.
Estado de alerta
Desde el momento en el que se hizo pública la noticia, diferentes sindicatos se declararon en estado de alerta. Desde el gremio que nuclea a empleados de la Administración Pública Nacional (APN), solicitaron una reunión de carácter urgente con el ministro Mario Lugones. Según se pudo saber, el carácter de la reunión de la semana que viene va a girar en torno a la revisión de los contratos "uno por uno".
Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, expresó que se trata de contratos con actualización trimestral de personal que, administrativamente, se consideran transitorios, pero que “se renovaban todos los años y en blanco, con aportes sociales y cobertura”.
En el Bonaparte, de acuerdo con la información aportada por la Unión del Personal Civil de la Nación, entre los 200 contratados que recibieron el telegrama hay profesionales que habían rendido y aprobado el examen de idoneidad exigido por el Gobierno como requisito para trabajar en la APN. De pasarlo, según explicó Gueren, el Estado garantizaba un año de continuidad laboral. Es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.
“No nos oponemos a reordenar el funcionamiento de los organismos o la reestructuración de la que hablan las autoridades para brindar mejores servicios a la comunidad. Pero no a vaciarlos con la excusa de los despidos: en el Bonaparte, echaron a casi el 50% del personal –manifestó Gueren–. "Si hoy se abre una mesa de diálogo que permita que las autoridades de Salud entiendan que se extralimitaron y se pueda revisar la situación de los 1.400 contratos que no renovarán, caso por caso, y el cierre de áreas clave, no habrá conflicto. De lo contrario, tomaremos las medidas directas que nos competen como gremio.”, concluyó.
Desde UPCN demandan “una revisión integral de esta medida que está afectando directamente al personal que brinda servicios a la población”. Lo “grave” de la decisión oficial, para Gueren, es “que no hay criterios objetivos ni lógicos” para los telegramas que se están enviando. Y puso como ejemplo algunos destinatarios en el Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.
Según explicó, separaron “a todos los médicos del fin de semana y es un hospital que tiene pacientes internados judicializados. En el área de administración, despidieron a los tres liquidadores de sueldos y, en el área de servicios jurídicos, les llegó el telegrama a todos, excepto al jefe. Algunos de ellos habían aprobado el examen de idoneidad para la APN”, expresó el gremialista. “Hay que sincerar si quieren o no mantener el hospital operativo”, dijo.
En octubre pasado, el Ministerio de Salud ratificó en conferencia de prensa que se había acordado con representantes gremiales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “asegurar la prestación de servicios” y que una comisión, como había dado cuenta que empezaría a “trabajar en un plan, que avanzará de acuerdo con un cronograma” a definir por ese grupo de trabajo.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también pidieron una reunión con Lugones y aguardaban respuesta. “Tenemos absoluta preocupación por lo que está pasando en los organismos que dependen de Salud”, manifestó Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y delegado general de ATE Salud. En los pisos del edificio sobre la avenida 9 de Julio donde funciona el ministerio tampoco habían llegado telegramas.